Los planes de desestabilización contra Venezuela han sido sistemáticos a lo largo de más de dos décadas y abarcan acciones de grupos irregulares en la zona fronteriza y de delincuentes con prácticas, metodología y personal paramilitar en Caracas y otras ciudades, advirtió Miguel Ángel Pérez Pirela, tras analizar los recientes acontecimientos en Apure y en la ciudad capital.
“Hoy queremos hacer una interpretación de cosas muy raras que están pasando en la República Bolivariana de Venezuela. Fenómenos violentos a los que hemos dedicado ya varios programas, como el paramilitarismo colombiano, la disidencia guerrillera colombiana y el narcotráfico colombiano, manifestaciones de diverso signo pero que, en todo caso, se trata de hombres en armas colombianos que pasan a territorio de Venezuela, mientras bandas delictivas comienzan a ejecutar acciones fuera de lo habitual. La cosa comienza a oler mal”, dijo el conductor del programa Desde Donde Sea.
Se propuso, entonces, abrir un compás de reflexión e investigación. “Estos hechos, estos eventos desestabilizadores y violentos en Venezuela, vistos desde ahora y hacia atrás, hacen pensar en un cursus, en un camino de violencia, en un proceso de desestabilización”.
La polémica más reciente
Comenzó por lo más reciente: las declaraciones del director nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), comisario Douglas Rico, sobre la emboscada sufrida la semana pasada por efectivos de ese organismo fueron en una autopista de la ciudad por grupos armados que hacen vida en los sectores de la Cota 905 y El Cementerio.
Rico dijo que “en estos momentos se está haciendo un estudio de alto nivel para ir primero a las conversaciones, para que estas personas depongan la actitud hostil que han mantenido en Caracas. Está en este momento un proceso de conversación con esta organización criminal que está allí instalada, para que en principio detengan su actitud y entreguen las armas”.
“Les hago una pregunta: ¿Creen ustedes que la actitud adecuada es abrir un compás de conversación?”, interrogó Pérez Pirela a su audiencia.
Explicó Rico que de momento no van a realizar operativos para no poner en riesgo las vidas de sus funcionarios, pero tienen identificados a la mayoría de los miembros de las bandas que operan en la zona en cuestión, entre ellas las de “El Coqui”, “Vampi” y “Garbis”, y reiteró que el gobierno nacional considera que el diálogo es la forma de llegar a los objetivos en sana paz.
“Aquí no hay electrones libres. Ningún director o funcionario de un organismo de seguridad ciudadana, policial puede realizar acciones sin la debida autorización”, dijo el comisario.
A quienes critican la actitud del CICPC, Rico dijo que sus funcionarios saben de estrategia policial y pueden determinar cuál es el momento en que deben actuar. Añadió que en la emboscada solo hubo funcionarios heridos. Gracias a que ninguno falleció se puede trabajar en la preservación de la paz en la capital y en el país.
Para poner el tema en contexto, Pérez Pirela apeló a otras polémicas declaraciones. “Este no es un suceso aislado y tiene mucho que ver con los recientes sucesos de Apure. Lo sabemos gracias al prófugo excomisario de la Policía Metropolitana Iván Simonovis, quien develó el plan. Este hombre, que es una especie de ministro del Interior del gobierno de Narnia, el del exdiputado Guaidó, confesó que los hechos terroristas en Apure, donde murieron militares venezolanos y la reciente violencia desatada en la Cota 905 en Caracas, ‘no son casualidad y obedecen a un mismo plan’ para colapsar al país. Este cómplice del seudoparapresidente dijo que ‘el denominador común entre los eventos de Apure de hace un mes y los acontecidos hoy en la Cota 905, se llama caos’”, reseñó el moderador.
Prosiguió con las palabras de Simonovis: “El caos no es más que una guerra híbrida cuyo objetivo final es lograr la disfuncionalidad del país, hasta lograr que todo colapse. Nada de esto es casual. Todo obedece a un plan bien estructurado de hace varios años y que cuenta con un apoyo multipolar”.
“A confesión de parte, relevo de pruebas. ¿Cuál será el plan del que habla? ¿Será que una cadena de incidentes en la frontera y en barriadas de Caracas desemboquen en una situación de derechos humanos que justifique cualquier tipo de intervención? –se preguntó-. Lo cierto es que estas bandas de delincuentes de Caracas ya no es que están robando y atracando, lo que siempre han hecho, sino tomando sedes policiales, atacando a funcionarios policiales y militares. Están provocando”.
Recuento histórico de la caotización
Con el fin de entender esta serie de hechos hay que hacer un recuento histórico de las conspiraciones para generar escenarios guerreristas, sangrientos, de caotización, expresó Pérez Pirela y procedió a mostrar algunos de los antecedentes de la situación presente.
2018. A comienzos de agosto, una detonación con drones evidenció la decisión de asesinar al presidente Nicolás Maduro, durante un acto del aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. No solo hubiesen asesinado al presidente, pues allí se encontraba casi todo el gabinete ejecutivo, el alto mando militar y las cabezas de los otros Poderes Públicos.
“Fue un intento de eliminar a toda la representación del Estado venezolano. ¿Acaso eso no hubiese llevado inevitablemente a una guerra civil en Venezuela? Yo creo que sí”, comentó.
Los anillos de seguridad funcionaron apropiadamente, aunque siete funcionarios resultaron heridos de gravedad. El presidente Maduro no escatimó en asegurar que el atentado contó con el beneplácito del exasesor de Seguridad de la Casa Blanca, John Bolton y de quien en ese momento era aún presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, así como del exdiputado Julio Borges.
Cinco meses después, el ministro de Interior, Justicia y Paz de ese momento, Néstor Reverol, anunció la detención de cinco sicarios que habrían sido contratados por la oposición extremista para cometer asesinatos selectivos en Caracas. Uno de los detenidos, Miguel Ambrosio Palacios Salcedo, dijo que había sido captado por militares desertores venezolanos.
2019. A menos de un año del magnicidio frustrado, el 30 de abril, hubo otro hecho fundamental: un grupo de extremistas intentaron tomar la base militar La Carlota, al este de Caracas. En este proyecto de golpe, Raúl Baduel, detenido desde 2009, iba a ser proclamado presidente ante los canales de televisión, según las denuncias avanzadas. Se planeó el bombardeo de Miraflores y el asesinato del presidente Maduro. En esto trabajaron personas vinculadas al fallecido expiloto del CICPC Oscar Pérez, funcionarios de Colombia y de la Agencia Central de Inteligencia de EEUU.
En agosto de 2019, Maduro acusó a Álvaro Uribe Vélez de forjar un plan para asesinarlo a él y a otros integrantes de su gobierno con el apoyo de 32 mercenarios. La denuncia se presentó tras la captura de siete paramilitares colombianos en la frontera, a quienes se les incautó armas de fuego, municiones, vehículos y aparatos de comunicación.
“En mi libro La invasión paramilitar, el caso Daktari, con mi maestro Luis Britto García, describimos la captura de 100 paramilitares en las afueras de Caracas, enviados por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Los archivos secretos a los que tuvimos acceso son aterradores. Planeaban decapitar al presidente Chávez para presentar la cabeza con un tabaco. A los que quisieron desertar, los ejecutaron y enterraron en la misma finca. Cosas horribles y espeluznantes a las cuales están más acostumbrados, desgraciadamente, los colombianos debido a su guerra civil. En un acto de humanidad, discutible, por cierto, Chávez devolvió a los paramilitares a Uribe, pero eso, obviamente, no acabó con los planes de desestabilización. En pleno 2021 seguimos en lo mismo”.
2020. Un año después del intento de golpe de Estado, se produjo la fallida invasión de Macuto, conocida como Operación Gedeón. El militar desertor Clíver Alcalá Cordones fue protegido por el gobierno de Iván Duque y se ha demostrado que fue parte medular y garante del funcionamiento de campamentos de entrenamiento de mercenarios y paramilitares en territorio colombiano.
En muchos de estos actos desestabilizadores han aparecido los nombres de los diplomáticos estadounidenses Roger Noriega y Otto Reich, el del asesor político venezolano JJ Rendón, el de Uribe Vélez, y al menos dos bandas paramilitares: la de José María “Chepe” Barrera y Los Rastrojos.
“Recordemos que Los Rastrojos tuvo a su cargo el traslado de Guaidó a Cúcuta en febrero de 2019, para que luego fuera llevado al palacio de Nariño en Bogotá. Hay una especie de puente entre grupos descuartizadores de gente y el gobierno colombiano. Los Rastrojos se constituyó tras la desaparición del cartel del Norte del Valle, en 2002, y se fortaleció con el reclutamiento de paramilitares desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia”, precisó.
Pérez Pirela subrayó que todas estas situaciones han sido reiteradamente denunciadas por el gobierno nacional. Siendo ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez alertó, en varias oportunidades, sobre planes de asesinatos selectivos de miembros del gobierno bolivariano para generar violencia en el país, mientras la Cancillería ha denunciado ante la ONU hasta el hartazgo, las acciones planificadas desde Colombia contra Venezuela. “Lo he dicho muchas veces en este programa: por mucho menos de esto que ha hecho Colombia se habría dado una guerra en cualquier parte del mundo. Es muy sombrío todo lo que está detrás de estos planes contra Venezuela”.
El rol de los medios de comunicación
En su análisis, el presentador de Desde Donde Sea destacó el rol que han tenido los medios de comunicación social en todos estos planes e, incluso, en otras tentativas, previas a las reseñadas.
“Desde 2002, año del golpe de Estado y el paro petrolero se hizo más evidente el rol de los medios de comunicación privados, señalados como instigadores de estos planes contra el gobierno bolivariano. CNN sigue siendo una de las principales promotoras de la intervención internacional contra la República Bolivariana de Venezuela”, enfatizó.
Rememoró que en 2002, en tiempos en los que aún no se habían desarrollado las redes sociales, había 650 televisoras en América Latina ametrallando imágenes contra Venezuela a millones de espectadores.
“Antes de la vigencia de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, unos 15 propietarios controlaban todas las televisoras de Venezuela. Durante varias décadas, la televisión nacional fue un oligopolio de dos familias: Cisneros, que tenía Venevisión y el grupo Bottome-Granier, que dominaba RCTV y Radio Caracas Radio. Aún hoy, muchas de esos grupos siguen siendo propietarios de medios, agencias de publicidad y relaciones públicas que operan en estrecha vinculación con consorcios disqueros y otras industrias culturales que en casi todos los casos son financiados por el gobierno de EEUU y gobiernos europeos, a veces transfigurados en ONG. Estas plataformas comunicacionales siguen actuando, expresándose en los términos que les da la gana, siguen operando como actores políticos, no se consideran obligados a ser imparciales ni veraces y designan dirigencias políticas e inducen a metas y planes que van contra la Constitución Nacional, instigan a la discriminación étnica y a la violencia política”.
Nadie asume responsabilidades
Otro aspecto notable de estos planes sistemáticos que durante dos décadas ha desarrollado la oposición es la ausencia de líderes que asuman la responsabilidad.
“Los dirigentes parecen tener dos posturas: desestimar y burlarse cuando los planes son desmantelados previamente, como ocurrió con la Operación Gedeón, en mayo de 2020; o tratar de apoderarse del crédito las pocas veces que una de esas maniobras de caos ha logrado sus objetivos, como ocurrió en los primeros días de las guarimbas de 2004, 2014 y 2017, en las que Leopoldo López estuvo detrás de todo. Después de que esos actos terroristas fueron derrotados, los títeres de López no hablan del tema, lo niegan. Nadie se hace responsable. –puntualizó- En el caso Daktari, trataron de burlarse, de desestimar. A los más de cien paramilitares los llamaron los ‘paracachitos’, porque les llevaban desayuno de una panadería famosa del este de Caracas. Dirigentes como Capriles Radonski siempre han tildado estas denuncias como cortinas de humo, pero a diferencia de las acusaciones de EEUU contra Venezuela, las del gobierno en tono a estos planes siempre vienen acompañadas con pruebas”.
“Negaron el intento de magnicidio hasta que sus fautores terminaron por confesar los hechos ante CNN. Casi que estamos obligados a esperar hasta que un medio de comunicación internacional termine por publicar lo ocurrido meses después para que algunos admitan que los hechos ocurrieron”, añadió.
“En cuanto a la Operación Gedeón, se estrenó una tercera y patética postura: las desesperadas maniobras de actores opositores como Patricia Poleo y Henry Ramos Allup por desvincularse de unos hechos que los hundían hasta el cuello por traición a la Patria. Nadie sabía lo que sabía. Hasta la Administración Trump asumió esa conducta, cuando este dijo que si deseara invadir a Venezuela no se ocultaría”.
Abundó en detalles de este caso, al señalar que el fiscal general, Tarek William Saab, informó sobre la captura de Luke Alexander Denman y Airan Berry, dos oficiales retirados estadounidenses quienes dieron información sobre el contrato suscrito por Juan Guaidó con la empresa mercenaria Silvercop, que contemplaba una destrucción a lo grande, incluyendo la violación de la soberanía territorial con la participación de otros países de Latinoamérica.
El plan de caotización de Venezuela nunca se ha circunscrito a una localidad de Caracas o un estado del país. Sus promotores saben que en caso de cristalizar, convulsionará a toda la región.
“La complicidad de otros gobiernos era tal, que a estos mercenarios se les concedía el derecho a derribar aviones venezolanos en espacios internacionales. Colombia y Brasil no podrían impedir que los mercenarios persiguieran a venezolanos en sus territorios, aunque eso podría poner en peligro a sus propios ciudadanos –prosiguió-. Se acababa con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y se les otorgaba la jurisdicción a los mercenarios para hacer lo que les diera la gana. Guaidó sigue negando que lo haya firmado, pero Silvercop está actuando judicialmente en EEUU, reclamando su pago”.
Conclusiones
Pérez Pirela presentó algunas conclusiones de la investigación realizada:
Sistematicidad de los planes. Venezuela ha sido víctima durante más de veinte años, de forma continuada, de toda clase de intentos de desestabilización, incluyendo tentativas de golpe de Estado, magnicidios fallidos, invasiones fracasadas y terrorismo callejero. Entre esos episodios de desestabilización transcurren siempre tiempos muy cortos. Como ejemplo recordó el blackout eléctrico luego del intento de invasión por Cúcuta y poco antes del golpe de los plátanos verdes.
Apoyo extranjero. Todas estas acciones han tenido el respaldo irrestricto del gobierno de EEUU y de países de la Unión Europea a dichas iniciativas.
Negación de responsabilidad. Una constante ha sido que la oposición extremista se niegue a asumir sus responsabilidades, lo que ha causado, en parte, la decepción de amplios sectores de su militancia ante esa dirigencia política.
Impunidad. Una reflexión derivada del estudio de este tema es la incidencia que tiene la falta de castigo en esta continuidad de intentos de desestabilizar. “¿Es posible tanta impunidad en Venezuela? –se preguntó-. Lo propio de los poderes Ejecutivo y Judicial no es la denuncia. Un ciudadano puede denunciar, pero al Estado le corresponde la acción. Cuando una de las cabezas del Poder Público se limita a denuncias está reconociendo su incapacidad o imposibilidad de aplicar la ley”.
Presencia colombiana. Salta a la vista la continuidad y sistematicidad del gobierno colombiano en estos planes, desde el período de Uribe Vélez hasta el actual de Duque. La oligarquía colombiana participa siempre en planes desestabilizadores contra el pueblo venezolano.
Finalizó sus conclusiones señalando que los grupos armados colombianos, sean estos guerrilleros o de derecha, deben ser calificados igualmente como paramilitares, pues se trata de ciudadanos colombianos en armas que pasan al territorio venezolano para desestabilizar y hacerle el juego a los intereses del gobierno colombiano, que en última instancia son los de Washington, porque es EEUU quien decide, tristemente, qué se hace y qué no se hace en la República de Colombia.
Interacción
En los minutos de diálogo con la audiencia, el usuario Fernando López se refirió a la información de que habrían sido detenidos en una trocha en Ureña los militares retirados Ovidio Pogglioli y Jorge Zedan Abudey, quienes venían de EEUU y estarían vinculados a las acciones de la frontera.
Otro participante destacó que la situación de la Cota 905 no es nueva, tiene ya unos seis años, desde que ese sector se decretó como Zona de Paz.
Varios de los comentaristas advirtieron que si el gobierno actúa en estos sectores populares para detener o eliminar a los delincuentes, lloverán imágenes alegando que el Estado viola los derechos humanos.
“Es verdad, hay una especie de chantaje según el cual el Estado no puede defenderse de los delincuentes o paramilitares. Es el mismo chantaje de muchos seudolíderes que han matado gente, propiciado actos terroristas y se han robado miles de millones de dólares y no se les puede tocar ni con el pétalo de una rosa porque si se les procesa nos llaman dictadura. Debemos deslastrarnos de ese chantaje. Con aplicar la ley tenemos suficiente, y la ley debe aplicarse sin chantajes”, recalcó Pérez Pirela.
Insistió en lo que ha planteado en varios de sus libros, artículos y en programas anteriores, en el sentido de que en Venezuela se han venido implantando prácticas, metodologías y personal paramilitar colombiano. “Siempre he dicho que todo aquel territorio donde Venezuela no ejerza su ley y use sus armas, es territorio que se está dejando en manos del paramilitarismo colombiano, con el nombre que se le quiera poner. En un Estado soberano pueden existir manchas de no soberanía que deben ser neutralizadas porque por ahí se va la Patria”.
“La primera soberanía, en la filosofía moderna, es nuestro cuerpo (según filósofos como Bodin o Hobbes) por eso cuando nos quieren tocar, nos defendemos. Si no defendemos nuestra soberanía corporaral, nos violan de todas las formas posibles. Lo mismo pasa con un Estado. La idea de Estado requiere que tenga unas fronteras definidas, unas armas para defender el territorio (la violencia legítima que plantea Weber) y una cabeza única. Cuando se cede un tilín, comienza a desmembrarse el país y ese es el proyecto de EEUU y de la UE para toda la región latinoamericana. Se trata de fragmentar los Estados. Ya lo hicieron al convertirnos en microestados después de la Independencia, pero ahora viene una nueva fragmentación, que es la de los Estados mismos, como la Media Luna de Bolivia o el separatismo de Zulia y los estados andinos. Se trabaja para la desestructuración de los Estados para aplicar el divide y vencerás. Así esperan tener acceso a los recursos naturales sin tener que enfrentar a unas fuerzas armadas capaces de defenderse. Mientras tanto, en EEUU se hacen inversiones colosales en armas para que su Estado sea cada vez más fuerte. Se vende a los países del sur la noción de que el nacionalismo está pasado de moda, que hay que ser ciudadano del mundo, pero para el norte se mantienen los estados-nación muy fuertes”, remarcó.
Un participante acotó que una guerra sería la salvación para el uribismo por lo que es previsible que intenten cualquier falso positivo, sobre todo a partir del inicio del paro que se ha organizado contra la reforma tributaria y por el desastroso manejo de la pandemia.
(LaIguana.TV)
