A propósito de la rueda de prensa que ofreciera el pasado sábado el fiscal general de la República, Tarek William Saab, en la que informó sobre las acciones adelantadas por el Ministerio Público (MP) para sancionar violaciones a los derechos humanos en el país –que implicaron, en algunos casos, la revisión de todo el proceso judicial–, el exdiputado Juan Guaidó acusó –sin pruebas– al Gobierno venezolano de mentir, de ser «torturadores» y «asesinos», así como de cometer «crímenes de lesa humanidad». 

«Buscan exculparse unos y señalar a otros en busca de impunidad. Seguiremos luchando por lograr justicia para los venezolanos», añadió el exparlamentario, quien acompañó su trino de un video con la reacción de los padres de Juan Pablo Pernalete, joven asesinado en las guarimbas de Altamira por el golpe de una lacrimógena en el pecho, a las declaraciones del Fiscal. 

La señora arguye, que «hubo un cambio en la versión de la Fiscalía (…) para garantizar la impunidad de la cadena de mando». De su lado, Saab indicó que luego de la revisión del caso, se logró la imputación de 12 funcionarios por la presunta comisión de «homicidio preterintencional en grado de complicidad». 

El MP también solicitó la revisión de los procesos judiciales asociados a los decesos del concejal Fernando Albán, el capitán Rafael Acosta Arévalo y el ajusticiamiento de cinco personas en el barrio El Limón (La Guaira). En todos, se consiguió la imputación de los presuntos responsables por la comisión de delitos más graves que por los que inicialmente serían juzgados.  

El desconocimiento de Guaidó a las acciones concretas que ha realizado el Estado venezolano para sancionar violaciones a los derechos humanos y el posicionamiento de una narrativa según la cual el Gobierno del presidente Nicolás Maduro comete crímenes de lesa humanidad, forma parte de la estrategia sediciosa con la que el sector político del que forma parte pretende hacerse con el poder. 

Así, en su afán de conseguir la implementación de la doctrina Responsabilidad de Proteger (R2P) –que implica la invasión armada del país por parte de una «coalición internacional»–, este grupo, en colaboración con el Gobierno estadounidense, algunos países de la región supeditados a Washington y algunos miembros de la Unión Europea, ha presentado informes fraudulentos ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y ha pretendido interponer una demanda contra las autoridades de Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya. 

(LaIguana.TV)

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