El paro de actividades convocado para el 28 de abril contra la reforma tributaria del presidente Iván Duque (de ultraderecha, aliado de Álvaro Uribe) fue la espita que desató oleadas de indignación en toda Colombia, en las grandes y en las pequeñas ciudades, en las áreas rurales y en las urbanas, entre los sectores populares y las clases medias.

El mismo 28 las marchas fueron gigantes, pero lo que nadie esperaba es que continuaran y crecieran en los cuatro días siguientes, para completar cinco días de movilizaciones masivas, protagonizadas por jóvenes que no han padecido la guerra de cinco décadas y trascienden la polarización social.

Pero fue la brutal represión desencadenada por el Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD), lo que transformó la indignación en rabia y furia incontenibles. Si la reforma impositiva es impopular, los muertos, los cientos de heridos y golpeados por la policía colmaron la paciencia de los colombianos.

Finalmente, el domingo 2 de mayo sobre las 15:00, el presidente debió dar marcha atrás y retirar la reforma del Parlamento, aunque está negociando para hacerle retoques que no modifiquen lo central.

Lo que busca el presidente Duque es recaudar 6.400 millones de dólares aumentando impuestos que, inevitablemente, afectan el bolsillo de los trabajadores y las capas medias. Las medidas más criticadas son gravar con IVA del 19% los servicios públicos, los funerales y las pensiones, implementar peajes dentro de las ciudades y llevar al 43% el porcentaje de los productos de la canasta básica familiar que pagan IVA.

En días previos al paro y durante su desarrollo, el Gobierno fue retrocediendo al retirar algunos artículos de la reforma impositiva y no tocar los productos de la canasta básica. Fueron pequeñas concesiones ante la magnitud de un levantamiento popular que empezaba a acorralar al Gobierno, pese a una represión que provocó por lo menos 10 muertos y cientos de heridos, con especial saña en la ciudad de Cali.

Los organismos de derechos humanos denunciaron torturas policiales y la violación de una joven detenida. Por momentos, la represión representó una ola de terror contra los jóvenes que en ningún momento se desesperaron ni retrocedieron. Como suele suceder, la policía infiltró delincuentes en las marchas para saquear e incendiar, y justificar la represión.

El pueblo colombiano mostró en estas jornadas los muchos rechazos acumulados en los años transcurridos desde los acuerdos de paz firmados en 2016, entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, que fueron recibidos con esperanza por una sociedad cansada de guerra.

Sin embargo, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó a febrero de este año el asesinato de 1.140 líderes sociales desde 2016, por grupos armados ilegales que para muchos observadores cuentan con la protección del Gobierno y de las fuerzas armadas y policiales. La violencia ha erosionado la gobernabilidad, cuando todos los sectores de la sociedad pueden contemplar la impunidad de los asesinos que siempre atacan a las organizaciones sociales.

Con la reforma tributaria confluyen otras ofensas que viene sufriendo la sociedad. Un comunicado del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la organización social con mayor legitimidad y capacidad de movilización, se felicita por la retirada de la reforma tributaria, pero destaca que «aún nos queda la reforma a la salud, la reforma a las pensiones, las postergadas medidas que debieron dar continuidad a los acuerdos de paz, y el respeto a la consulta previa», como establece el Convenio 169 de la OIT.

En efecto, el Gobierno tiene en cartera un conjunto de reformas regresivas que agreden las economías populares, fuertemente degradadas luego de un año de pandemia mal manejada. Además de ser uno de los países más afectados por el COVID-19, aún no ha conseguido vacunar al 10% de los colombianos, mientras la ocupación de las unidades de cuidados intensivos de las principales ciudades supera el 90%.

Horas antes de que Duque anunciara la movilización de las fuerzas armadas, el expresidente Álvaro Uribe había tuiteado: «Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”. El escándalo fue mayor, lo que llevó a Twitter a eliminar el mensaje de Uribe por «la glorificación de la violencia».

Cuando el 1 de mayo el presidente Duque anunció la «asistencia militar» de las fuerzas armadas en apoyo de la Policía, a menudo desbordada durante el levantamiento popular, no se sabía qué sucedería al día siguiente ya que fueron decretados estados de excepción desde las 13:00 en varias ciudades. Sin embargo, los jóvenes desobedecieron y volvieron en masa a las calles.

También fue muy significativo que los alcaldes de Bogotá, Cali y Medellín rechazaran la decisión de Duque de militarizar las calles. «No se requiere, ni he solicitado, ninguna militarización», dijo la bogotana Claudia López. «Hoy más que militarizar la sociedad necesitamos retirar la reforma tributaria», dijo el alcalde de Cali, Daniel Quintero.

Las tres ciudades que fueron el epicentro de una protesta que llegó a los rincones más remotos, suman 20 millones de habitantes, casi el 40% de la población del país. El rechazo ha sido tan macizo, que el presidente debió dar marcha atrás.

Uno de los periódicos de izquierda explica que no tenía otra salida, ya que «a pesar de la ola de terror, la ira popular seguía en aumento, encabezada por un mar de juventud, una generación de relevo que desconfía profundamente de una institucionalidad creadora y soporte del paramilitarismo. Una Colombia otra es su sueño y aquí tienen su primer triunfo, que no es menor».

Aunque la crisis está lejos de haberse cerrado, y todo dependerá de la actitud que tomen los jóvenes que pueden seguir en las calles o replegarse momentáneamente, hay pocas dudas de que el uribismo —corriente política en torno a Uribe que rechaza los acuerdos de paz y forma parte de la ultraderecha regional— quedó mal parado. Puede recomponerse, pero no le será nada sencillo.

Colombia está ante un momento histórico que puede cambiar su futuro y la vida de las mayorías populares. Hace 73 años se vivió una situación similar, cuando el líder liberal Jorge Eliécer Gaitán tenía serias posibilidades de hacerse con la presidencia. Fue asesinado un 9 de abril de 1948, dando comienzo a una guerra civil denominada La Violencia, cuyas consecuencias se arrastran hasta hoy.

De lo que se trata es de cambios profundos, algo que las elites no están dispuestas a aceptar. Como dice el movimiento indígena: «Tenemos que apuntarle a un cambio estructural del país». Un tipo de cambios como nunca existió en Colombia. Ahí reside el núcleo del problema y la enorme dificultad a superar.

(Sputnik)

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