La violencia de Estado en Colombia no es en absoluto un fenómeno nuevo. Tiene, por lo corto, unos 70 años y siempre ha sido silenciada por la oligarquía y sus aliados extranjeros. La única diferencia con los hechos actuales es que han llegado a tales niveles de descaro, que el país ha comenzado a estar bajo el foco internacional.  

La conjunción de los factores que han generado el actual estallido social y la respuesta represiva del gobierno son los ingredientes de un coctel que puede conducir a una guerra civil ya abierta en la nación suramericana. 

Este es el resultado de una investigación sobre las masacres y la violencia desatada del Estado y el paraestado colombiano, vista en contexto histórico, realizada por el programa Desde Donde Sea, del filósofo y comunicador venezolano Miguel Ángel Pérez Pirela. 

La revisión cronológica partió del momento presente, cuando ya no solo los cuerpos de seguridad, sino también supuestos “ciudadanos” a los que la maquinaria mediática colombiana llama “civiles”, aparecen disparando contra manifestantes. “Son los paramilitares, esos ejércitos creados por Álvaro Uribe Vélez y otros políticos de su calaña. Tienen décadas haciendo lo que no quieren que haga el ejército regular”.  

El del jueves 06 de mayo fue el tercer programa consecutivo centrado en Colombia, una respuesta al silencio de los medios convencionales, que por ser propiedad o aliados de la oligarquía neogranadina, no están informando sobre esto. 

70 años, por lo corto

La premisa de partida de la investigación es que la violencia sistemática del Estado y el paraestado colombiano en contra de su pueblo no se inició con la represión de las manifestaciones que detonaron la semana pasada en contra de la reforma tributaria. “Tiene por lo corto 70 años, pero podemos hablar de una violencia desde el mismísimo siglo XVIII –aseguró-. Ahora es cuando se le ha puesto el foco internacional porque ha llegado a tales niveles de descaro que, hasta la misma Organización de Estados Americanos, el gobierno de EEUU, la Unión Europea, la comisionada Michelle Bachelet y miembros del show business tuvieron que pronunciarse en contra. Lo hicieron de forma tibia y retrasada, pero no les quedó más salida que hacerlo”. 

Precisó que incluso con un vistazo general de la historia se observa que Colombia es, desde tiempos muy remotos, un país con récord en masacres que han sido acalladas por medios de comunicación y organismos internacionales. “La economía colombiana no se sostiene sin los negocios ilegales del narcotráfico. Es un país donde los desaparecidos son moneda corriente, algo de la cotidianidad. Esto no es nuevo, no es que ahora ha comenzado a suceder esto en Colombia”. 

Pérez Pirela mencionó el contenido de un tuit que envió durante el día y que refleja el peligro del actual estallido de violencia en el país vecino: “Lo que pasa en Colombia hay que entenderlo en su real magnitud. No es cualquier país. Colombia está armada hasta los dientes. Sin monopolio del poder legítimo, acostumbrada a la violencia de la guerra”. 

Argumentó que en los últimos años se han presentado situaciones parecidas en países de la región, como Chile y Ecuador, con protestas que han sido respondidas con graves vulneraciones de derechos humanos, pero no han implicado el mismo riesgo de guerra interna generalizada que existe en Colombia. “Nuestro vecino es una bomba atómica de tiempo. Por las calles de Colombia pulula el dinero del narcotráfico, millones de dólares regados por todo el país y, desgraciadamente está también la droga, el enorme consumo interno. Todo eso junto es un coctel macabro y deriva en la posibilidad cierta de una guerra civil”. 

El escenario noticioso

Los reportes del acontecer más inmediato son escalofriantes. Desde que se iniciaron las protestas, con la noche llega el terror a las calles de Colombia. En Pereira, Risaralda, Telesur registró disparos desde motos y carros con vidrios polarizados contra grupos de manifestantes. 

En los balances de la ola represiva, la Fiscalía solo reporta 11 fallecidos, pero ONG como Temblores señalan que ya son 37. La agrupación Grita ha compendiado denuncias sobre abusos, principalmente de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), aunque también se metió al Ejército a reprimir con armas de guerra. 

Desde el 28 de abril se habían registrado 1 mil 708 casos de violencia policial con al menos 100 desparecidos, mujeres violadas. Muchos de los casos de asesinatos están registrados en aterradores videos. 

En las denuncias de violencia policial se reseñan 222 casos de violencia física; 37 homicidios; 831 detenciones arbitrarias; 312 intervenciones violentas; 22 personas con lesiones oculares; 110 víctimas de heridas de bala por disparos de policías; y 10 casos de mujeres violadas. 

Uno de los casos más conmovedores es el de Lucas Villa, un estudiante de Ciencias del Deporte en la Universidad Tecnológica de Pereira, joven activista que había aparecido cantando y animando al pueblo, recibió 8 balazos desde una camioneta tripulada por sicarios acicateados por el alcalde de la ciudad, que había llamado justo antes a la respuesta violenta contra los manifestantes. Mientras les disparaban, los asesinos gritaban “¡Bala es lo que hay, plomo es lo que viene!”. 

Los motivos de la protesta 

Sobre el conflicto presente se ha indicado que su causa es la pretensión del gobierno de Iván Duque de establecer nuevos impuestos. Pero hay otros motivos para la movilización popular, más allá del logrado retiro de la reforma tributaria. 

Para ilustrar al respecto, citó un trabajo del portal BBC, titulado “Colombia: 3 cosas que se piden en las protestas más allá del logrado retiro de la reforma tributaria (y la renuncia del ministro Carrasquilla)”.

Una economía más igualitaria. Los sectores que llamaron al paro nacional tienen mucha desconfianza en que haya una corrección de rumbo. No creen en Duque, quien para abrir el diálogo no llamó ni a la oposición ni a los organizadores del paro, sino al expresidente Juan Manuel Santos y a un puñado de políticos. El exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, representa como pocos el modelo económico que las protestas buscan enterrar, pero no se fue con su renuncia. Duque es un aliado férreo del sector privado, viene de un partido conocido por su carácter terrateniente y su ahora exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, es famoso por su ortodoxia neoliberal a favor de las grandes empresas. 

El meollo del asunto radica en la desigualdad rampante de Colombia. “El modelo económico le ha permitido al país una estabilidad macroeconómica durante un siglo, pero lo gradúa como el segundo más desigual de América Latina y el séptimo en el mundo, según cifras del Banco Mundial -dice el trabajo de BBC-. Para los manifestantes del paro, la economía colombiana está anclada en el clientelismo político que ha eximido de impuestos y competencia abierta durante años a los grandes oligopolios del banano, el azúcar y la minería, entre otros”. 

“Si se quiere encontrar la causa de las protestas, búsquense en la desigualdad social, no en las venezolanas y los venezolanos. Por favor, más respeto al pueblo colombiano –comentó el moderador del programa-. Por cierto, mandaron a este señor, presidente saliente de Ecuador, a decir que las protestas las organiza Maduro desde Caracas. Hay que ser tarado para prestarse a decir tal estupidez. Lenin Moreno está saliendo por la puerta más pequeña de la historia. Y para completar, dijo que él no se merecía a un pueblo tan malo como el de Ecuador”.  

Una reforma a la policía. Otra exigencia de la huelga es que se revise a fondo la estructura de los cuerpos de seguridad. Es clave un país con 60 años de conflicto armado a sus espaldas. En septiembre de 2020, el asesinato de 13 personas durante la represión policial de dos jornadas de protesta en Bogotá generó un debate profundo en el país: la necesidad de una reforma a la policía, que incluya el desmantelamiento del ESMAD, encargado de reprimir las protestas. 

En EEUU se le está pidiendo al gobierno no venderle más armas y equipos a ESMAD por las acusaciones de terrorismo de Estado que pesan en su contra. 

“A diferencia de la mayoría de países, la policía en Colombia hace parte del Ministerio de Defensa y está estructurada —su capacitación, lenguaje y objetivos— para un contexto de conflicto armado contra un enemigo concreto: las guerrillas”, indica el reportaje antes mencionado.

Precisó que hace dos semanas se creó una justicia militar «con independencia financiera, administrativa y operacional» que no está bajo el mando del Ministerio de Defensa, pero los miembros de la fuerza pública seguirán siendo juzgados por militares y dependerá del Ejecutivo. “Desde el punto de vista de los manifestantes, entonces, se espera una autoridad que no los trate de subversivos, sino como civiles con derechos democráticos, y que esté sujeta a mecanismos de sanción imparciales, rigurosos y eficientes”. 

Pérez Pirela acotó que eso está muy lejos de lo que expresa Uribe, quien llama terroristas, vándalos y violentos a los manifestantes. 

Mejor implementación del proceso de paz. Otra de las reivindicaciones reclamadas por los sectores populares es que se cumpla lo establecido en los acuerdos de paz, que hasta ahora para lo único que han servido es para hacerle propaganda al expresidente Santos, quien salió del cargo con un Premio Nobel de la Paz. 

“La generación que lidera las protestas en las calles creció en un país en guerra, bajo los mantras polarizantes de la Guerra Fría; y hoy su mayor anhelo es que la política supere esos traumas del conflicto y permita, incluso a través de la protesta pacífica, hablar de temas como educación, derechos sociales y legalización de las drogas, entre otras cosas prohibidas en el debate en Colombia durante décadas”, plantea BBC

“Esto es cierto, los jóvenes colombianos han sido amamantados por medios de comunicación neoliberales, empresas privadas de la comunicación que les siguen hablando con un lenguaje de la Guerra Fría, con un macartismo pasado de moda”, añadió el conductor de Desde Donde Sea.  

“Un primer gesto que los manifestantes esperan del gobierno es que implemente el acuerdo de paz que firmó el gobierno de Juan Manuel Santos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en 2016. El problema es que Santos hizo esos acuerdos luego de romper con Uribe, y Duque se ha encargado de dinamitarlos. Vean ustedes los resultados: aumento de masacres, asesinatos de líderes sociales y desplazamientos masivos de gente en regiones remotas del país”, puntualizó. 

Una de las estrategias principales de Duque para luchar contra las guerrillas y los grupos armados que se financian del narcotráfico es reactivar las aspersiones con glifosato de cultivos de hoja de coca, interrumpidas en 2015 por recomendación de la Organización Mundial de Salud y tras múltiples protestas campesinas. Que Duque quiera atender el conflicto armado con las mismas estrategias del pasado es, en ojos de un simpatizante del paro, una prueba de que el uribismo, el movimiento al que pertenece el presidente, no quiere pasar la página del conflicto porque le conviene para su discurso guerrerista que los ha llevado y los mantiene en el poder. 

Aumenta el repudio global

Presentó un dossier de reacciones internacionales que demuestran que, pese a los esfuerzos para evitarlo, el foco global se ha ido colocando sobre Colombia. 

La respuesta represiva militar y policial por parte del Estado colombiano a las masivas protestas populares desde hace más de una semana han provocado el rechazo mundial, expresado en pronunciamientos de organizaciones y personalidades de países de América Latina, el Caribe, Norteamérica y Europa. 

Desde Francia, Chile, Costa Rica, Uruguay, Cuba, España, Australia, Alemania y Reino Unido rechazaron la represión contra el paro nacional en Colombia, el cual transita este jueves por su décima jornada. En Alemania la gente salió a las calles a protestar. 

Desde el lunes la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea a las medidas extremas ante las protestas contra una reforma tributaria en definitiva retirada y una reforma de salud perjudicial para el pueblo. 

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP); la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana; y la Oficina para América y el Caribe de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, se sumaron al repudió los actos represivos. 

Entre las personalidades internacionales que se han expresado está la vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, de Cuba, Ana María Mari, quien cuestionó la violencia contra el pueblo colombiano, movilizado por sus derechos. 

De igual forma, senadores de Estados Unidos como el demócrata Jim McGovern censuraron «la brutal respuesta a las manifestaciones pacíficas», mientras otro demócrata, Gregory Meeks, pidió al presidente colombiano «moderar la respuesta». 

El ministro portavoz del gobierno de Chile, Jaime Bellolio, declaró que «la violación de los derechos humanos debe ser perseguida sin matices», al referirse a los referidos acontecimientos. 

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez dijo: “Colombia es un proyecto imperial fracasado q ha condenado a su pueblo a la peor crisis jamás vista: primer productor de drogas del mundo, excluido de la vida política del país y sin posibilidad de expresarse libremente”. 

Colombianos residentes en varios países de Europa y Australia se movilizaron para exigir que cese la violencia y respaldar las demandas populares. 

Frente a esta avalancha, Duque ha optado por calificar las manifestaciones como amenazas terroristas. 

El lunes el ministro de Defensa, Diego Molano, que responsabilizó a disidencias de la exguerrilla FARC y al Ejército de Liberación Nacional (ELN) por los «actos premeditados». 

«Estos grupos terroristas tienen planes de asesinar a nuestros policías, ya acabaron con la vida del capitán de la policía Jesús Alberto Solano, en Soacha. Han dado la orden de quemarlos», afirmó. 

Duque reafirmó el domingo que no se iban a replegar a los uniformados en los puntos donde se produzcan «actos de vandalismo». 

“Está jugando a tener una fuerza y un liderazgo que no tiene. Se le va a ir de las manos y se le están acabando las excusas -comentó Pérez Pirela-. Anunció una convocatoria a los partidos para reunirse con sus líderes a lo largo de la semana, pero no incluye a representantes del pueblo ni a los organizadores del paro. No está midiendo el problema que tiene enfrente”. 

Hitos del terror

Hizo un recuento de algunos de los hechos ocurridos en las últimas décadas, demostrativos de la profunda raíz de la violencia de Estado en Colombia. 

El actual presidente de Colombia, Iván Duque, ha enfrentado tres masivas protestas desde que llegó al poder en 2018, todas protagonizadas por jóvenes. 

Tras el fin del enfrentamiento armado con las FARC, guerrilla convertida hoy en partido político, los manifestantes ya no solo rechazan la violencia, sino que exigen mejores políticas que mejoren sus condiciones de vida. 

En noviembre de 2019, cientos de miles salieron a las calles Congregados por el llamado Comité Nacional del Paro -que sigue liderando las protestas- sindicatos, estudiantes, indígenas, ambientalistas y opositores protagonizaron casi tres semanas de reclamos. 

Fue una manifestación multipropósito: a favor de la educación pública y gratuita; en rechazo de la corrupción; contra el asesinato de activistas sociales y exguerrilleros que firmaron la paz en 2016 y en apoyo al histórico pacto del que Duque es crítico. Las protestas dejaron cuatro muertos y unos 500 heridos. 

Dilan Cruz 18 años asesinado policía. Caso ejemplo impunidad fuerzas del orden que han sido acusadas de violar menores o ejecutar civiles y hacerlos pasar como guerrilleros 

En 2020 el descontento volvió en rechazo a la brutalidad policial. El homicidio de Javier Ordoñez (43 años) en Bogotá, a manos de uniformados que lo sometieron a un violento castigo desató la rabia de los manifestantes. La gente se lanzó sobre más de medio centenar de puestos policiales barriales que quedaron destruidos. 

Durante las jornadas de manifestación murieron 13 personas en la capital y sus alrededores, en su mayoría jóvenes entre 17 y 27 años que fueron baleados. Cientos resultaron heridos por proyectiles. 

La alcaldía de Bogotá denunció que los uniformados dispararon indiscriminadamente contra civiles. El gobierno pidió perdón por los excesos de la fuerza pública. En abril de 2021, uno de los policías fue condenado a 20 años de prisión por la muerte de Ordóñez. 

Ahora, en 2021, la propuesta de reforma tributaria, que según expertos castigaba a la clase media, fue el punto de partida para una nueva movilización contra Duque. En medio de la crisis económica generada por la pandemia y con la pobreza y el desempleo en aumento, el mandatario presentó ante el Congreso una iniciativa que pretendía incrementar el IVA a ciertos productos y ampliar la base de tributantes. Para que los más pobres pagaran los impuestos de los que había exonerado en 2019 a os más pudientes. 

Violencia generalizada e histórica

Pero la investigación evidencia que la violencia de los años de Duque es apenas una expresión actual de una violencia generalizada e histórica. La criminalización de quien piense distinto es una especie de acto reflejo de la oligarquía colombiana.  

“Como ya lo he dicho varias veces en estos programas, esa oligarquía se encargó de asesinar a un partido entero, la Unión Patriótica. Entre 1985 y 1993 fueron asesinados 1 mil 163 integrantes y desaparecidos otros 123. Eso es Colombia. No es algo de estos días. Cada una de las masacres en las que murieron esos dirigentes y militantes estaban relacionadas con la dinámica electoral: candidato que se presentaba, era asesinado”, enfatizó. 

Añadió que ahora están haciendo lo mismo con el partido FARC. Los cobardes de las oligarquías los eliminan después de que dejaron las armas.

Según el informe Basta ya Colombia, memorias de guerra y dignidad entre 1985 y 2012 se registran 1 mil 982 casos de masacres con 11 mil 751 víctimas. De 2012 para acá se sabe que esto ha ido creciendo. 

Estas matanzas han sido ejecutadas por los grupos paramilitares en 58,8% de los casos; por las guerrillas, 17,3%; por la fuerza pública, en 8%; por grupos armados no identificados, en 14%; y por unión de militares y paramilitares, en1%.  

“No hay un poder centralizado en Colombia, no existe el monopolio legítimo de la violencia que Weber pone como requisito para que haya un Estado. Las armas del país están desperdigadas, en manos de varios paraestados. Lo que está sucediendo es una bomba nuclear una guerra civil que ya existe pero que puede estallar ahora directamente”, insistió el moderador. 

Antioquia es el departamento más afectado por las masacres. Un total de 598 de las 728 masacres han sido perpetradas en esa región. Muchas se concentraron en la región norteña de Urabá, enclave de las FARC y EPL en los años 70 y 80. Luego llegaron los paramilitares y empezaron a acabar con los insurgentes. 

Después de la formación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Urabá se convirtió en uno de los principales puntos de partida de la expansión paramilitar a medida que se desplazaban desde el norte hacia el suroeste y sureste del país. 

En 2000, Urabá estaba bajo el control paramilitar. Las masacres disminuyeron allí, pero aumentaron en el corredor que se creó hacia la costa norte. La ciudad con mayor número de masacres es Medellín, reflejo de las complejas interacciones entre pandillas, paramilitares, guerrillas y narcotraficantes transversales a todos los otros grupos. Ha habido varios ciclos de terrorífica violencia. Varias masacres fueron cometidas por las fuerzas de seguridad y grupos paramilitares en su campaña contra los insurgentes que controlaban varios barrios de los que fueron expulsados en los años 90 y principios de los 2000. 

Sin embargo, las más recientes han sido cometidas por las llamadas bacrim, grupos de la mafia y pandillas callejeras por disputas alrededor del narcotráfico. 

Se ha desdibujado la línea entre paramilitares y criminales al intercambiar estrategias y hasta personal logístico. 

Entre 1979 y 1991 un promedio anual de 25 jueces y abogados fueron asesinados o sufrieron algún tipo de atentado. 

Entre 1960 y 2108 se han presentado 24 mil 518 víctimas la mayoría de la población civil. Masacres perpetradas por paramilitares y en complicidad con militares. 

Hasta diciembre de 2020 se registraron 66 masacres, un promedio de una cada dos días, solo en ese año. Ni el confinamiento pudo contener el derramamiento de sangre, en total silencio y complicidad. 

La ONU en 2020 documentó el asesinato de 97 defensores de derechos humanos. 

El Salado: prototipo de una masacre

Pérez Pirela otorgó algunos minutos a contar la historia de una de las peores matanzas de la historia reciente, un auténtico prototipo en esta terrible materia. 

Se trata de la Masacre de El Salado, que se desarrolló entre 16 y el 21 de febrero, en Villa del Rosario, municipio Carmen de Bolívar, departamento de Bolívar, norte de Colombia. El Centro Nacional de Memoria Histórica, que ha recopilado los datos, indica que miembros del grupo paramilitar llamado Los Caratapadas cometieron crímenes y obligaron a unas 4 mil personas a huir lejos de la región.  

Meses antes, el comandante de las AUC, Carlos Castaño, sentenció que los guerrilleros son objetivo militar, estén de civil o uniformados. La masacre fue planificada en Magdalena por los jefes paramilitares del Bloque Norte, Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo y John Henao, cuñado de Castaño. Participaron 450 paramilitares, divididos en tres grupos que cerraron la comunidad. El territorio les interesaba para narcotráfico, extorsión y tráfico de armas.

El 23 de diciembre de 1999, un helicóptero paramilitar sobrevoló el casco urbano de El Salado y arrojó volantes que invitaban a los pobladores a disfrutar las actividades de fin de año, pues sería la última vez que lo harían. No fue la última ni la única alerta. En febrero de 2000, la Fiscalía advirtió sobre indicios de un serio incidente de violencia que estaba por ocurrir. La Policía Nacional y la Marina no hicieron nada porque detrás del paramilitarismo siempre está el Estado colombiano. Las FARC intentaron detener a los paramilitares, pero estos tuvieron superioridad numérica y un helicóptero artillado. El Salado quedó a merced de los paramilitares que desarrollaron una orgía de sangre, torturando y asesinando a los pobladores, algunos de ellos por sorteo, acusándolos de ser guerrilleros. Según las cifras oficiales, hubo 59 muertes (51 hombres y 8 mujeres), pero otros informes indican que fueron más de cien los asesinados. Mujeres y niñas fueron violadas y obligadas a trabajar para los paramilitares. Solo el 18 de febrero, la Infantería de Marina recibió órdenes de actuar en ese territorio. Los paramilitares y su helicóptero se replegaron sin problemas. 

“Esto de que un grupo irregular tenga un helicóptero artillado solo puede ocurrir en un país en el que no hay un monopolio legítimo de la violencia por parte del Estado”, recalcó el presentador. 

Cerró el recuento con una frase del periodista y filósofo Eduardo Rothe, quien dice: “Duque retrocede matando, esperando que el miedo calme la furia popular: ¿podrán las mujeres y hombres de Colombia hacer lo que creen poder hacer? ¿Llegará el momento en que los gringos, la oligarquía y/o los militares consideren prescindir de su sanguinolento payaso para calmar el furor del pueblo? ¿Cuántas veces más deberá caer acribillado Jorge Eliecer Gaitán en las calles de Bogotá, Cali, Bucaramanga, Palmira y otras tantas ciudades, para que Colombia alcance una paz que no sea la paz de los sepulcros? Y lo más importante: ¿Si este movimiento decae, será para siempre o sólo por el tiempo necesario para repetirse con más fuerza?”.

Interacción

Tal como ocurrió en los anteriores dos programas sobre el tema colombiano, en esta oportunidad hubo más de veinte minutos de diálogo entre el moderador y la audiencia. 

Nuevamente se recibió mucha información en caliente desde Colombia sobre lo que estaba pasando en varias de las ciudades que han tenido mayor participación en las protestas y, por ende, una represión más salvaje. 

También se comprobó que la información sigue fluyendo con muchas dificultades hacia el exterior de Colombia debido al cerco mediático que se ha tendido dentro y fuera de ese país. En algunas naciones, como Francia, las televisoras venden la masacre como hechos aislados. “¡Qué vergüenza!”, exclamó Pérez Pirela. 

Varios participantes sugirieron analizar en próximos programas los planteamientos de Alexis López Tapia, un chileno neonazi que ha planteado la tesis de la “revolución molecular disipada”, en la que parece estar basándose el uribismo para desarrollar su estrategia de terrorismo de Estado. 

Entre los muchos aspectos preocupantes, se consignó la denuncia de que la fuerza pública pide ayuda a las empresas de protección privadas. “¡Esto es gravísimo: si se privatiza la represión, ¡imagínense ustedes en qué puede parar eso!”, advirtió el conductor del programa.

Otro tema de reflexión que fue propuesto por participantes es el relativo al silencio que han mostrado en los primeros días de este conflicto actores geopolíticos de gran peso, como Rusia y China. 

Una buena cantidad de los mensajes del público fueron para ponderar positivamente el esfuerzo que se está realizando en Desde Donde Sea para romper el silencio informativo. “Su programa es una luz mediática en medio de tantas cortinas oscuras que ocultan la verdad”, expresó un usuario. 

Pérez Pirela adelantó que, en la siguiente entrega, correspondiente a los Viernes de filosofía, abordará un tema relacionado con la violenta historia de Colombia. Se trata del concepto de servidumbre voluntaria (servitude volontaire), postulado por el pensador francés del siglo XVI Étienne de La Boétie.  

(LaIguana.TV) 

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