A Rosario Bravo le cambiaron la cerradura y le quitaron mobiliario por error de su piso en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Ocurrió en febrero y tres meses después ha vuelto a dormir allí, pendiente de recuperar lo sustraído.

Cada vez que se le menciona, se echa a llorar. A los desazones de una vida que acaricia el siglo se le suma la «injusticia» que acabar de sufrir. Rosario Bravo, de 97 años, ha sido desahuciada por error de su piso de L’Hospitalet de Llobregat, localidad del extrarradio barcelonés. En esa vivienda llevaba residiendo de alquiler desde 1959. Y hace tres meses se encontró con una sorpresa inesperada: habían procedido a su desmantelamiento y al cambio de cerradura por una supuesta orden judicial que, en realidad, se refería a otro inmueble.

Una secuencia digna de tira cómica, si no fuera por sus tristes consecuencias: la equivocación ha conllevado la pérdida de enseres personales como una foto «única» junto a su marido o los cuadernos donde escribía sus memorias, tal y como cuenta su hijo Emiliano Caballero. «Aunque se haya medio solucionado, esto ha sido un golpe muy duro. La han matado en vida», resume uno de sus dos vástagos, que aún narra compungido la odisea en la que se han visto inmersos.

«Nos enteramos el 23 de febrero y llevamos dos denuncias», adelanta Caballero. Pero el relato viene de antes. En realidad, comenzó el 19 de febrero. Con una orden de desahucio, varias personas se presentaron en el edificio del barrio de La Torrassa, en este municipio catalán, con la orden de realizar un lanzamiento, en el argot judicial, al ático primero. Se dirigieron a su cometido y fue entonces cuando confundieron esa puerta con la del «sobreático», que es en la que vive Rosario y está encima del indicado.

Se cruzaron, al parecer, con una vecina. Y le preguntaron. Esta inquilina, nueva y sin apenas trato con la familia, asintió a la pregunta de si esa era el número de casa buscado. Se equivocó. «Ahora no es tan común, pero antes era bastante habitual que hubiera edificios como este, con un bajo, un entresuelo, dos pisos por planta, un ático y un sobreático», responde el hijo, de 67 años, que aprovecha para contar el pasado del espacio: «Mi madre se vino con otras siete personas», apunta, «y no ha dejado de pagar ni después de esto: no le han perdonado ni estos meses». Rosario Bravo, de hecho, no nació en esta Comunidad Autónoma sino en Santa Cruz de Mudela, en la provincia de Ciudad Real.

Apenas tenía para comer. Ni siquiera pudo celebrar una boda de bufé: cocinó para los invitados, pero ella no probó bocado: «No había comida para todos y mi padre y mi madre se quedaron mirando, porque la dejaron para los invitados», aclara Emiliano Caballero. Cuatro años después de contraer matrimonio y con dos hijos, su marido murió. Trabajaba de ferroviario y tuvo un accidente. Bravo decidió mudarse a Cataluña desde la meseta castellana. Se marchó junto a tres hermanos, los dos niños, un primo y su madre, que murió a los cinco meses. Hasta hace 19 años no se quedó sola, con una mensualidad de arrendamiento que en la actualidad es de 348 euros.

Gozando de una salud y una autonomía envidiables, Rosario Bravo se fue unos días con su hijo menor, Emiliano, a Terrassa. Era febrero y atravesaba unos momentos de debilidad. El otro hijo —Jesús, de 69 años— sufre una parálisis por una operación y no puede encargarse tanto. Tenía una cita médica ese día 23 y así la llevaba. Fue en plena consulta cuando un allegado les llamó y les preguntó si ya estaban de vuelta en casa, porque se veían las persianas subidas. Esa apreciación puso en guardia a Emiliano, que rápidamente pensó en un robo o una ocupación. Esa tarde fue al bloque y preguntó a una vecina con la que tiene confianza.

«Vi que tenía otra cerradura y una pegatina de una alarma», rememora Emiliano Caballero. No dudó en ponerse en contacto con la empresa que gestiona el inmueble, Fincas Gual. Y fueron bastante rápidos en admitir el error y recibirle. «Me lo devolvieron esa misma tarde, pero al entrar vi que faltaba la lavadora, el microondas, la vajilla que llamamos ‘de Navidades’, una garrafa de aceite y varias cosas que tenía mi madre en el comodín», enumera.

Para retomar el inmueble, los hijos fueron al juzgado de primera instancia número 8 de L’Hospitalet de Llobregat y denunciaron lo ocurrido. Además, incidieron no solo en un error incomprensible sino en varios procedimientos de dudosa legalidad. El primero, más obvio, es no asegurarse de que el piso era el correcto. El segundo, que cuando pusieron la rúbrica en los documentos del desahucio, marcaron que el inmueble estaba «libre, vacuo y expedito», según palabras textuales: el acta ya había salido así del juzgado y ni siquiera dudaron en comprobarlo. «Sin modificarla, firmaron y se fueron», puntualiza Caballero. Y el tercero, que no hayan respondido a la solicitud de esos objetos sustraídos. Desde Fincas Gual tampoco han contestado a las llamadas de Sputnik ni han emitido ningún comunicado.

«Demuestra que cuando van a por algo, lo hacen a piñón fijo, les da igual que esté lleno o vacío, y sea de un fallecido o de alguien que viva allí», protesta Emiliano. Al día siguiente, el hijo de Rosario Bravo acudió a un gabinete jurídico para anular la actuación y denunciarla. El 14 de abril llegó la sentencia: obligaba a Fincas Gual a devolver todo lo quitado, entre lo que se sumaban dinero, colgantes, anillos, pendientes…

«Hay cosas que no ves hasta después. A mi madre no le quisimos decir lo que había sucedido y le fuimos alertando. Esperamos dos días hasta que le dije que parecía que habían hecho algo en la casa y que viniera a verlo, entonces es cuando me dijo que tenía unos 3.000 euros escondidos en diferentes sitios y una cadena de oro», apunta.

Bravo, sostiene, no manejaba tarjeta de crédito y sacaba efectivo para sus compras. Con una pensión de 715 euros, lo que le sobraba lo iba guardando en botes o incluso en el dobladillo de la ropa. «Ahora nos piden que valoremos lo que se han llevado y no sabemos, porque hay muchas cosas sin registrar y otras que no son algo que puedas tasar económicamente», arguye Emiliano, que da una cantidad de entre 23.000 y 24.000 euros, sin contar el tiempo que ha echado «extra» a su trabajo y los disgustos que ha supuesto el lance.

El mayor, aparte de verse en esa situación de desamparo, fue el de perder la foto junto a su marido, imposible de recuperar, y las múltiples páginas del libro en el que iba escribiendo sus memorias. Según indicaba, llevaba unas 200. «En el juzgado han sido muy light, porque pidieron devolver todo, pero no han hecho nada. A nosotros nos dieron largas y hasta ahora», explica el afectado, que sabe que la empresa Karba Serveis S. L. fue la encargada en sacar las pertenencias y que prepara otra denuncia por la demora o la pérdida.

Han tenido suerte, no obstante, en que Rosario Bravo tuviera donde quedarse. Al altercado, que tuvo cierta repercusión en febrero, cuando varios medios de comunicación lo sacaron y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) les confirmó el error, se ha unido la presencia de sus hijos. Con ellos ha pasado esta temporada y gracias a ellos, que han suplido algunos objetos de los que faltaban, ha podido regresar.

Le cambiaron la cama y hablan con ella a menudo para ver cómo está. «Se maneja muy bien. Y si le pasa algo, va a ser igual allí que en mi casa, porque tiene el botón de la Cruz Roja y tardaríamos lo mismo», defiende Emiliano, que insiste en la pena que invade a Rosario cuando se alude al drama.

«Estamos intentando que no se le recuerde mucho, porque se le caen las lágrimas en cuanto lo piensa», sentencia Emiliano. Una de las últimas veces en las que comentó lo ocurrido, en El País, corroboró la declaración de su hijo: «Durante estos meses he estado muy bien viviendo con mis hijos, pero quería volver. Hoy he vuelto a dormir aquí. La cama no es la mía. Es más alta y no me acostumbro. En realidad me he pasado la mitad de la noche llorando. No tengo miedo de que vuelvan a entrar, pero es una injusticia muy grande lo que han hecho conmigo».

(sputniknews.com)

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