A través de un comunicado, Argentina anunció que ya no haría parte de la demanda interpuesta contra Venezuela por el Grupo de Lima, «así como también de toda presentación realizada en ese marco, incluyendo la Nota OI 48/2019 del 30 de septiembre de 2019 vinculada a un informe elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Argentina», formulada en tiempos del expresidente Mauricio Macri, estrechamente vinculado con el sector extremista de la oposición venezolana.

Para José Miguel Vivanco, director para las Américas de la Organización No Gubernamental Human Rights Watch (HRW), esta decisión del gobierno de Alberto Fernández es un «paso errado», que refleja «la composición del gobierno» y la decisión obedece a la necesidad de «no irritar» a ciertos sectores que le respaldan, a los que «no les importan los derechos humanos».

Según él, estas personas estarían afectadas por una especie «filtro ideológico» y consideran que las violaciones a los derechos humanos no pueden tener lugar sino en dictaduras de derecha.

¿En junio avanzará el caso contra Venezuela en la CPI?

Sin aportar mayores detalles, el director de HRW también aseguró a Radio Rivadavia que probablemente la Fiscalía de la CPI decidirá si avanza hacia la fase de investigación a mediados de junio y resaltó que, de concretarse este paso, Maduro sería el primer mandatario de América Latina en enfrentar un juicio en La Haya.  

De ser cierto lo que señala Vivanco, se trataría de la resolución exprés de un proceso que suele ser de largo aliento. El pasado 27 de mayo, el fiscal general de la Nación, Tarek William Saab, denunció que la CPI había «vulnerado» el derecho de Venezuela a la legítima defensa, acusó un trato desigual y discriminatorio para con el país y repudió el uso de los derechos humanos como bandera política.

Para ilustrar la discriminación que pesa sobre el Venezuela en esa instancia, Saab presentó los resultados de una investigación comparada realizada por el Ministerio Público sobre la actuación de la Fiscalía de la CPI en los casos de las denuncias que pesan sobre Colombia y Guinea, cuyos procesos suman, respectivamente, 16 y 11 años, sin que se haya trascendido la fase de indagatoria.

«No estamos mendigando nada, estamos solicitando de manera respetuosa y formal, que nos den un trato igualitario en base a lo que establece la ley, y que estos 700 procedimientos penales y estos cinco informes que hemos entregado, sean verdaderamente leídos, desglosados, evaluados, para, en una recíproca colaboración, interactuar», demandó.

(LaIguana.TV)

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