En la edición de Desde Donde Sea transmitida este lunes 7 de junio, Miguel Ángel Pérez Pirela abordó los temas más candentes de la realidad política continental: de un lado, procesos electorales con importantes consecuencias regionales en Perú y México; del otro, la masacre continuada a la que está siendo sometido el pueblo colombiano, que ya suma más de 40 días continuos de protesta en medio de una feroz represión.

Final de fotografía en Perú: Castillo mantiene su ventaja y Keiko canta fraude

Durante toda la transmisión, Pérez Pirela ofreció avances de los resultados de la segunda vuelta de los comicios presidenciales en Perú, donde el profesor Pedro Castillo (izquierda) aventaja por poco más de 92.000 votos a la candidata derechista Keiko Fujimori, sin que aún se haya declarado oficialmente a un ganador, a pesar de que alguna prensa ha asegurado prematuramente la victoria de alguno de los candidatos.

De acuerdo con el último reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales en Perú (ONPE), poco antes de las 8:00 pm, hora local, el candidato del partido Perú Libre, Pedro Castillo, computaba 8.552.172 votos, lo que equivale al 50,2% de todos los votos válidos, mientras que Keiko Fujimori acumulaba 8.459.997 sufragios (49,7%).

El experto refirió que desde la mañana de este lunes, Castillo ha mantenido una estrecha pero consistente ventaja frente a su rival, que a esta hora ronda los 92.000 votos, habiéndose computado casi el 96% de las actas de votación de todo el territorio peruano.

De otra parte, usuarios reportaron que tras conocerse el repunte de Castillo, en la capital, Lima, los comercios cerraron, las mercancías de alto consumo subieron indiscriminadamente de precio, la bolsa de valores suspendió actividades durante unos minutos y la moneda se devaluó, lo que en juicio de Pérez Pirela es un ejercicio de presión por parte de sectores privados y comerciantes para evitar que el candidato izquierdista llegue a la presidencia.

Empero, apuntó, su eventual victoria impactará en toda América Latina y, en ese orden recuperó las reflexiones del senador colombiano Gustavo Petro, quien a pesar de estar muy activo en las denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos y uso excesivo de la fuerza pública en el marco del paro nacional, dedicó unas palabras al balotaje peruano, cuando la ventaja del profesor se aproximaba a los 50.000 votos.

Petro señaló que «virtualmente», era en ese momento el próximo presidente peruano y añadió: «Ojalá Castillo pueda lograr una unidad nacional alrededor de las reformas en salud, educación y pensiones que Perú necesita. Muere una dictadura más».

En opinión del también director de LaIguana.TV, será difícil que la oligarquía local, que los medios de comunicación y que los Estados Unidos permitan ganar a un personaje como Castillo y vaticinó que tendría que «lucharse cada voto».

En concordancia con su apreciación inicial, avanzada la emisión, se conoció que Fujimori, quien de perder los comicios deberá volver a la cárcel, de donde fue liberada bajo fianza para que pudiera participar en las elecciones, avanzó la idea de fraude en una rueda de prensa emitida poco después de las 7:30 de la noche, hora local.

En su intervención, que fue compartida con la audiencia de Desde Donde Sea, la representante del fujimorismo subrayó que «»la diferencia entre ambas candidaturas es tan solo de 0,5%», faltando todavía por computar las actas correspondientes a las votaciones en el exterior –donde dispone de holgada ventaja–, con lo que espera que se empareje la votación.

Tras esto, apuntaló que desde ayer «han venido ocurriendo una serie de irregularidades» que le preocupan y que considera «importante evidenciarlas», al tiempo que convocó a los ciudadanos que le ayudaran «a saber» dónde más estarían presentes esos presuntos fallos.

El comunicador alertó que las palabras de Keiko Fujumori no eran en modo alguno anodinas, pues esta táctica ha sido implementada por la derecha en otros procesos electorales de la región y que podrían ser el preámbulo de una violencia generalizada, como ocurriera en Venezuela cuando Henrique Capriles cantó fraude acompañado de Leopoldo López, quien está en Perú respaldando a la candidata derechista.

México: el pueblo dio un espaldarazo a AMLO y a su Cuarta Transformación

Pérez Pirela se refirió de manera sucinta a los comicios legislativos, regionales y municipales que se celebraron ayer en México y en los que el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) del presidente Andrés Manuel López Obrador obtuvo «excelentes resultados», al ganar la mayoría de las gobernaciones y de las diputaciones.

A este respecto, recordó que la semana pasada advirtió que estos comicios serían definitivos para López Obrador, quien intenta poner en marcha la llamada Cuarta Transformación que contiene un conjunto de reformas sociales de orden progresista.

Por otro lado, destacó que el mapa político que se dibuja en México fue «una cachetada» para el ‘establishment’ y los partidos tradicionales, grandes derrotados de la jornada.

Ante el incumplimiento de Duque, el Comité Nacional del Paro se para de la mesa

El Comité Nacional del Paro (CNP) en Colombia, decidió suspender el diálogo que adelantaba con la administración del presidente Iván Duque, ante la falta de disposición del Ejecutivo para implementar lo pactado en el preacuerdo para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta ciudadana y la desmilitarización del país.

Citando un comunicado divulgado por Marcha Patriótica en Twitter, el filósofo indicó que, según este frente, «el gobierno no está interesado y ha dilatado a propósito la negociación del pliego de emergencia. Tras ocho días de intensas negociaciones y haber alcanzado un preacuerdo mínimo para la protesta social legítima, el gobierno dijo que lo sometería a consulta interministerial».

Asimismo, en el texto se precisa que «el CNP rechaza que haga uso desmedido de la fuerza pública que ha producido a la fecha 76 homicidios, 1.246 heridos, 2.808 detenidos, 106 mujeres violadas y 74 ojos perdidos».

El analista informó que esta organización entregará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el preacuerdo sobre los mínimos de garantizar el ejercicio de la protesta social pacífica.

«Ante la falta de seriedad del gobierno y de las negociaciones, los colombianos cumplieron ayer 40 días movilizados en los 32 departamentos. Exigen un cambio de modelo sociopolítico que contribuya a cesar la violencia y las profundas desigualdades sociales», insistió.

En el mismo orden, mencionó que organizaciones sociales de distintos puntos del país llegaron ayer a Bogotá y exigieron reunirse con la CIDH, si bien desde su punto de vista, se trata de «una visita de cortesía», porque la Organización de Estados Americanos (OEA) y el gobierno de Duque son la misma cosa.

Lo que se espera de la visita de la CIDH a Colombia

Formalmente, señaló, una misión de la CIDH arribará mañana a Bogotá y Cali para verificar las denuncias de violaciones a los derechos humanos. Esta visita, que se extenderá solamente por tres días, ocurre después del intento del gobierno de retrasarla y en buena medida por la presión internacional para que haya una presencia «neutral» que documente lo que está pasando.

En su opinión, las expectativas sobre la visita de la comisión pueden resumirse como sigue:

1) Registro objetivo, 2) Potenciar el diálogo, 3) cese de la violencia, 4) emitir unas conclusiones.

1) Registrar objetivamente lo que sucede: varios entes pedían al gobierno que deje entrar organismos externos que puedan comprobar de forma neutral lo que ha pasado en Colombia entre multitudinarias protestas, abusos de las fuerzas de seguridad y actos de saqueo, por no hablar de bloqueos de carreteras.

Para cumplir con este propósito, durante su visita, los delegados de la CIDH recopilarán testimonios e informes. Concretamente, buscan centrarse en «víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus familiares», que deben acreditarse en su página web o enviarles el material de forma telemática, sintetizó el comunicador.

2) Potenciar el diálogo: de acuerdo con el testimonio del director del centro de pensamiento Paz y Reconciliación (PARES), León Valencia, se espera que registren objetivamente lo que ha ocurrido y lo den a conocer al mundo y a Colombia. Que pongan, además, un granito de arena para forzar al gobierno, al CNP y a los manifestantes a buscar un acuerdo y cambios en el país.

3) El cese de la violencia: Desde el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), se considera que la visita de la CIDH puede salvar la vida de centenares de personas que van a seguir siendo víctimas de violaciones a los derechos humanos y,

4) Emitir unas conclusiones, tras documentar los hechos y recopilar testimonios de las partes que quieran participar. De igual modo, existe la expectativa de que la CIDH, al ser un órgano de la OEA, también pueda «establecer una mayor supervisión y diálogo e incluso, el impulso de un grupo independiente», aunque él cifre muy pocas esperanzas en tales intentos.

Continúan las masacres y los atentados contra los derechos humanos en Colombia

En un comentario que se ha hecho tristemente común, Miguel Ángel Pérez Pirela mencionó que en Colombia continúan los atentados contra los derechos humanos y las masacres. Solamente el 5 de junio hubo un ataque de un grupo armado en Cauca que dejó cinco muertos y la versión de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ASIN) difiere de la que ofrecieron el gobierno y las autoridades regionales.

En el decir de esta organización, se denunció la muerte de dos miembros de una comunidad agrícola en el municipio de Santander Quirichao, ubicado en el sector norte del departamento y tras el hecho, la ASIN exigió que se tomen medidas para evitar que sigan ocurriendo las masacres continuadas en territorio colombiano, relató.

Según la Asociación, se trata de la masacre número 42 que ha tenido lugar en Colombia durante 2021 y que han dejado 158 víctimas fatales.

También informó del asesinato de un líder campesino de Tuluá, que hace parte de los 276 excombatientes abatidos desde la firma de los Acuerdos de Paz en 2016, 27 en lo que va de 2021.

Por otro lado, relató que la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia alertó este sábado sobre la situación de seguridad de dos periodistas en Cali que denuncian la represión de la fuerza Pública.

Específicamente, la FLIP denunció que los periodistas de Cali Alberto Tejada y Alberto Buitrago, que trabajan para un medio comunitario de la ciudad han sufrido ataques por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), así como de civiles armados que atacan con disparos a los manifestantes, aunque desde que iniciaran las protestas, el pasado 28 de abril, registran 31 casos de agresiones contra periodistas.

«Tanto Tejada como Buitrago denunciaron que el pasado 10 de mayo se tuvieron que resguardar de disparos desenfundados por civiles en el sector La Portada al Mar. Asimismo, el 20 de mayo un camión de la Policía, sin placas traseras y manejado por un civil, casi atropella a los periodistas», indicó.

Esta fuente consultada por él destaca que durante los ataques, los efectivos han tomado fotografías de los rostros de los periodistas y emiten comentarios como: «los vándalos también se visten de periodistas».

El cambio cosmético del Ejército y la Policía anunciado por Duque

Pese a que la población colombiana demanda largamente una reforma de la Policía y que en el presente exige la desmilitarización del territorio, el presidente Iván Duque respondió anunciando un «plan de modernización del Ejército», que desde el punto de vista de Pérez Pirela, «es un plan para gastar más en armas y disparar más al pueblo colombiano», que para nada mejora la conflictividad actual.

Así, compartió las declaraciones del senador Iván Cepeda Castro durante el fin de semana,  quien indicó que «ahora el ministerio de Defensa en Colombia, se llamará ministerio de Defensa Nacional y Seguridad Ciudadana, y la Policía tendrá un uniforme azul. Esta cosmética la usa Duque para ocultar las masivas violaciones de DDHH y la necesidad de cambios estructurales en la Policía y las Fuerzas Armadas».

«El anuncio del presidente Iván Duque de un paquete de medidas para supuestamente velar por el respeto a los derechos humanos en el ministerio de Defensa y la Policía Nacional, fue criticado por los políticos opositores colombianos, pero realmente es un cambio de corbata, un cambio de forma, para que el fondo permanezca igual», explicó.

Sobre el proceder del Estado colombiano frente a las protestas, recordó que varias organizaciones internacionales, incluyendo algunas de la ONU, han condenado el uso desmedido de la fuerza pública en la contención de las protestas, así como el uso de armas y utensilios no permitidos, según los estándares internacionales, un hecho que se explica porque la Policía Nacional y el ESMAD dependen del ministerio de Defensa y tienen entrenamiento militar por su participación en el conflicto armado.

Otro personaje que cuestionó a Duque por la reforma cosmética fue el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien coincidió con Cepeda y declaró que «sorprende la ligereza con la cual el gobierno enfrenta esta crisis. Ahora, unilateralmente, sin diálogo con la sociedad civil, anuncia de afán cambios cosméticos a la Policía ante llegada de la CIDH, como que si cambiando el color de los uniformes o cambiando el nombre del ministerio de Defensa, se solucionará la crisis de legitimidad».

La justicia presiona a Duque y a las instituciones colombianas

En este momento, apuntó Pérez Pirela, están sometidos a intervención militar los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Risaralda, nariño, Norte de Santander, Huila, Putumayo y Caquetá, medida que le valió a Duque el cuestionamiento del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

A este respecto, el analista criollo precisó que el organismo solicitó el testimonio de Duque para que explique el decreto 575-2020, con el que ordenó asistencia militar a Cali y otras regiones del país y también demandó información sobre el estatus de las investigaciones que adelantan la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría sobre este tema.

Concretamente, se le exigió al mandatario que presentara un informe detallado sobre las razones que llevaron al gobierno a determinar la necesidad de desplegar a las fuerzas militares para que prestaran apoyo temporal a la Policía, al tiempo que a este organismo le ordenaron informar sobre las actuaciones desplegadas para garantizar el derecho a la protesta pacífica, los derechos humanos de los manifestantes y el restablecimiento del orden público.

Finalmente, indicó que el Alto Comisionado para la Paz fue requerido para informar sobre los avances del diálogo con el CNP, especialmente en lo relativo al preacuerdo para garantizar el ejercicio de la protesta pacífica.

Siguen el paramilitarismo y los desplazamientos forzados

Pérez Pirela considera que los funcionarios deberían responder solo por el hecho de que asesinaran a cuatro personas en Operativo de Seguridad en Cali el pasado viernes. En ese orden, relató que la Red de Derechos Humanos Francisco Javier Ocampo denunció este sábado que como consecuencia de un operativo mixto entre fuerzas policiales y militares al sur de Cali, cuatro jóvenes fueron asesinados y 20 más resultaron heridos por armas de fuego. Adicionalmente, esa fuente asegura que hubo detenciones ampliamente ilegales, tratos crueles y degradantes, tres allanamientos ilegales, misiones médicas atacadas, desapariciones forzosas y hostigamiento a las víctimas.

La situación es tan grave que la fuerza pública no está respetando ni las vigilas por los muertos y heridos durante las protestas e inclusive internautas cuestionan que son atacados a balazos aunque solamente están encendiendo velas en tributo a las víctimas.

Asimismo, compartió un trino de la periodista Patricia Villegas, directora de la multiestatal teleSUR en la que cuestiona la ausencia de respuestas del presidente Iván Duque sobre los cuatro jóvenes ultimados en Cali y cita un trino del arzobispo de esa ciudad, en el que denuncia la presencia de escuadrones de la muerte.

La agencia Prensa Rural, de su parte, señaló que llegaron videos de los instantes de horror que vivieron habitantes de Siloé, cuando civiles armados dispararon y pusieron en riesgo a los manifestantes e inclusive atacaron a una brigada médica desplegada en el sitio.

El también director de LaIguana.TV destacó que la violencia y el caos que vive Colombia, se da de una forma sistemática: mientras esto ocurre en las ciudades, continúan los desplazamientos forzados en varias regiones del país.

Con base en lo reportado por la Defensoría del Pueblo, comentó que el organismo lanzó una alerta por la situación de desplazamientos forzados que padecen miles de familias por causa de grupos irregulares armados que les obligan a salir de sus hogares.

Esa fuente sostiene que del 28 de abril al 4 de junio se registraron 20 eventos de desplazamientos forzados masivos, que han obligado a salir de sus comunidades a 3.101 familias (8.902 personas) desplazadas y subraya que aunque el período estudiado inicia con el comienzo del Paro Nacional en Colombia, aunque ninguno de los eventos está relacionado con las protestas que sacuden al país desde esa fecha.

En la región del Pacífico, se han registrado desplazamientos en el departamento de Nariño, con 2.781 familias víctimas, mientras que el Cauca registró dos eventos de desplazamientos que afectaron a 141 familias, detalló.  

Para concluir, indicó que en cuanto a los confinamientos, grupos armados impiden que las personas salgan de sus casas. En el período considerado, se han registrado cuatro eventos de este tipo, con diez comunidades confinadas, lo que ha afectado a 3.335 personas.

Este informe se divulga cuando la actuación de la Defensoría en el paro nacional ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos, que han exigido la renuncia de su director, Carlos Camargo Asís, pues para estas organizaciones, la Defensoría perdió autonomía y parece más una dependencia del gobierno nacional.

(LaIguana.TV)