El Gobierno de Bolivia informó que investiga una supuesta entrega de municiones de guerra por parte del pasado Ejecutivo ecuatoriano de Lenin Moreno a la administración transitoria en este país de Jeanine Áñez (2019-2020), además de un préstamo de gases lacrimógenos.

«Hemos visto que el Gobierno ecuatoriano ha prestado gases (…) al Gobierno de la señora Jeanine Áñez; sin embargo, tenemos información extraoficial de que también habían proporcionado municiones de alto calibre, estamos hablando de municiones de guerra», dijo el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

El ministro hizo la declaración en una rueda de prensa improvisada tras un acto policial, ante consultas sobre la denuncia de un abogado defensor de exfuncionarios procesados de que la administración de Áñez recogió los materiales ecuatorianos en un avión de la Fuerza Aérea Boliviana.

¿Préstamo?

«Tenemos entendido que gran parte de los gases lacrimógenos eran en calidad de préstamo; veremos si la normativa legal de Ecuador permitía que Lenin Moreno saque armamento de guerra para destinarlo a otros países», dijo Del Castillo.

Añadió que las investigaciones, cuyos resultados prometió revelar a la brevedad posible, «determinarán si [las municiones] han sido adquiridas de forma regular o han sido adquiridas de forma irregular», y cuál ha sido su uso.

El abogado Gary Prado, que representa a dos exfuncionarios de Defensa, dijo previamente que el préstamo de gases lacrimógenos de Quito a La Paz ocurrió entre fines de 2019 y principios de 2020, cuando la administración de Áñez gestionaba una polémica compra de de esos materiales.

El entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, está arrestado desde mayo en Miami, Estados Unidos, acusado de lavado de dinero procedente de un sobreprecio de casi 2,4 millones de dólares pagados por Bolivia a un proveedor brasileño por intermedio de una empresa del país norteamericano.

Medios locales recordaron una declaración amenazante de Murillo, de principios de 2020, cuando dijo que tenía gases «prestados de unos amigos (…) para darles durante seis meses si alguien quiere hacerse al vivo».

El pasado Gobierno de Áñez está acusado también de la masacre de una treintena de manifestantes que fueron reprimidos por fuerzas combinadas de policías y militares, a fines de 2019.

(Sputnik)

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