América del Sur atraviesa momentos convulsos que impulsaron a Miguel Ángel Pérez Pirela a dedicar la edición 325 de su programa Desde Donde Sea a disertar en torno los recientes acontecimientos que se suceden en Perú, Colombia y Bolivia.

Pedro Castillo es virtualmente el próximo presidente de Perú y Keiko Fujimori roza la cárcel otra vez

Para comenzar su disertación refirió que, al momento de la emisión, la suerte parece estar echada en Perú y en función de los últimos resultados publicados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el profesor Pedro Castillo, de tendencia progresista, debería ser proclamado como el próximo presidente de esa nación.  

Sin embargo, destacó que su rival, Keiko Fujimori, además de resultar derrotada en la elección, deberá afrontar a la justicia de su país, pues la Fiscalía de Perú solicitó al Poder Judicial que se le revoque la comparecencia con restricciones y se le imponga prisión preventiva por presuntos delitos de corrupción cometidos en el caso Lava Jato, de acuerdo con lo informado por medios locales.

En su juicio, estos dos eventos indican que, «al menos que haya un apagón o la OEA meta sus garras, el profesor Castillo es el próximo presidente de Perú y Keiko Fujimori terminará en prisión», apuntó.

En ese orden, citó lo expresado por el fiscal Domingo Pérez en el documento que dirigiera al Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Crimen Organizado, en el que arguyó que «estando al incumplimiento de la regla de conducta que obliga a no comunicarse con los testigos del proceso», solicita «que se revoque la comparecencia con restricciones y se dicte nuevamente prisión preventiva contra la acusada Keiko Fujimori Higuchi».

Pérez Pirela explicó que Fujimori es investigada por el equipo fiscal Lava Jato por presuntamente haber cometido el delito de lavado de activos, al recibir dinero de la constructora Odebrecht para financiar su campaña a la presidencia en 2011.

Además, indicó que Pérez es parte del equipo Lava Jato y está a cargo de las investigaciones contra la candidata derechista y fundamentó su solicitud señalando que Fujimori se ha reunido con el testigo de su caso, el abogado Miguel Torres, quien es militante de su partido Fuerza Popular, un hecho que violaría las reglas del régimen de comparecencia con restricciones que pesa sobre ella, que le impiden hablar o reunirse con los testigos.

Como evidencia, el fiscal puntualizó que el 9 de junio, Fujimori realizó una conferencia de prensa en la que anunció que su partido pedirá la nulidad de 802 mesas de sufragio por supuestas irregularidades en el balotaje celebrado el 6 de junio, en la que estaba acompañada por el testigo Miguel Torres, quien se presentó como abogado de Fuerza Popular.

De acuerdo con el documento fiscal enviado al juez Víctor Zúñiga Urday al que hizo referencia el experto, Keiko Fujimori tiene conocimiento de que Miguel Torres fue ofrecido como testigo en su caso, según un oficio enviado el 4 de junio y, además, se precisa que en septiembre de 2020 él ya había declarado como parte del proceso, un hecho que luego Torres negó en un encuentro con los medios.

Pérez Pirela también recordó que Fujimori ya estuvo en prisión preventiva entre octubre de 2018 y abril de 2020 por la misma causa.

A modo de contraste, comentó que desde las sierras peruanas, este jueves ha comenzado a movilizarse la «Marcha de la Victoria», que reúne a simpatizantes de Castillo provenientes de las «14 regiones más importantes» del Perú y tiene como destino la ciudad de Lima.  

Sin embargo, pese a que la victoria del candidato izquierdista parece ser inevitable, relató que mientras la ONPE finaliza el conteo de los votos, la tensión en las calles limeñas va en aumento y los partidarios de los dos candidatos han protagonizado enfrentamientos, detonados especialmente por la rueda de prensa en la que la candidata del fujimorismo cantó fraude, lo que impulsó a sus simpatizantes a exigir que se respete la elección que hicieron el 6 de junio.

En su opinión, se trata de una estrategia similar a la que siguieran los seguidores de Donald Trump cuando asaltaron el Capitolio de los Estados Unidos, una semejanza que también advirtiera el expresidente boliviano Evo Morales, quien sostuvo que el discurso de Keiko Fujimori era «un calco» del que profiriera Trump cuando estaba perdiendo las elecciones.

A estos fines, rescató lo sintetizado en el artículo «¿Keiko Fujimori repite el discurso de Trump?» publicado en el portal de LaIguana.TV, en el que se cita un tuit de Morales sobre el tema: «El mismo discurso de la derecha racista, fascista y golpista: denuncia ‘fraude’ sin pruebas y atenta contra la democracia que dice defender. Trump en Estados Unidos, Mesa en Bolivia y Fujimori en Perú repiten la misma mentira y desconocen el voto del pueblo. Que se respete el resultado».

Los consejos de Evo para Castillo sobre la OEA y Almagro

Sin salir de la coyuntura electoral peruana, Pérez Pirela indicó que el líder boliviano ha seguido de cerca del desarrollo de estos eventos y aprovechó la ocasión para criticar duramente a Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), no solo por su actuación injerencista en los eventos de la región sino por su experiencia con el organismo en las elecciones en Bolivia en 2019, que terminaron en un golpe de Estado en su contra.

«Desde mi experiencia, sugiero al compañero Castillo no confiar en la OEA ni en Luis Almagro. Todas las instituciones y la comunidad internacional deben respetar el resultado de la voluntad soberana del pueblo peruano», escribió Evo Morales en un trino que, para el comunicador, es histórico, pues aunque en aquella ocasión se impuso electoralmente de manera arrolladora y lideraba un país con una de las dos economías más prósperas del continente, eso no le bastó para mantenerse en el poder y la OEA logró derrocarlo.

Sobre este tema, recordó, Morales reflexionó en una entrevista que le concediera en 2020 para Desde Donde Sea mientras aún se encontraba exilado en Argentina, en la que calificó a la institución encabezada por Luis Almagro como un instrumento imperial para la intervención en América Latina y relató la manera como se consumó el golpe de Estado a partir de un informe falso en el que se acusaba a su gobierno de orquestar un fraude electoral.

De manera tal que, en su opinión, la recomendación que el expresidente le ofrendara al profesor Castillo, es coherente con la explicación que detallara durante la entrevista de 2020, pues vivió en la carne la injerencia de la OEA y sabe perfectamente de lo que es capaz de hacer esa instancia.

Sin embargo, apuntó que en el caso boliviano, apenas un año después los planes de la OEA se fueron a pique, cuando el Movimiento Al Socialismo (MAS), partido de Morales, arrasó en las elecciones presidenciales y la gobernante de facto, Jeanine Áñez, que había recibido el espaldarazo de Almagro, acabó en la cárcel.

Para concluir el reporte sobre Perú, compartió con la audiencia el último boletín de la ONPE, según el cual sigue adelante Perú Libre, que con el candidato Pedro Castillo acumula hasta el momento 8.806.107 votos, y por detrás está Fuerza Popular, que registra 8.738.532 votos, cuando faltan 126.305 votos por contabilizar y la diferencia es de 67.575 votos a favor de Castillo.

«Estos números nos dicen que el profesor Castillo es presidente del Perú. Tendría que suceder algo anormal para que esto no se concrete», dijo, para cerrar el tema.

El terror sigue desatado en Colombia, a pesar de la visita de la CIDH

Seguidamente, Pérez Pirela presentó una actualización de los terribles saldos que ha dejado la represión de la fuerza pública, en el marco de las protestas antigubernamentales que sacuden a Colombia desde el pasado 28 de abril.

A ese respecto, enfatizó que Almagro, a quien el actual canciller mexicano Marcelo Ebrad ha descrito como el secretario con «la peor gestión de la historia» de la OEA, guarda una conveniente distancia sobre las recurrentes denuncias de violaciones de los derechos humanos en Colombia, durante los 44 días de paro ininterrumpido.

Así, según el informe elaborado en conjunto por las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) Indepaz y PAIIS y que fuera entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el saldo de es de al menos 3.798 víctimas de violencia por parte de miembros de la fuerza pública, distribuidas así: 1.248 víctimas de violencia física, 4.167 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la fuerza pública, 1.649 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, 705 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas, 65 víctimas de agresiones oculares, 187 casos de disparos de arma de fuego, 25 víctimas de violencia sexual y 6 víctimas de violencia basada en género.

El analista añadió que el documento cuenta con 64 páginas y cualquier persona puede acceder a él a través de la cuenta de Twitter de Indepaz, @Indepaz.

Por otro lado, destacó que aunque una comisión de la CIDH está de visita en el país, este miércoles en la noche varias ciudades de Colombia vivieron otra noche de represión y violencia, con saldo preliminar de un asesinado y más de medio centenar de heridos.

De acuerdo con lo recogido en un video de La Otra TV, desde el terreno y que fuera reproducido durante la transmisión, la Policía disparó gases y balines de goma contra los manifestantes a menos de tres metros y aprehendió a algunos empleando tratos vejatorios como empujones y jaloneos, a pesar de que las personas no ofrecían resistencia.

Empero, en el audiovisual también se muestra cómo los ciudadanos le recuerdan a los agentes que la ley les permite grabar cualquier procedimiento policial mientras no interfieran con su ejecución y demandan a las autoridades una reforma del ente.

El incidente documentado por La Otra TV, explicó el también director de LaIguana.TV, recoge los momentos cuando efectivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional lanzaron gases lacrimógenos contra manifestantes en el sector Andrés Sanín en la ciudad de Cali, en el que al menos una persona fue asesinada y 35 más fueron heridas, según reportaron medios locales.

Esta situación se repitió, con acaso ninguna variación, en la ciudad de Medellín, ubicada en el noroccidente colombiano, cuando una movilización fue reprimida en horas de la noche por los cuerpos de seguridad, arrojando un saldo inicial de 23 heridos, la mayoría por quemaduras, laceraciones y asfixia, siguiendo lo publicado por Colombia Informa en Twitter.

La represión también alcanzó a Bogotá, pues en el sector Yomasa, en el sur de la ciudad, la capital del país, la fuerza pública arremetió contra la población que protestaba, con un saldo de varios heridos, según denuncias de la comunidad y en la mañana, un grupo de indígenas colombianos de la etnia Misak intentó derribar una estatua de Cristóbal Colón y otra de Isabel I, La Católica, localizadas en cercanías del aeropuerto El Dorado, como parte de la ‘Toma de Bogotá’, convocada por el Comité Nacional del Paro (CNP).

Asimismo, relató el comunicador, la jornada, que comenzó en la mañana del 9 de junio con una serie de manifestaciones y bloqueos en varios puntos de la ciudad, afectó el tránsito de buses del sistema de transporte masivo Transmilenio, al punto de dejar 49 estaciones fuera de servicio, dijo la compañía.

Por su parte –y a contrapelo de todos los informes y evidencias disponibles– la Secretaría de Gobierno de Bogotá en aseguró en un comunicado que «los enfrentamientos para contener las acciones violentas y alteraciones al orden público –eufemismo que usan para referirse a la represión– durante la jornada de protestas (…) dejaron 68 personas heridas: 36 policías y 32 civiles».

Pérez Pirela insistió que este reporte, al que tildó de «gobiernero», contradice plenamente con los informes debidamente documentados que han publicado distintas organizaciones de derechos humanos, en los que se evidencia que la mayoría de las víctimas de la violencia acaecida durante las manifestaciones, son civiles que han sido atacados brutalmente por la fuerza pública.

La versión oficial inclusive ha sido desmentida por la ONG Human Rights Watch (HRW), abiertamente ligada al poder en Washington, que denunció «abusos gravísimos» de la Policía contra los manifestantes en Colombia, como lo anunciara el senador colombiano Iván Cepeda, que ha estado «muy activo» en la denuncia de lo que está pasando en su país, mencionó Pérez Pirela.

En un trino, Cepeda aseguró que HRW «documenta que al menos 220 de las víctimas de las protestas contra el Gobierno de Iván Duque han muerto a manos de los uniformados».

Ante las denuncias sostenidas de violencia policial en las protestas, la respuesta del Gobierno del presidente Iván Duque ha sido anunciar una «transformación» del cuerpo, explicó el filósofo venezolano.

Concretamente, el mandatario prometió cambiar la imagen institucional y profesionalizar a los agentes en pos del respeto a los derechos humanos, si bien no está dispuesto a separar a la Policía del Ministerio de Defensa, que también será reformado por medio de un decreto en el que se contempla la creación de un Viceministerio de Política de Defensa y Seguridad Ciudadana y la regulación de la comercialización, porte y uso de armas traumáticas —armas con cañón abierto que disparan balines metálicos o gomas—, cuyo uso por particulares ha sido denunciado en el marco de las protestas que se realizan en el país desde el pasado 28 de abril.

Por su parte, Juanita Goebertus, representante a la Cámara por el partido opositor Alianza Verde, escribió en Twitter: «Se equivoca el presidente anunciando reformas a la Policía sin un proceso amplio de escucha y discusión con todos los sectores».

En general, redondeó, las reformas anunciadas parecen ser más bien de carácter «cosmético» y no son suficientes para prevenir violaciones de derechos humanos y garantizar justicia por los abusos, puesto que la Fiscalía, que adelanta investigaciones penales, tampoco ha logrado avances suficientes en sus investigaciones sobre abusos cometidos durante esas manifestaciones.

Gustavo Petro a Duque: «Los hemos invitado a un pacto social, pero la respuesta ignorante es el plomo»

Todavía en Colombia, pero enfocándose en los efectos de la negativa de Duque a concertar  y honrar acuerdos con el Comité Nacional del Paro (CNP), Miguel Ángel Pérez Pirela compartió ‘in extenso’ el mensaje a los colombianos que difundiera el senador Gustavo Petro, principal líder de la oposición y favorito en las encuestas para hacerse con la presidencia.

Así, comentó que en sus reflexiones, Petro señaló: «los hemos invitado a un pacto social, pero la respuesta ignorante es el plomo», haciendo alusión a la oportunidad que se presentó con la negociación, ahora interrumpida, entre el gobierno de Duque y el Comité de Paro Nacional.

En este sentido, trajo a colación una nota publicada en LaIguana.TV bajo el título: Los bloqueos se convierten en trampa para asesinatos»: Petro aclara su postura sobre las protestas, en la que se precisa que el congresista denunció que «el uso de las barricadas en las movilizaciones genera las condiciones para el asesinato sistemático de decenas de jóvenes en manos del gobierno».

En otro punto de su intervención, aseguró que «Colombia hoy no entiende a su juventud, a sus hijos(…) una sociedad que no entiende a sus hijos y los condena al asesinato, y un gobierno que por proteger una política de entrega del erario a los banqueros, que dejó a la gente en el hambre y el desempleo, no puede entender que lo que necesita esa juventud es ser escuchada», al tiempo que manifestó su disposición a escucharlos.

Adicionalmente, el senador enfatizó que había hecho de la paz el eje rector de su política, razón por la cual no ha participado en la organización de la protesta popular, devenida hoy «en un verdadero estallido social» del que responsabiliza directamente al gobierno, dada su «incapacidad» e «insensibilidad» para atender las demandas populares.

Petro también sostuvo que la administración de Iván Duque preparó una «maquinaria de muerte con los dineros que debían ser usados para combatir la pandemia», puesto que «el uribismo convirtió a la juventud en el enemigo interno».

En ese orden, criticó a las personas que aplauden la represión, amparándose en el hecho de que se trata de personas pobres, recordó que la sangre de esas personas asesinadas y cuyos sueños fueron frustrados, no se diferencia de la que corre por las venas de sus propios hijos e insistió en que el discurso de la otra Colombia, hoy levantada, merece ser escuchado y comprendido.

Se desmorona la estructura del gobierno de facto de Jeanine Áñez en Bolivia

Cual piezas de dominó, los funcionarios que sirvieron al gobierno de facto de Jeanine Áñez caen uno a uno, asunto del que ahora la oposición al gobierno del presidente Luis Arce intenta deslindarse a toda costa, pues el Poder Judicial boliviano avanza investigaciones sobre los presuntos delitos cometidos por Áñez y su camarilla.

Sobre esto, Pérez Pirela indicó que el arresto en los Estados Unidos de Arturo Murillo, exministro de Gobierno de Áñez, provocó un temblor en la política interior boliviana, que amenaza con tumbar a varias fichas protagonistas del golpe de Estado del 2019.

El politólogo Marcelo Arequipa dijo a la agencia Sputnik que con la caída de Murillo, «se derrumbó la imagen política del gobierno de la señora Áñez. Seguido a ello, este hecho de corrupción desportilla a todo el bloque de oposición política al MAS».

Así las cosas, relató que la caída en desgracia de Murillo causó, en un primer momento, una avalancha de negadores: nadie lo conocía, nadie lo había recomendado para el cargo, todos los integrantes del gabinete de Áñez aseguraron que siempre lo habían criticado, aunque por lo bajo.

La situación, sin embargo, no es novedosa en sí, pues ya antes casi todos se desentendieron de Áñez, quien también está implicada en el caso «gases» —llamado así por la compra fraudulenta de gases lacrimógenos en Estados Unidos a cargo de Murillo—, pues firmó la salida de 5,6 millones de dólares del Banco Central boliviano para la transacción.

Esta investigación, agregó Arequipa, «encuadra al señor Murillo como uno de los personajes más peligrosos y funestos de la historia política reciente de este país».

El comunicador venezolano detalló que Murillo fue detenido en Florida, Estados Unidos, acusado de lavado de dinero y de participar en sobornos para la compra de material represivo para la Policía boliviana y si bien esta causa se desarrolla en el país del norte, en Bolivia se iniciaron investigaciones por el mismo hecho por el que fueron llamados quienes integraron el gabinete de Áñez e inclusive, ella misma brindó declaraciones.

En relación con el caso que se sigue en los Estados Unidos, apuntó que hasta el momento hay cinco personas involucradas en este caso, entre ellas Murillo, mientras que en Boliviahay cuatro los detenidos: dos exfuncionarios del ministerio de Defensa, así como el excuñado de Murillo, Daniel Aliss, y su exedecán, el capitán Daniel Bellot.

La detención de Aliss –quien es cuñado del exministro Murillo– en Cochabamba, fue difundida en un video a través de las redes sociales y se produjo mientras retiraba dinero y objetos de valor de una caja de seguridad del Banco Nacional de Bolivia.
 
«El apresamiento de Murillo propició la caída del aparato discursivo que sostuvo al gobierno de Áñez y que dio argumentos a algunos opositores para legitimarse en las elecciones subnacionales de abril pasado, cuando varios políticos pititas accedieron a cargos de poder, como alcaldías y gobernaciones», puntualizó Pérez Pirela.

Entre los implicados está el exministro de Obras Públicas de Áñez, Iván Arias, devenido alcalde de La Paz, quien fue citado a declarar como testigo del caso «gases» y a la salida del juzgado, sermoneó ante la prensa, presentándose como un agente ajeno a toda práctica ilícita.

«Uno de los aspectos que más ha afectado a la credibilidad de la democracia es la corrupción. En estas circunstancias, el peso de la ley debe sancionar a cualquiera que sea encontrado culpable», sostuvo Arias.

De otra parte, siguiendo lo declarado por el Procurador General, Wilfredo Chávez, el analista criollo mencionó que aunque a Murillo se le condenara en Estados Unidos por lavado de dinero, ello no impedirá su posterior extradición a Bolivia para que enfrente otros juicios por el mismo caso y otras denuncias.

«Las causas de allá no se vinculan con las de acá, porque son hechos diferentes; la extradición que se tramita en Bolivia no va a impedir que allá el señor Murillo y sus cómplices cumplan condena, son dos temas diferentes», aseguró Chávez en conferencia de prensa.

Trascendió, asimismo, que esta autoridad hizo la declaración a su regreso de Miami (Estados Unidos), donde asistió el 7 de junio al aplazamiento, hasta el 9 de julio, de la audiencia de lectura de cargos contra Murillo, quien está detenido desde hace poco más de dos semanas y cuyas autoridades acusan de dirigir una operación de lavado de dinero procedente de un sobreprecio de hasta 2,4 millones de dólares en una compra de materiales antidisturbios para la Policía.

Pese a estas imputaciones, el Procurador sostuvo que la Fiscalía de Bolivia lo requiere para juzgarlo por otros delitos resultantes del mismo caso, como contratos ilegales, daño económico y abuso de autoridad, entre otros.

«La exgobernante de facto Áñez y su gabinete ministerial han sido citados también a declarar en Bolivia, inicialmente como testigos, por haber firmado tres decretos que autorizaron la compra urgente de materiales antidisturbios hecha por Murillo a un proveedor brasileño a través de un intermediario estadounidense», señaló el experto.

Además del proceso por el «caso gases lacrimógenos», Murillo y otros miembros del gobierno transitorio de Áñez enfrentan procesos ordinarios y de responsabilidades por el golpe que los llevó al poder en 2019: masacres, delitos financieros, violaciones de derechos humanos y otros crímenes presuntamente cometidos, agregó.

El caso de Murillo internamente se expande y sacude esferas todavía más altas, puesto que el día de hoy, el gobierno de Bolivia informó que investiga una supuesta entrega de municiones de guerra por parte del gobierno de Lenín Moreno en Ecuador al gobierno de facto de Áñez, además de un préstamo de gases lacrimógenos, según denunciara el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo,

«El funcionario hizo la declaración en una rueda de prensa improvisada tras un acto policial, ante consultas sobre la denuncia de un abogado defensor de exfuncionarios procesados de que la administración de Áñez recogió los materiales ecuatorianos en un avión de la Fuerza Aérea boliviana», resumió el venezolano.

Del Castillo detalló que las investigaciones pretenden determinar «si [las municiones] han sido adquiridas de forma regular o han sido adquiridas de forma irregular», conforme a lo previsto en las leyes ecuatorianas y peruanas, así como cuál ha sido su uso.

De su parte, el abogado Gary Prado, que representa a dos exfuncionarios de Defensa, dijo previamente que el préstamo de gases lacrimógenos de Quito a La Paz ocurrió entre fines de 2019 y principios de 2020, cuando la dictadura de Áñez gestionaba una polémica compra de esos materiales.

La interpelación a Del Castillo: entre golpes y jaladas de cabello

Como consecuencia de las acciones judiciales que se adelantan para sancionar a los responsables de estas irregularidades, el parlamento boliviano citó al ministro del Gobierno, Eduardo del Castillo para ser interpelado por la detención de la exgobernante de facto, Jeanine Áñez.

Sin embargo, el también narrador informó que la jornada se tornó violenta, gracias a un un cruce de golpes entre diputados opositores y oficialistas, que tuvo como protagonistas a los asambleístas Henry Montero (Creemos), Antonio Gabriel Colque (MAS), Tatiana Áñez (Creemos) y Maria Alanoca (MAS).

Según lo recogido en la nota periodística «A puño limpio: así terminó sesión en la que se debatía arresto de Áñez en Bolivia» que pueden consultarse en el portal de LaIguana.TV,
Montero y Colque provocaron la interrupción del debate al protagonizar una pelea con puñetazos y patadas en el hemiciclo y el caos se extendió cuando Tatiana Áñez y María Alanoca llevaron la pelea a otro sector de la sala tirándose de los cabellos hasta terminar ambas en el suelo.

En el texto se refiere que al reanudarse la sesión tras las trifulcas, el ministro de Gobierno completó entre gritos de protesta de los opositores un informe sobre las causas de la detención desde marzo pasado de Áñez, acusada de golpe de Estado contra el expresidente boliviano Evo Morales.

Por su lado, Del Castillo pidió un pacto para aprobar en el parlamento los juicios de responsabilidades que el gobierno planteó contra Áñez, por delitos de lesa humanidad, económicos y de otro tipo, pero los opositores ignoraron esa solicitud.

«¿Por qué no hacemos las tres bancadas una proposición acusatoria en contra de todo el gobierno (de facto) de Áñez por aprobar tres decretos supremos para robarse 2,3 millones de dólares para la compra de gases lacrimógenos? Si lo hacen nos vamos a dar cuenta que [los opositores] no son cómplices», sostuvo el ministro boliviano, de acuerdo con la reseña de Hispantv.
 
De este modo, después de casi cuatro horas, la sesión parlamentaria concluyó tras la aprobación del informe del ministro, quien fue aplaudido en las afueras del órgano legislativo por representantes de las víctimas de masacres ocurridas en los primeros días que Áñez tomó las riendas del país, en noviembre de 2019.

The Intercept: el gobierno de Trump estuvo detrás del golpe contra Evo Morales

Para redondear las referencias a los acontecimientos más recientes de Bolivia, Pérez Pirela comentó que la revista estadounidense The Intercept reveló en mayo de este año que el gobierno de Donald Trump estuvo detrás del golpe de Estado contra el entonces presidente de Bolivia, Evo Morales y se encargó de poner al frente del país a Jeanine Áñez, quien actualmente enfrenta un juicio por crímenes de lesa humanidad.

El periodista estadounidense Glenn Greenwald aseguró en un trabajo periodístico que los investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), Jack R. Williams y John Curiel, fueron amenazados por el departamento de Justicia de Estados Unidos durante la administración de Trump por la publicación de un informe en el que sostienen que no hubo fraude en las elecciones presidenciales de Bolivia de 2019.

«Los correos electrónicos a los expertos muestran la complicidad de la administración de Donald Trump» con el gobierno de Jeanine Áñez en Bolivia, afirmó el periodista, en cuyo reportaje se indica que el material muestra «la existencia de la investigación del departamento de Justicia y agrega evidencia para respaldar las acusaciones de Bolivia de que Estados Unidos estuvo implicado en su golpe de 2019».

Williams y Curiel objetaron el informe realizado por la Organización de Estados Americanos (OEA) que señalaba que hubo fraude en las elecciones de octubre de 2019 en Bolivia, que se usó para avalar la conspiración contra el presidente Morales.

«No existe ninguna evidencia de fraude en el informe de la OEA», publicaron los expertos en el periódico The Washington Post. A raíz de esta publicación, Greenwald asevera que comenzaron a recibir amenazas por parte del departamento de Justicia durante el gobierno de Donald Trump.

«Como siempre, Estados Unidos da golpes de Estado, los niega y hay que esperar meses o años a que desclasifiquen los archivos para que se compruebe que los denunciantes tenían razón», dijo Pérez Pirela para concluir el punto.

Banca extranjera bloquea los fondos cancelados por Venezuela a COVAX

Al cierre, el analista informó que los venezolanos que se encuentran a la espera de recibir la vacuna contra la COVID-19, fueron golpeados duramente hoy, puesto que a pesar de que el país canceló a COVAX el importe necesario para adquirir los fármacos, un banco extranjero decidió bloquearlos y someterlos a investigación.

Para ahondar en los detalles, leyó el artículo «Fondos de Venezuela depositados a COVAX fueron bloqueados por un banco» que puede consultarse en la página de LaIguana.TV, en el que se indica que la denuncia la formuló este jueves la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Por último, invitó a la audiencia a participar del Viernes de Filosofía en Desde Donde Sea, que mañana versará sobre el «Concepto de violencia desde la Filosofía y violencia política en Latinoamérica», a partir de una conversación con el filósofo argentino Nahuel Michalski.

(LaIguana.TV)

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