En Colombia no cesan los asesinatos selectivos, la represión, el paramilitarismo y las desapariciones forzadas, aunque, pese a ello, también persisten las protestas antigubernamentales que se suceden en el país desde el pasado 28 de abril. También se empeñan la inacción de las autoridades, el silencio de la mayor parte medios de comunicación y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de gran parte de los gobiernos en el orbe.

Así las cosas, en la edición 326 de su programa Desde Donde Sea, que se transmite de lunes a viernes a las 7 de la noche, hora de Venezuela, a través YouTube, Twitter e Instagram, Miguel Ángel Pérez Pirela presentó un recuento de los más recientes acontecimientos en el vecino país, donde el descontrol es tal, que una revista se permite publicar en portada una amenaza de muerte contra una figura de alto perfil y un expresidente laureado con el premio Nobel admite que durante su gestión como ministro de Defensa el Ejército masacró a civiles inocentes para cumplir con las «cuotas» impuestas por las autoridades

¿Asesinatos selectivos? Los casos de Lucas Villa y Junior Jein

Para entrar en materia, el analista refirió que un mes después de la muerte del profesor y estudiante colombiano Lucas Villa, han surgido versiones recientes sobre su asesinato que apuntalan la hipótesis que, más que tratarse de una acción derivada del contexto de represión que vive Colombia, apuntan hacia el asesinato selectivo.

A este respecto, recordó que el 5 de mayo, Villa manifestaba en su ciudad, Pereira y en medio de la represión recibió 8 balazos, tras lo cual permaneció en estado crítico durante seis días en el Hospital Universitario San Jorge de la ciudad de Pereira antes de fallecer y convertirse en la imagen de las agresiones letales que han sufrido los protestantes pacíficos de las movilizaciones que comenzaron el pasado 28 de abril contra el Gobierno de Iván Duque.

Empero, Pérez Pirela indicó que esta versión fue puesta en cuestión cuando un presunto testigo aseguró que su homicidio no habría sido al azar, sino una acción premeditada por las fuerzas estatales y narcotraficantes de la zona, que habrían sido cómplices en este crimen.

Específicamente, relató, el representante de víctimas de la violencia del departamento de Risaralda, Eisenhower Zapata, fue quien expuso la nueva versión cuya ancla sería el ya mencionado testigo dispuesto a declarar el presunto complot contra Villa.

De otro lado, John Giraldo, profesor universitario y amigo de Lucas Villa aseguró que el viaducto en el que se cometió el asesinato sería un punto clave para los negocios del narcotráfico entre Pereira y Dos Quebradas, puesto que justamente el día del asesinato se suspendió el servicio eléctrico en el viaducto, cosa que no había sucedido en días anteriores durante las protestas que se desarrollaron en el mismo lugar. Sostuvo, asimismo, que durante el ataque, Lucas habría sido apuntado con un láser en medio de la oscuridad.

En relación con la actuación de las autoridades con respecto a este suceso, apuntó que 38 días más tarde, las autoridades colombianas no han dado ni un solo avance del caso e incluso trascendió que algunas de las evidencias de interés criminalístico se perdieron, un indicio claro de que «en Colombia no se está haciendo justicia».

Para fundamentar lo dicho, compartió con la audiencia un video publicado por el portal NoticiasUNO, en el que se recogen los testimonios de Zapata y Giraldo y se apuntala la hipótesis que Lucas Villa habría podido ser víctima de asesinato selectivo.

Comentó, asimismo, que el jefe de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, Fernando Murillo, reconoció que no hay ningún dato que aportar a la investigación y distanció a los funcionarios de la fuerza pública del asesinato, que se hizo desde un carro particular.

«Echan tierra sobre el vil asesinato de este joven, cuyo único pecado fue denunciar que el Estado estaba asesinado a los manifestantes», añadió.

En un video difundido por Pronto Noticias Murillo dijo que «los elementos probatorios y de evidencia física» no habrían podido vincular a ningún agente de la Policía Nacional con el acontecimiento y que las placas aportadas por los denunciantes no pertenecían a ningún órgano de la fuerza pública colombiano.  

Lamentablemente, indicó el experto, el caso de Lucas Villa no es el único de un activista asesinado por sicarios, pues la madrugada de este lunes asesinaron al cantante y activista colombiano Junior Jein en las afueras de una discoteca ubicada al sur de la ciudad de Cali.

A su parecer, la visita de trabajo de la CIDH a Colombia la semana pasada «no sirvió para nada y «pareciera más bien que avivó las llamas», porque se continúa «masacrando a los jóvenes».

Con respecto al crimen, detalló que el artista de 38 años, reconocido como uno de los más importantes exponentes de la música urbana en el pacífico colombiano y de la salsa choke, recibió varios impactos de bala en una balacera registrada en el exterior del establecimiento.

Adicionalmente, mencionó que en 2020, Jein y otros artistas colombianos grabaron la canción «¿Quién los mató?», tema en el que exige justicia por los distintos asesinatos y masacres cometidas en Colombia y precisó que frecuentemente el intérprete denunciaba  la impunidad y aseguraba que en su país, «la vida de los negros no importa nada».

De acuerdo con el reporte aparecido en la versión colombiana de El País, hay dos arrestados por este hecho, ambos adultos varones, a los que se les incautó un fusil Colt AR-15 de calibre 5,56 milímetros y una pistola Glock de calibre nueve milímetros. Están ahora en «proceso de judicialización».

«Junior Jein fue un activista con profunda sensibilidad social, expresada en sus letras, y abierto oponente del Gobierno de Duque. En sus redes sociales, Jein fue explícito con su posición política y el apoyo a los manifestantes del paro nacional», apuntó el comunicador.

En este orden, mostró un video que el cantante difundiera en su cuenta de TikTok y que se viralizara en las redes sociales en el que compara la revuelta actual con el Bogotazo, advierte de las mentiras mediáticas y los asesinatos de la policía y suelta frases abiertamente críticas con el gobierno, como: «Y si Duque se emputa, que se empute esa rata».

Mientras tanto, las autoridades colombianas insisten en la estrategia de ofrecer 50 millones de pesos a quien dé información para el esclarecimiento del crimen de Junior Jein, ya implementada en el caso de Lucas Villa sin que se hayan reportado resultados satisfactorios.

En Cali, la resistencia popular se opone a la represión del Estado y los paramilitares

Desde otro ángulo del análisis de la violencia en Colombia, Pérez Pirela informó que el pasado 13 de junio, miles de colombianos asistieron a la inauguración del Monumento a la Resistencia en la ciudad de Cali.

«El monumento de doce metros de altura representa la lucha social contra el gobierno de Iván Duque, y tiene forma de un puño que sostiene la palabra ‘resiste’ con los colores de la bandera de Colombia», describió.

Sobre las cifras de la represión registradas durante casi un mes y medio de protestas continuadas, apuntó que diversas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) confirman más de 70 asesinatos y más de 3.000 casos de violencia por parte de la fuerza pública de Colombia.

Sin embargo, aseguró que el Estado no es el único que está ejerciendo violencia contra los caleños, pues en el populoso barrio Siloé, los pobladores denuncian que por las noches, la violencia se desata y civiles armados les obligan, con amenazas, a permanecer dentro de sus casas.

En un inciso, Pérez Pirela subrayó que se trata de prácticas paramilitares que obligan a Venezuela a mirarse en ese espejo, porque ya en algunos barrios de Caracas, grupos irregulares armados imponen su ley a la población.

Para cerrar este punto, comentó que tan solo una noche antes, en Cali, el senador Alexander López Maya, opositor al Gobierno de Duque, denunció a través de un video compartido en sus redes sociales el amedrentamiento que sufrían los vecinos del barrio Siloé, quienes son acosados abiertamente por civiles con armas.

Las desapariciones forzadas parecen ser asunto cotidiano en el Valle del Cauca

Tomando otro hilo de la compleja madeja que es Colombia, el también director de LaIguana.TV relató que líderes de derechos humanos han denunciado que en la ciudad de Buenaventura (Valle del Cauca) habría más desaparecidos que asesinados, aún considerando que muchas de las familias prefieren callar el flagelo.

A ese respecto, recuperó las declaraciones ofrecidas por Martha Giraldo, del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), quien sostiene que en el Valle del Cauca la gente no denuncia porque no confía en el Estado, porque cuando lo hace, los organismos competentes no buscan a sus seres queridos o son tardos en ofrecer una respuesta.

Según Giraldo, «ocultar esta situación es el mensaje que se le da a la comunidad. No hay un reconocimiento del crimen, ni del derecho de las víctimas a ser buscadas o a las familias de buscar. En la institucionalidad no se habla ni se trabaja en torno a esto», citó el filósofo venezolano.

Asimismo, trajo a colación la tabla y el mapa de desapariciones forzadas en Buenaventura elaborado por la Fundación Nydia Érika Bautista –que desde hace tres años ha trabajado en la documentación de lugares de inhumación y cementerios clandestinos en este distrito– y que publicara El Espectador.

El mapa, relató, muestra «lugares que reflejan al menos 18 casas de pique que existen o han existido en el distrito desde hace 15 años, 50 cementerios clandestinos, 21 cementerios de concreto, relativos a los proyectos que se construyeron en lugares donde se presume que existen personas desaparecidas enterradas, seis lugares de escombros o botaderos y 22 ‘acuafosas’ y ríos que usaron los grupos armados para desaparecer personas.

Dijo, asimismo, que en el trabajo periodístico del diario bogotano se «asevera que las bandas criminales que siguieron delinquiendo después de la desmovilización paramilitar en 2004, consolidaron las casas de pique como lugares de tortura y desmembramiento de personas».

De acuerdo con la versión relatada por testigos a la Fundación Nydia Érika Bautista, «eran casas corrientes de madera, abandonadas e inmersas dentro de los mismos barrios. La gente era sometida a escuchar los gritos y el sufrimiento de la persona a quien estaban desmembrando sin poder hacer nada al respecto».

Pese a las contundentes evidencias disponibles, Pérez Pirela destacó que «la existencia actual de las casas de pique es negada por las autoridades» locales y a pesar de que los residentes sostienen que «siguen funcionado en las fronteras de los barrios», el actual alcalde, Edwin Patiño, «dice que es un tema del pasado».

Las protestas de calle continúan y la represión no amaina, pese a la visita de la CIDH

En la siguiente sección del programa, el analista aportó datos relacionados con los informes de la represión ejercida por la fuerza pública colombiana en las manifestaciones antigubernamentales que consignaran ante la CIDH los organismos oficiales y distintas ONG, pues se trata de dos realidades contrapuestas.

Así, precisó que mientras la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo hablan de 84 personas «no localizadas», organizaciones de derechos humanos registran más de 700 desapariciones forzadas en las jornadas de protesta en el marco del paro nacional, que ya suman más de 40 días.

También indicó que el Fiscal General Francisco Barbosa le entregó a Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mientras estaba en visita de trabajo en Colombia, un informe en que se lee que «a la fecha, existen tres denuncias por la comisión del delito de desaparición forzada en el marco de la protesta».

Análogamente, la Defensoría del Pueblo reportó 10 quejas por esta misma conducta, lo que contrasta con lo recogido por diversas organizaciones sociales, que recogen más de 700 casos de desaparición forzada.

Para ilustrar lo dicho, recuperó los resultados de un informe elaborado por el el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) en Antioquia, en el que se computa que  «73 personas de las 240 reportadas como desaparecidas entre el 28 de abril y el 10 de junio en el marco del paro nacional siguen sin ningún rastro».

En el mismo orden, la ONG Temblores confirmó este domingo que junto a Indepaz entregó a una organización internacional de derechos humanos un informe sobre los hechos de represión perpetrados por la fuerza pública contra manifestaciones colombianos.

«En su más reciente informe, Temblores asevera que de acuerdo a las denuncias, en los 44 días de las masivas manifestaciones se reportaron 1.649 detenciones arbitrarias, al menos 346 desapariciones y 41 casos de homicidio, estos últimos presuntamente cometidos por la Policía Nacional», sintetizó el experto.

Mientras esto sucedía, agregó, funcionarios de la Policía capturaron en flagrancia a dos miembros del Clan del Golfo por el delito de utilización ilegal de uniformes e insignias de uso privativo de las fuerzas militares y de policía.

Según el relato policial reseñado por los medios colombianos, el operativo se llevó a cabo en la terminal de carga del Aeropuerto Los Garzones, cuando se recibía una encomienda proveniente de Bogotá que contenía 30 pantalones de uniformes camuflados pixelados, 90 cintelas pixeladas y 78 buzos pixelados con características similares a las prendas utilizadas en los uniformes del ejército nacional.

En este punto, Pérez Pirela se permitió una digresión, recordando que eso mismo había hecho el paramilitarismo en Venezuela durante el Gobierno del presidente Hugo Chávez: amedrentar a la población, establecer toques de queda nocturnos y usar atuendos militares del ejército venezolano, como se explica en su libro La invasión Paramilitar: Operación Daktari, coescrito con Luis Britto García.

Sin embargo, el analista matizó el parecido, precisando que en Colombia fue el Estado el que creó el paramilitarismo y es el que ahora consiente que estos grupos irregulares actúen en contra de los manifestantes, una situación que es añeja y que es la causa fundamental para que en Venezuela residan unos seis millones de colombianos –la quinta parte de toda la población total–, porque estas acciones derivan en el desplazamiento forzado de grandes grupos humanos.  

Por otra parte, cuestionó que pese a las atrocidades relatadas, la CIDH, en su condición de instancia adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA), opte por permanecer en silencio y que el Gobierno colombiano siempre esté presto para denunciar raudamente a Venezuela por supuestas violaciones a los derechos.  

A su parecer, esta conducta de dobles raseros la exhibe también Perú, sede del llamado Grupo de Lima, muy presto en cuestionar al Gobierno venezolano, pero incapaz de declarar quién fue el ganador de los comicios presidenciales del pasado 6 de junio, a pesar de que ya transcurrió una semana.

«¿Qué pasaría si lo mismo ocurriera en Venezuela? Entrarían los Cascos Azules, como mínimo», fustigó.

En el Brasil de Jair Bolsonaro, señaló, también se mantiene levantado el dedo acusatorio contra el Gobierno venezolano, pero nadie cuestione que pese al desastre sanitario y social que ha dejado tras sí la pésima gestión del Ejecutivo de la pandemia de COVID-19, se esté desarrollando la Copa América, donde compiten equipos diezmados porque la mitad de los jugadores tiene COVID-19 –contraído en ese país–, en aras de defender los intereses y las ganancias de las trasnacionales. Nadie dice nada, todos guardan silencio. Es un mundo de hipocresía.

De vuelta Colombia, país en el que, según él «por donde se mire», en el presente se sucede «una guerra civil», refirió que el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) disparó cañones de agua contra los manifestantes que se concentraron cerca del Portal de las Américas en Bogotá.

Lentes fotográficos captaron el momento en el que un manifestante repelido en la capital colombiana con el cañón de agua, literalmente vuela por causa de la fuerza con la que fue disparado el líquido.  

La agresión se produjo cuando cientos de personas se volvieron a dar cita en las calles de Bogotá para denunciar las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante las protestas del paro nacional contra el Gobierno de Iván Duque.

Para concluir con este inventario de acciones represivas, indicó que el Comité Nacional del Paro (CNP), instancia convocante de las protestas, se apartó de los diálogos con el Gobierno, después de que el Ejecutivo condicionara su continuación al levantamiento de los bloqueos en las carreteras del país.

Los «juegos de tronos» en la política interior colombiana

Para cerrar la edición, comentó que la actual situación política de Colombia se asemeja a las disputas de poder propias de un «juego de tronos», pues por un lado, el expresidente Juan Manuel Santos, quien ejerciera como ministro de Defensa de Álvaro Uribe Vélez entre 2002 y 2010 y recibiera el premio Nobel de la Paz, reconoció que durante esa administración, agentes del Estado asesinaron a miles de civiles que luego eran presentados como guerrilleros caídos en combate.

Con base en lo reseñado en el artículo publicado en el portal de LaIguana.TV bajo el título: «Escándalo: Santos reconoce los falsos positivos durante su gestión como ministro con Uribe», refirió que este viernes 11 de junio Santos reconoció que miles de civiles fueron ejecutados por militares en Colombia por la presión que recibieron para dar resultados en la lucha contra la guerrilla y pidió perdón a las víctimas de esos crímenes.

«No me cabe la menor duda de que el pecado original, lo que en el fondo dio pie para estas atrocidades, fue la presión para producir bajas» así como «los premios por lograrlo», citó Pérez Pirela, que además cuestionó la declaraciones por proceder de alguien que obtuvo el Nobel de la Paz.

En el texto también se indica que el alto mando militar de Colombia siempre ha negado que los asesinatos, incentivados por un ‘body count’ o conteo premiado de cuerpos, fueran una práctica sistemática en el Ejército, pero Santos afirmó que son «una mancha indeleble en el honor de un Ejército que tiene sobrados motivos para vanagloriarse, pero que también debe tener la entereza para reconocer la verdad y pedir perdón. Es una de las formas para resarcir el daño».

El comunicador recordó que los llamados «falsos positivos», que no son más que el eufemismo con el que en el Ejército se refiere a las ejecuciones de civiles, se han hecho públicas luego de que oficiales y soldados han confesado su participación ante el Tribunal de Paz, en busca de beneficios penales.

En otro incidente, relató que la revista Semana volvió a escribir otra página oscura en el periodismo colombiano, pues insiste en abonar el «peligroso terreno de violencia contra el senador Gustavo Petro», esta vez con una portada en la que un exfuncionario vinculado con hechos de corrupción asegura que este «nunca será presidente».

Petro, de su parte, le salió al paso a la publicación, calificándola en Twitter como una nueva «amenaza» y recordando las vinculaciones de su acusador, un exministro, con Odebrecht, pues formó parte del grupo perteneciente a los partidos tradicionales a los que la compañía pagó 50 millones de dólares.

Por último, mencionó que mientras se teje esta trama contra Petro desde los medios de comunicación, una encuesta telefónica hecha por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) este mismo mes de junio, revela que 30% de los colombianos lo apoyarían con sus votos la presidencia, un dato que, en el criterio de Pérez Pirela, permite comprender el por qué lo amenazan de muerte desde la revista Semana.

Por su parte, el analista León Valencia, quien compartió estos resultados en Twitter, sostiene que esa «foto sobre la intención de voto en el momento refleja la profunda inconformidad del país», al tiempo que la derecha y el uribismo absolutamente relegados».

En esta misma encuesta se conoció que el 75% de los colombianos aprueba el paro nacional y el 60% de los ciudadanos consideran que las fuerzas de seguridad han reprimido de forma excesiva las protestas, evidenciando un marcado malestar con la situación política actual y el accionar del gobierno de Duque, una información que puede ampliarse si se consulta en  el artículo «Contundente rechazo a la gestión de Duque: 75% de los colombianos apoya las protestas (+CELAG)», publicado en el portal de LaIguana.TV.

Y en medio de toda la crisis social y la tensión política, Duque sigue cayendo en las encuestas y, además, Colombia reportó este domingo 586 personas fallecidas por COVID-19, lo que constituye una nueva cifra récord de decesos en ese país, que atraviesa la tercera ola de la pandemia, aseguró Pérez Pirela.

Para cerrar la emisión, consultó a la audiencia si en sus países se había informado de las masacres, del amedrentamiento nocturno que ejercen bandas paramilitares o de las innúmeras violaciones a los derechos humanos que se suceden en Colombia. Los usuarios reportaron que en Estados Unidos, Costa Rica, Canadá, Puerto Rico, Ecuador, Trinidad y Tobago, México, Guatemala, España, Brasil, Alemania, Argentina o Chile, los medios no han reportado nada sobre la gravísima situación en el vecino país.  

«Es la triste realidad. Es un mundo hipócrita, donde se le está sacando los ojos a los jóvenes, violando a los jóvenes por protestar, masacrándolos, desapareciéndolos y no dicen nada», reflexionó, antes de despedir con la sección Dale Play, en la que el cantautor venezolano José Delgado interpretó el tema «Uno es un casabe», grabado en estudios de LaIguana.TV.

(LaIguana.TV)

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