La vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, aseguró que 25 personas murieron en el marco de las protestas en contra del Gobierno y en tres de esos casos hay policías involucrados, luego de que la Oficina de Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señalara que son 59 las víctimas mortales.
 
«Hoy tenemos ya 25 casos de personas fallecidas en el marco de la protesta; hay cuatro homicidios que están totalmente esclarecidos y tres de ellos, desafortunadamente, tienen la participación de miembros de la Policía Nacional», dijo Ramírez en declaraciones a la prensa tras una reunión, en Bogotá, con la representante en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero.
 
«Es muy doloroso esto, pero también nos da la perfecta certeza y la plena confianza de que, en el Estado colombiano, no hay y no habrá, por ningún motivo, tolerancia frente a ningún caso de violación de los Derechos Humanos», agregó Ramírez.
El 23 de junio, en la sesión inaugural del Consejo de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, aseguró que se han confirmado 54 fallecimientos durante las protestas en el país.
 
Tras las declaraciones de Bachelet ese día, Alicia Arango, embajadora de Colombia ante la Organización de Naciones Unidas, señaló que la funcionaria «se equivoca» al presentar esas cifras, lo cual «le hace daño» a Colombia, aseguró.
 
«Cuando la señora Bachelet dice que hay 54 muertos por el paro se equivoca, y eso le hace daño al país, porque el país lo que quiere es la verdad», dijo Arango.
A raíz de esa situación, Ramírez y de Rivero se reunieron en la sede de la Cancillería, en el centro histórico de Bogotá, pero la funcionaria colombiana se refirió a 59 casos y no a 54, que fueron los que mencionó Bachelet.
 
«Hemos pedido a la doctora Juliette de Rivero y a la Oficina de la Alta Comisionada tener un gran cuidado con el manejo de las cifras (…), 59 casos en los que la gente dice que se produjeron muertes relacionadas con la protesta, pues no son muertes que estén comprobadas, no son investigaciones que estén en este momento atribuidas a la Policía y por eso es importante la precisión en las cifras», acotó Ramírez.
 
Asimismo, aseguró que otras muertes registradas en el periodo de las protestas «se están investigando y se tiene que conocer cuál fue la causa de esas muertes».
 
Por su parte, de Rivero, quien dio sus declaraciones en conjunto con Ramírez, dijo que la ONU sigue todas las denuncias que ha recibido sobre muertes y violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas.
 
«Estamos dando seguimiento a todas las alegaciones que hemos recibido», aseguró.
 
Asimismo, destacó que continuará los diálogos con el Gobierno colombiano «para ir informando de este trabajo de sistematización (…) con relación a estos hechos, tanto con lo que tiene que ver con afectaciones de derechos humanos que ha habido en este periodo como a presuntas violaciones».
 
Por último, destacó que para la ONU es muy importante que el Gobierno haya declarado la política de «cero tolerancia» a abusos de derechos humanos y que se estén investigando los casos que se han conocido de excesos por parte de la Fuerza Pública y que los mismos sean tratados por la justicia ordinaria.
 
Las principales centrales obreras del país lideraron una serie de protestas del 28 de abril al 15 de junio en contra del Gobierno, en el marco de lo cual se denunciaron violaciones a los derechos humanos, lo que motivó una visita al país del 7 al 10 de junio de delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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