Desde el pasado 19 de julio, más de 4.000 personas se han visto forzadas a abandonar sus hogares en las veredas del municipio de Ituango, en el norte del departamento de Antioquía, bajo amenazas de grupos criminales que se disputan el control del territorio. Organizaciones de derechos humanos denuncian falta de garantías para su retorno.   

Atrás quedaron sus casas, con las fotografías colgadas en las paredes, la ropa ordenada en los armarios, la vajilla sin lavar, quizás el fuego aún caliente en las estufas. En los potreros los animales; cerdos, gallinas, ovejas, vacas, que esperan quién les dé de comer. Los campos verdes sembrados, florecidos, listos para cosechar sus frutos, su modo de subsistencia. 

Más de 4.090 personas, entre ellos 1.300 menores de edad, han tenido que abandonar sus proyectos de vida en una treintena de veredas del municipio de Ituango, en el norte del departamento de Antioquía. Desde el pasado 19 de julio comenzaron a salir apresuradamente de sus hogares en la madrugada, cargando a los más pequeños en brazos y el miedo de un camino inestable por las lluvias torrenciales. 

El mayor desplazamiento forzoso de la historia reciente del país 

El de Ituango es el mayor desplazamiento forzoso de los últimos años, pero las familias campesinas que habitan el campo del norte antioqueño saben lo que es dejarlo todo por culpa del conflicto armado, no es la primera vez que huyen. 

«Hubo otros en años anteriores, no de esta magnitud, pero sí de 1.000, 2.000 o incluso de 3.000 personas. El más reciente en febrero, fueron 200 campesinos», señala a France 24 Isabel Cristina Zuleta, ambientalista y miembro de la organización Movimiento Ríos Vivos, reiterando que estos ciudadanos llevan «una historia de varios años consecutivos con desplazamientos masivos». 

Un mensaje por WhatsApp que corrió, como solo lo hacen las malas noticias, entre las veredas de la cordillera occidental de Colombia. Un aviso: deben irse o los matarán. Después la disyuntiva: ¿quedarse a proteger sus medios de vida, enfrentándose a morir, o el éxodo conocido y obligado? 

«Este fenómeno ocurre después de que el grupo disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) los amenaza con que deben salir del territorio porque posiblemente se van a enfrentar a otro grupo con el cuál se están disputando el poder: las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), una estructura paramilitar», dice a través del teléfono Yesid Zapata, de la Corporación Jurídica Libertad. 

Así fue como caminando o en chiva (los populares autobuses de colores del país andino), los campesinos prefirieron resguardar sus vidas con el desplazamiento ante de las amenazas de las disidencias de las FARC, antigua exguerrilla colombiana, y los grupos paramilitares que operan en la zona. Su presencia, al igual que las historias de desplazamiento forzado, es también histórica. 

Zuleta apunta a que hoy están cambiando la configuración de esos grupos, «históricamente, el control lo tenía el Frente 18 de las FARC. Hoy son las disidencias de tres frentes distintos de las antiguas FARC: las disidencias del 18, del quinto y del 36. Además, hay presencia de grupos paramilitares», como el Clan del Golfo o las AGC, estrechamente ligados al narcotráfico. 

Los campesinos desplazados, atrapados entre el conflicto y las lluvias 

En la pequeña ciudad de Ituango se resguardan en improvisados y abarrotados albergues las más de 1.600 familias desplazadas. Con todas las vías de acceso cerradas por los derrumbes, se teme que se queden sin suministros para su atención. Los campesinos, «al encontrarse abandonados por el Estado, deciden salir de sus tierras y desplazarse al casco urbano de la misma manera que lo han hecho durante muchos años cada vez que situaciones como estas se presentan», dice Zapata. 

Tanto Zapata como Zuleta y otras organizaciones humanitarias denuncian que este desplazamiento forzado, que constituye un crimen de lesa humanidad, responde a la inacción del Gobierno nacional. «Que se repita demuestra la falta de voluntad del Gobierno nacional y departamental de tratar de brindar todas las garantías para que estas comunidades tengan el derecho a la tierra, a la vida», critica Zapata, señalando que el Gobierno de Iván Duque está incumpliendo con los Acuerdos de Paz, firmados en 2016 para poner fin a más de cinco décadas de conflicto armado y guerrillas en el país. 

Precisamente, en esa región antioqueña, controlada por los grupos ilegales, durante los años 90 el conflicto dejó cientos de muertes, masacres y asesinatos de líderes sociales. 

Por su parte, las autoridades colombianas como el ministro del Interior, Daniel Palacios, y la Defensoría del Pueblo, se trasladaron por vía aérea al municipio para evaluar la crisis humanitaria. «En materia de la atención a la crisis humanitaria, desde el Gobierno nacional, en colaboración con la Gobernación de Antioquia, se han dispuesto casi 70 toneladas de ayuda humanitaria, de las cuales seis hicieron su ingreso al municipio», dijo el miércoles Palacios. 

Sin embargo, Zapata denuncia que las autoridades colombianas estaban advertidas de esta crisis humanitaria, después de que emitieran una alerta 040 de la Defensoría del Pueblo, advirtiendo no solo del desplazamiento masivo, sino también alertando de posibles masacres, asesinatos selectivos, reclutamiento de menores, violencias basadas en género y otros tipos de violaciones de derechos humanos. «Nunca la institucionalidad ni la Gobernación ni la Alcaldía ni el Gobierno nacional quisieron atender de manera responsable esta situación», se queja el defensor de derechos humanos. 

Más de 44.000 personas fueron desplazadas forzosamente en 2021 

Con la firma de los Acuerdos de Paz, el Gobierno colombiano se comprometió, entre otras cosas, a brindarle garantías de paz a las comunidades afectadas por la violencia sistemática en el marco del conflicto armado. También la garantía de no repetición, una vez más incumplida, como demuestra el último gran desplazamiento masivo en el país. De hecho, durante el primer semestre de este año, el desplazamiento masivo y forzado en Colombia se duplicó respecto al año anterior, afectando a más de 44.000 personas, según un informe de la Defensoría del Pueblo: «vemos un aumento del 100% en los eventos de desplazamiento», reza el documento. 

Por ello, tanto Naciones Unidas como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se han hecho eco de la situación que sufre la población desplazada en Ituango y han mostrado su preocupación. «CIDH recuerda que el desplazamiento interno conlleva múltiples violaciones a los derechos humanos y expone a las personas a una especial situación de riesgo, por lo que reitera la obligación de los Estados de prevenir y cesar los factores del desplazamiento forzado», reiteró el organismo internacional a través de Twitter, haciendo un llamado al Gobierno para la protección de estas personas en situación de vulnerabilidad. 

La estratégica región de Ituango tiene una gran importancia para los grupos ilegales que se disputan su control, puesto que es una ruta de salida de la coca, pero también para el tráfico ilegal de armas. Además, bajo los valles y montañas cafeteras, donde residen desde hace décadas los campesinos se esconde una gran cantidad de minerales preciosos como oro, plata o platino, haciendo de la zona un lugar muy atractivo para los poderes económicos. 

La minería y las compañías de energía quieren explotar la zona 

Entre el 60% y el 70% del territorio está abierto a concesiones minero-energéticas. «Desde hace muchos años hay sectores poderosos económicos que han estado interesados en el desalojo de estas comunidades», apunta Zapata. 

Detrás de este interés, que necesita que la población campesina abandone el territorio para poder ser explotado, están grandes multinacionales canadienses, chinas o colombianas. La ambientalista Zuleta señala que es un panorama que la población ha visto con anterioridad: «lo mismo ocurrió con la zona de Hidroituango, hubo muchas masacres, desplazamientos en la zona que hoy está inundada. Después se vino a saber que era el megaproyecto más grande de Colombia». 

«Lo que sabemos es que en Ituango hay una nueva amenaza que son los intereses mineros. Hay múltiples multinacionales mineras con títulos en el territorio y podemos prever que se van a repetir las situaciones relacionadas con el despojo de la tierra para estos intereses económicos», denuncia Zuleta. 

Fortalecimiento de los grupos criminales 

En los últimos años, los grupos ilegales se han fortalecido y tomado mayor presencia territorial, en parte debido a la «debilidad institucional». «Esa debilidad no es solo una omisión del Estado que tendría que garantizar la vida y el patrimonio de los ciudadanos», dice Zuleta, señalando a que también existe una ausencia deliberada de la que se valen los grupos criminales, «con procesos de corrupción y alianzas con actores institucionales históricas». 

Según la experta y defensora de derechos humanos, la debilidad estatal pasa también por la poca presencia que tienen las instituciones en los territorios y la falta de garantías en materia de justicia o investigación de crímenes como el despojo de tierras. A lo que se suma que los líderes sociales locales están siendo desplazados por la fuerza a otras regiones por las amenazas de muerte de los grupos criminales. 

¿Cuál es el futuro de estos campesinos desplazados? 

El Gobierno colombiano tiene la intención de devolver a estas personas a sus hogares, aumentando la presencia de militares del Ejército nacional en la zona. «Al término del Comité de Justicia Transicional, se estableció y acordó el Plan de Retorno de la población desplazada que se encuentra en Ituango», dijo en Twitter el director de la Unidad de Víctimas, Ramón Rodríguez. 

Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos rechazan contundentemente estas devoluciones “voluntarias”, puesto que no existen garantías de que no se vayan a repetir las mismas amenazas o que se vaya a salvaguardar la integridad y dignidad de estas familias. «Es un retorno que no tiene todavía las garantías para que ellos permanezcan en territorio», critican desde la Corporación Jurídica Libertad. 

Según Zapata, desde el 2020 viene sucediendo el plan MIS de las AGC: «Consiste en rodear con 1.000 hombres armados el municipio de Ituango para atacar a las disidencias. Basándonos en investigaciones, como Corporación Jurídica Libertad, conocemos la existencia de esa presencia de unos 1.000 hombres armados que hacen parte de las estructuras porque son varios grupos de las AGC que están en esta zona tratando de controlar uno de los corredores estratégicos más que tiene el departamento», indica. 

Sin garantías de un retorno seguro 

Por ello, para los grupos de derechos humanos el tratamiento belicista del conflicto «es el peor error que puede tomar el Gobierno nacional, creyendo que la única solución a esta situación de abandono histórico sea la presencia militar», expresa Zapata, preocupado por la falta de garantías para preservar la vida y dignidad de los desplazados en su retorno y apuntando a la creación de un plan de políticas públicas con el diálogo de la sociedad civil y las instituciones que establezca los aportes a ese retorno.  

Según Zapata, «mientras el municipio de Intuango no sea controlado por el Estado, sino por grupos de disidencia y paramilitares, realmente el Estado tiene poca capacidad para atender las situaciones que se están viviendo allá. No porque no tengan las capacidades, sino porque sigue aplazando la implementación de los acuerdos y las garantías para estas comunidades», concluye.  

La ambientalista augura, sobre el futuro de estas familias que «lo que va a pasar es que van a retornar sin garantías y habrá nuevos desplazamientos si no se atiende esa situación de raíz. Si no se protege realmente a la población en el territorio, lo que sucederá es que continuarán esos desplazamientos forzosos», que perjudican a la población más vulnerable del campo colombiano. 

(France 24) 

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