Una de las marcas del tiempo que lleva la pandemia de coronavirus es el uso de Zoom para comunicarse. La herramienta se volvió casi indispensable para muchas personas, por razones de trabajo y sociales. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro: la aplicación aceptó pagar una multa de 85 millones de dólares por una demanda que la acusaba de mentir sobre la seguridad de sus comunicaciones en 2020. Se calcula entonces que hay una deuda de quince a veinticinco dólares por cada usuario, que implica, un quince por ciento de la suscripción.

Ocurre que Zoom fue denunciada por mentir sobre la seguridad de de las videollamadas. La empresa argumentó que las comunicaciones a través de la plataforma era cifradas a través de un cifrado de punto a punto a 256 bits. Sin embargo, se supo que el sistema de cifrado estaba disponible solamente para el servicio pago, Zoom Rooms.

Para peor, los datos de los usuarios se vendieron a compañías como Google y Facebook, sin consentimiento, en el período en que explotó el uso de Zoom como consecuencia del confinamiento al que obligó la pandemia. A esto se sumó el fenómeno de los Zoom bombings, la aparición de un usuario en una videollamada para enviar material pornográfico.

El CEO de Zoom, Eric Yuan, admitió en abril de 2020 que había problemas de privacidad y se había comprometido a llevar adelante un plan de 90 días para resolver la cuestión de que se almacenaran videollamadas grabadas sin encriptar en los servidores de la empresa. Para la Justicia, Zoom podría haber impulsado medidas de seguridad más robustas en vez de achacar a los usuarios la falta de experiencia en el uso de videollamadas.

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