Provea, organización no gubernamental venezolana vinculada con agentes opositores, alertó el pasado 4 de agosto que, a contrapelo de lo que sostienen «los rumores», no está previsto que, en lo inmediato, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) abra una investigación formal en contra del Estado venezolano por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad desde abril de 2017, recoge La Tabla. 
 
En términos prácticos, esto significa que continúa el proceso de examen preliminar bajo la conducción del nuevo fiscal general de la CPI, el británico Karim Kahn.  
 
Según el portal de periodismo de datos abiertos, Provea estaría preocupada por «las falsas expectativas» que se avanzan desde medios de comunicación con línea editorial antichavista, en tanto estos «desaciertos informativos» atentarían «contra la credibilidad de la CPI y la confianza de las víctimas». 
 
Sin embargo, a pesar de los señalamientos formulados contra la conducta de los medios y periodistas detractores del gobierno venezolano sobre el tema, Provea insiste en que Kahn podría tomar una decisión «en los próximos meses o durante la Asamblea de Estados partes al Estatuto de Roma, en  diciembre 2021».
 
A pesar de las múltiples opiniones que circulan en diversos portales y redes sociales, la Fiscalía de la CPI no ha anunciado ninguna fecha probable para la para pronunciarse sobre el llamado Caso Venezuela I, por lo que su punto de vista también encaja en lo que se considera una aseveración sin fundamento. 
 
La advertencia reportada por La Tabla apareció como parte de un hilo difundido por la ONG en Twitter, relacionado con la publicación de «la versión editada de alegatos de la Fiscalía de la CPI de fecha 23 de julio», en la que se eliminaban «partes confidenciales» de la respuesta ofrecida por la CPI al fiscal general de la Nación, Tarek William Saab. 
 
Empero, a pesar de la relevancia, el sitio especializado apunta que «esta información (contra lo habitual) no fue impulsada por los medios privados». 
 
Por otro lado, ese mismo día –4 de agosto–, Saab denunció que la Organización de Estados Americanos (OEA) pretendía interferir en el examen preliminar, como ya lo hiciera en diciembre de 2020, cuando abiertamente pretendió «presionar a la Fiscalía de la CPI». 
 
En aquella oportunidad, como se lee en el comunicado del Ministerio Público venezolano, la para entonces Fiscal General de la CPI, Fatou Bensouda, respondió a la OEA lamentando «el tono y la forma del informe emitido por la Secretaría General de una organización internacional con la que la Fiscalía y la Corte como un todo esperan cooperar en un espíritu de buena fe y de colaboración mutua».
 
El 2 de agosto, la OEA volvió a la carga y, a través de «expertos independientes» designados por su secretario general, Luis Almagro, demandó a la CPI la apertura de la investigación contra las autoridades del Estado venezolano, alegando que «cualquier retraso sería inapropiado y solo produciría mayores daños al pueblo». 
 
(LaIguana.TV)
 

 

 

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