La Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (Apib) presentó una declaración ante la Corte Penal Internacional (CPI) para denunciar al gobierno del presidente Jair Bolsonaro por genocidio, informaron en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter.

«Apib presentó, hoy (por el lunes), un comunicado en la Corte Penal Internacional (CPI) para denunciar al gobierno de Bolsonaro por genocidio», tuiteó la organización, «En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, pedimos a la corte que examine los crímenes cometidos contra los pueblos».

En el escrito, Apib indica que es la primera vez en la historia que los pueblos indígenas se dirigen directamente al tribunal de La Haya, con sus propios abogados, para defender sus derechos.
Asimismo, piden que se investiguen «los crímenes perpetrados contra los pueblos indígenas por el presidente Jair Bolsonaro desde el inicio de su mandato, en enero de 2019, con especial atención al período de la pandemia de COVID-19».
 
El comunicado está compuesto por varias denuncias de líderes y organizaciones indígenas, documentos oficiales, investigaciones académicas y notas técnicas, que llegan a demostrar la planificación y ejecución de una política anti-indígena explícita, sistemática e intencional encabezada por Bolsonaro.
 
«Creemos que hay hechos en curso en Brasil que constituyen crímenes de lesa humanidad, genocidio y ecocidio. Ante la incapacidad del sistema de justicia en Brasil para investigar y juzgar estas conductas, las denunciamos ante la comunidad internacional, a través de la Corte Penal Internacional», destacó Eloy Terena, coordinador legal de Apib.
 
Según un extracto de la comunicación, «el desmantelamiento de las estructuras públicas de protección social y ambiental, y también de las destinadas a proteger a los pueblos indígenas, resultó en la escalada de invasiones en tierras indígenas, deforestación e incendios en biomas brasileños, y también en el aumento de la minería ilegal en los territorios».
 
Para APIB, los ataques contra los pueblos indígenas y sus territorios fueron alentados por Bolsonaro en varias ocasiones a lo largo de su mandato.
 
Los hechos que evidencian el proyecto anti-indígena del Gobierno Federal van desde la negativa explícita a demarcar nuevas tierras, pasando por proyectos de ley, decretos y ordenanzas que intentan legalizar actividades invasoras, estimulando conflictos.
 
(Sputnik)