A cuatro meses del nacimiento de lo que se conoce como Paro Nacional —que tuvo sus primeras movilizaciones masivas el 28 de abril—, los colombianos no dejan de expresar en las calles su disconformidad con el Gobierno de Iván Duque y, lejos de aplacar su movilización, vuelven a salir a las calles en las principales ciudades del país sudamericano.

Si bien las primeras movilizaciones habían logrado dejar por el camino algunas de las iniciativas de reformas tributarias y laborales de Duque y abrir un ámbito de diálogo entre el Gobierno y el Comité Nacional del Paro, las organizaciones sociales denuncian que el diálogo se ha estancado. «Duque no dialoga ni negocia», es la frase que reiteran desde el Comité del Paro.

En efecto, una declaración emitida por las organizaciones señala que no solo el oficialismo colombiano intenta bloquear el avance de diez proyectos de ley presentados por el Comité del Paro, sino que el Ejecutivo insiste con su proyecto de reforma tributaria, que según los trabajadores «sigue teniendo un profundo carácter neoliberal y regresivo», al congelar los salarios de funcionarios públicos y equiparar impuestos entre empresas pequeñas y medianas y grandes empresas.

Las organizaciones también reclaman que el Gobierno colombiano «no hace nada ante las 67 masacres, la reiteración del asesinato de líderes y lideresas sociales que han ocurrido este año y el exterminio de excombatientes firmantes de la paz en los cinco años de búsqueda de solución política al conflicto social y armado».

En la misma línea, el Comité del Paro denuncia que al día de hoy en Colombia «hay una abierta persecución a los jóvenes» que han participado de las protestas y que son capturados por la Fiscalía General «a partir de montajes judiciales» para luego ser acusados de «terrorismo».

Las organizaciones denuncian, en ese sentido, que el Gobierno de Colombia no ha atendido «ninguna de las recomendaciones» realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tras visitar el país en junio de 2021 entregó al Gobierno de Duque 41 recomendaciones para superar la conflictividad social.

De las calles al Congreso: los diez proyectos de ley surgidos de las protestas

Las manifestaciones no son la única herramienta del movimiento social, ya que el Comité Nacional del Paro entregó al legislativo colombiano un paquete con diez proyectos de ley que traducen en acciones varios de los principales reclamos de las protestas.

Entre las iniciativas se destacan la propuesta de una «renta básica de emergencia», cambios en la legislación para garantizar el derecho de protesta en el país y hasta una reforma de la Policía colombiana.

A continuación, un resumen de los diez proyectos de ley, tal como los presenta el Comité Nacional del Paro:

1. Renta Básica de emergencia como medida para garantizar derechos ciudadanos. Este proyecto busca crear una renta básica de emergencia de un salario mínimo mensual legal vigente por 12 meses para 7,5 millones de hogares que se encuentran en la pobreza y que han sido especialmente afectados por la crisis económica que vive el país. Dicha Renta Básica de emergencia cuenta con enfoque de género y con medidas de veeduría y participación ciudadana.

2. Garantías para el ejercicio del derecho fundamental a la protesta pacífica. El proyecto regula los principios, garantías, obligaciones y mecanismos para garantizar el derecho fundamental a la protesta pacífica a la luz de los estándares internacionales que regulan la materia y que hacen parte del Bloque de constitucionalidad. En el proyecto se encuentran reflejados buena parte de las recomendaciones de la CIDH en su reciente informe sobre Colombia y los elementos planteados por la Corte Suprema de Justicia en su sentencia 7641 de 2020 de la Corte Suprema de Justicia relativa al Derecho fundamental a la protesta pacífica.

3. Derogatoria del Decreto 1174 de 2020. Derogar de manera definitiva el Decreto 1174 para que se deje de aplicar de manera perjudicial a los trabajadores que perciben menos de un salario mínimo legal y se han visto obligados a salirse de fondos pensionales para pasar a fondo de ahorros y del régimen contributivo de salud para el subsidiado.

4. Matrícula Cero. Garantizar la gratuidad universal de la educación superior en todo el país para acceder a los programas de pregrado y posgrado en todas sus modalidades y propone que se disponga nuevos recursos del presupuesto general de la nación para su financiación.

5. Reactivación económica de las MiPymes y apoyo para la generación de empleo. El presente proyecto pretende ampliar la generación de apoyos en subsidio y créditos también para las microempresas, así como ampliar y crear diversas medidas para la reactivación de las MiPymes que a su vez permitan la creación, generación y sostenimiento de nuevos empleos para ayudar en la reducción de las graves tasas de desempleo que ha dejado el COVID.

6. Reforma la ley 1622 de 2013, que incentiva la participación política de la juventud. Este proyecto busca fortalecer e incentivar la participación política de la juventud mediante la modificación de la ley 1622 de 2013 que creó el Estatuto de juventud. Para ello el proyecto robustece la figura de los Consejos de Juventud otorgándoles un carácter vinculante en relación con las políticas de juventud, otorga incentivos a la participación política de la juventud y fomenta espacios de diálogo con la ciudadanía que permitirán la construcción de políticas más cercanas a la juventud y la ciudadanía.

7. Modificación del decreto 569 de 2021 y se adicionan otras disposiciones para los acuerdos de recuperación, saneamiento de cartera agropecuaria, las medidas de alivio especial a deudores del fondo de solidaridad agropecuario y del programa nacional de reactivación agropecuaria. Además de una política de fijación de precios de los productos e insumos agropecuarios en el mercado nacional. Proyecto de ley que pretende favorecer las condiciones de acceso a los beneficios de condonación de intereses corrientes y de mora, así como otros conceptos dados en la ley 2071 de 2020 y decreto reglamentario 596 de 2021 en materia de financiamiento para la reactivación del sector agropecuario.

8. Reforma a la Policía. La reforma busca fortalecer el carácter civil de la Policía Nacional modificando y estableciendo lineamientos claros en el uso de la fuerza, parámetros de identificación, fortaleciendo la participación ciudadana y la veeduría sobre la misma. Además, se establecen disposiciones sobre la necesidad de protocolos y definiciones en la actuación de la Policía Nacional frente a la protesta.

9. Acciones contra la violencia basada en género. Este proyecto busca el fortalecimiento e integración de las entidades nacionales encargadas de generar las acciones de promoción, prevención y capacitación para luchar contra las violencias basadas en el género, asignar presupuestos pertinentes, crear un programa nacional de atención, un protocolo de atención a las violencias basadas en el género, entre otros temas relacionados.

10. Se impulsará el proyecto de ley 073 ya radicado en el Congreso en materia de salud. Busca modificar el artículo 194 y 195, para que el Estado Colombiano asuma la nómina de los trabajadores de los hospitales públicos en todo el país.

(Sputnik)

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