La Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia, ente que organiza las elecciones, otorgó un contrato multimillonario a Thomas Greg & Sons, la misma empresa que ha manejado los procesos electorales durante los últimos 18 años, en medio de escándalos cada vez mayores.

Se trata de una firma propiedad de reconocidos personajes de la oligarquía y vinculados a partidos del statu quo neograndino.

El descaro

La élite política colombiana es de las más activas en el cuestionamiento al sistema electoral venezolano. Con frecuencia, los más importantes líderes neogranadinos hacen coro a la letanía de que en Venezuela no hay elecciones libres, transparentes ni creíbles.

Igual que ocurre con otros temas, como las drogas y los derechos humanos, esa actitud de la dirigencia del país vecino es una manifestación extrema de hipocresía. Su sistema electoral es una vergüenza de tal magnitud que, como se dice popularmente, deberían darse con una piedra en los dientes antes de emitir opinión sobre otros países.

Son conocidas las denuncias sobre compra de votos, uso de boletas electorales fotocopiadas a última hora, amedrentamiento paramilitar de votantes y otros “pequeños detalles”. Pero también hay señalamientos acerca de las empresas que controlan los comicios en Colombia.

El diario Criterio ha publicado un reportaje de investigación en el que se evidencia que la empresa Thomas Greg & Sons, propiedad de personajes con abiertas vinculaciones partidistas, volverá a tener a su cargo las elecciones presidenciales de 2022.

“La Registraduría Nacional acaba de adjudicar un contrato por más de 1,2 billones de pesos para la administración logística y tecnológica de las próximas elecciones de 2022. La ganadora del proceso es la empresa Thomas Greg & Sons, la misma que lleva más de 18 años manejando este y otros procesos, en medio de varios cuestionamientos”, indica el trabajo periodístico suscrito por David Efrén Ortega y datado el domingo 12 de septiembre.

Thomas Greg & Sons tendrá a su cargo todo el manejo de las elecciones, desde proveer las sillas y carpas de los puestos de votación hasta los software para procesar las inscripciones y el escrutinio de las elecciones para el Congreso, consultas internas de partidos y los comicios presidenciales de 2022. Una de las críticas que ha surgido es que se hayan centralizado todos los servicios en un solo contratista.

La empresa ha sido señalada en el pasado, entre otras irregularidades por el fraude electoral del 2014, por el cual el partido Mira habría perdido tres curules en el Senado. En esta polémica está enredada la empresa ganadora, pues según una sentencia del Consejo de Estado, en esa ocasión se generó un “sabotaje al software electoral”.

En esta oportunidad, para no presentarse solo con su nombre, la firma lo hizo en un consorcio con otra decena de compañías, pero todas ellas están repartidas entre los mismos accionistas.

“Thomas Greg & Sons ha sido cuestionada en algunas oportunidades por estar íntimamente relacionada con figuras políticas y beneficiarse de ello para ganar licitaciones. Una de las críticas más recurrentes es su cercanía con el expresidente Juan Manuel Santos, quien entre 2002 y 2006 estuvo en la junta directiva de la compañía. Figuras como Claudia López (la alcaldesa de Bogotá) han criticado en el pasado esta relación. Ella dijo en 2016 que Thomas Greg, empresa en la que Santos estuvo en la Junta Directiva, pasó de tener contratos a dedo por $55.000 millones de pesos en 2002 a $232.000 millones de pesos en 2014”, expone el reportaje.

“El dominio de Thomas Greg en las elecciones creció en 2010, cuando obtuvo un contrato por 88.000 millones. Desde ese momento, la empresa ha sido imbatible. Como la Registraduría exige experiencia en procesos electorales y los tiempos son cortos, ninguna otra firma ha logrado cumplir con el pliego de condiciones”, añade la investigación.

La compañía se niega a permitir auditorías, según explica el trabajo de Criterio. “Organizaciones como la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) han llamado la atención sobre la falta de mecanismo para hacer auditoría de este proceso, en parte, porque las denuncias sobre manipulación de los software electorales no han sido resueltas. Además, asegura que la empresa ha impedido la revisión de esta tecnología, argumentado la protección de su propiedad intelectual”. 

Los voceros de la oligarquía colombiana, que forman parte de estos consorcios o que cohonestan sus actuaciones, son de los más activos en el cuestionamiento al sistema político venezolano, que muy por el contrario, es el más auditado del mundo entero.

(Clodovaldo Hernández / LaIguana.TV)

 

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