El embajador representante permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas y los demás organismos Internacionales, Héctor Constant Rosales, rechazó los elementos politizados en el informe anual que presentó la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos. 

A pesar de estos elementos, afirmó que el informe demuestra el avance de la cooperación y la asistencia técnica entre la Oficina y el Gobierno de Venezuela. Solo en el último año se duplicó el número de representantes de la entidad para atender la cooperación técnica. 

Además, expresó que se han brindado todas las facilidades a la Oficina para el desempeño de su mandato sin reserva de la información solicitada para valorar la situación de derechos humanos en el país suramericano. 

“A pesar de ello, se insiste en cuestionamientos infundados que alimentan la agenda de agresión multiforme contra Venezuela”, agregó. 

El embajador venezolano ante la ONU recordó las actividades de asistencia técnica para fortalecer el sistema de justicia, y en materia de derechos humanos a partir de la elaboración del Segundo Plan Nacional de Derechos Humanos, con enfoque de inclusión y participación. 

“Estas actividades confirman el compromiso de Venezuela con la protección de los derechos humanos y nuestra voluntad de cooperación con la Oficina”, enfatizó. 

Constant señaló que esos elementos afectan negativamente la objetividad y credibilidad del informe, en tanto presenta información no contrastada con las autoridades venezolanas y con uso de fuentes de escasa credibilidad, pese a que el ente internacional tiene sede en el país. 

“Valoramos que la alta comisionada reconozca en su informe, el impacto negativo de las las Medidas Coercitivas Unilaterales en el disfrute de los derechos humanos en Venezuela, y que haya solicitado su levantamiento a los países que las imponen”, dijo el embajador en el marco de la 48 sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos. 

En este sentido afirmó que, desde el informe anterior, el Gobierno de Estados Unidos ha continuado su asedio a Venezuela, con la imposición de estas medidas que causan “muerte, dolor y sufrimiento al pueblo venezolano”. 

“Continúan el secuestro de los activos de Venezuela en el exterior. El congelamiento y el saqueo de miles de millones de dólares en bancos extranjeros priva al Estado venezolano de sus recursos, indispensables para adquirir alimentos, medicamentos e insumos médicos”, mencionó el diplomático. 

Héctor Constant subrayó que, durante la visita de la relatora especial, Alena Douhan, sobre el impacto negativo de las MCU, se pudo comprobar los estragos que causan las medidas en Venezuela. 

“Invitamos a estar atentos al informe final de esta visita, que será presentado en esta sesión del Consejo”, destacó. 

Asimismo, reconoció que, pese a las medidas, en su país se mantiene la inversión social con más de 7.5 millones de familias beneficiadas con la distribución de alimentos a través del Programa CLAP. Igualmente, la Misión Vivienda Venezuela ha entregado más de 3.600.000 viviendas dignas. 

Resaltó también que los programas de educación, salud y deporte continúan siendo gratuitos, incluso para migrantes y refugiados. 

“El 30 de agosto iniciamos la etapa de aceleración y expansión del plan de vacunación masiva contra el COVID-19, triplicando los esfuerzos de inmunización, con el objetivo de vacunar a 300 mil personas diariamente”, dijo en relación con el trabajo del Gobierno venezolano en materia de salud. 

(teleSUR) 

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