Ante un evidente incremento de la inseguridad en la capital colombiana, la alcaldesa de la ciudad pidió ayuda militar para disuadir a los delincuentes. Sputnik consultó a dos expertos para analizar la conveniencia de una medida que se debate en Colombia.

Dos hombres caminan en la madrugada por el barrio San Joaquín Norte, en el occidente de Bogotá. Con una linterna, revisan puertas y ventanas, con la intención de entrar y robar. Forcejean con las cerraduras, pero no tienen éxito. Empiezan a retirarse del lugar cuando aparecen en escena dos motocicletas con cuatro hombres armados que los acorralan contra una pared y los despojan de sus pertenencias. Ladrones que roban a ladrones.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad se volvieron virales y entraron a engrosar las decenas de videos que abren los noticieros mostrando la creciente ola de inseguridad en la capital de Colombia y que revelan la realidad que viven los bogotanos.

Robos a restaurantes, a personas que pasean sus mascotas por las mañanas o a quienes hablan por sus teléfonos. La inseguridad en Bogotá se convirtió —como sucede de vez en cuando— en el tema nacional y las autoridades locales se vieron obligadas a tomar acciones para combatirla.

Las cifras que entregó en agosto de 2021 el Boletín Mensual de Indicadores de Seguridad y Convivencia de Bogotá son contundentes. Si bien, la comisión de algunos delitos, como el hurto a residencias, han bajado; otros como el homicidio, el hurto a personas o de celulares han aumentado en más del 10%, si se comparan las cifras del mismo mes de 2020, cuando los encierros por la pandemia fueron la medida nacional.

Esas son algunas de las razones por las que la alcaldesa de la capital, Claudia López (centroizquierda), anunció el pasado 14 de septiembre que había solicitado el acompañamiento de unidades de la Policía Militar —que hacen parte de las Fuerzas Armadas— en las zonas más críticas de Bogotá, una ciudad que sobrepasa los siete millones de habitantes. Dos días después, el 16 de septiembre, 360 uniformados —de los 2.000 que se esperan— ya recorrían las calles.

Su misión, según la primera mandataria capitalina, era la de disuadir el crimen y desarmar a los delincuentes, en una labor de apoyo a la Policía Nacional. Sin embargo, la decisión despertó las críticas de sectores de oposición y expertos en criminalidad y seguridad, en un debate que se suele dar cuando un gobernante decide llevar a los militares a las ciudades y que gira sobre temas como la efectividad y los derechos humanos.

¿Conviene acudir a los militares para garantizar la seguridad urbana? En diálogo con Sputnik, John Marulanda, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (ACORE), señala que la decisión de sacar a las calles a la Policía Militar en Bogotá tiene un sentido 100% político y asegura que es absurdo creer que una ciudad de más de siete millones de personas se militariza con 600 uniformados.

Advierte, eso sí, que las apuestas de la alcaldesa están por verse. «La alcaldesa lleva a los militares a Bogotá con un objetivo disuasorio, es decir, reconoce ese poder en los militares, aunque no sea su experticia ni su misión lidiar con la delincuencia común, porque es un asunto policial», dice Marulanda.

También indica que la primera mandataria de la capital colombiana es consciente de que las Fuerzas Militares son una de las instituciones con mayor credibilidad en el país, y así lo demuestran las encuestas históricamente.

«Ella también reconoce lo que dicen las estadísticas serias, y es que las Fuerzas Militares generan confianza. Pero hay que hacer un corte de cuentas para saber si, efectivamente, la presencia de la Policía Militar en Bogotá disuadirá a los delincuentes», anota.

«Más militares no es sinónimo de seguridad»

En contraste, Fernando Quijano, director de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) y experto en conflicto urbano, señala que la llegada de más unidades militares a Bogotá no se traduce necesariamente en más seguridad, porque los problemas de la capital colombiana no se centran solamente en los hurtos y el robo de bicicletas.

«En Bogotá hay presencia de poderosas bandas criminales del Valle de Aburrá [departamento de Antioquia, en el noroccidente], de bandas del Valle del Cauca [suroccidente] e, incluso, del crimen venezolano. Hay presencia de hombres de Yeico Masacre [jefe de una banda de delincuentes de Venezuela]», comenta Quijano.

A su juicio, la salida de militares a los barrios críticos de Bogotá tampoco generaría mayor confianza en la ciudadanía porque ese objetivo se logra consolidando una estrategia de seguridad integral, que vincule a la ciudadanía desde lo social, lo económico y lo territorial.

El uso de militares, ¿el fracaso de la Policía?

Ahora, ¿se podría considerar que usar a los militares es producto del fracaso de la Policía? Quijano no lo dice de esa manera, pero sí asegura que la Policía está desbordada y pasa por una crisis que se refleja en que muchas personas ya no quieren ingresar a sus filas por cuestiones salariales, otros se retiran y, además, deben afrontar la afectación que su imagen tiene en la ciudadanía, en parte, por los abusos contra manifestantes. «La gente no le cree a la Policía», manifiesta el analista.

En ese sentido, el real desmantelamiento del crimen es en donde se debe poner el foco, señala.

«En Bogotá hacen lo mismo que en Medellín: capturan, decomisan armas y controlan el crimen, pero no desmantelan las estructuras, porque eso no es sencillo. Pero las autoridades muestran las capturas, quitan dos pistolas, un fusil y una plata y dicen que desmantelaron. Eso es mentira», añade Quijano a Sputnik.

Por su parte, Marulanda cuestiona el papel del sistema judicial en la inseguridad en Bogotá. «No es un fracaso de las instituciones militares y policiales, sino un fracaso de la justicia. En el aparato judicial reside todo el problema de inseguridad en el país porque nosotros somos testigos de las capturas de delincuentes y de cómo quedan en libertad horas después, en un régimen de justicia sumamente garantista que no intimida, no disuade y no tiene credibilidad. Por eso tantos bandidos son reincidentes», arguye el militar retirado.

Militares y derechos humanos

Otro de los elementos es el respeto de los derechos humanos por parte de los militares, teniendo en cuenta que son una fuerza letal. Según Marulanda, se equivocan quienes asumen ese argumento como cierto porque las unidades de Policía Militar que patrullan Bogotá están entrenadas para asuntos urbanos, como disturbios o delincuentes.

«Los oficiales y suboficiales hacen un curso de cuatro meses en donde adquieren el conocimiento y la práctica de la protección de los derechos humanos. Los soldados tienen el derecho de emplear sus armas justificados bajo la legítima defensa, pero dentro de los parámetros establecidos internacionalmente, como la proporcionalidad», concluye Marulanda.

Lo cierto es que Bogotá pasa por una situación de inseguridad delicada, que contrasta, por supuesto, con las reducciones que hubo en la criminalidad en 2020, que podría estar relacionada con los cierres y las cuarentenas decretadas por la pandemia.

Cifras de inseguridad en Bogotá

– En agosto de 2021 se registraron en Bogotá 96 homicidios, un incremento del 15,7 % respecto de agosto de 2020.

– También aumentaron en Bogotá los hurtos a personas. En agosto de 2021 se registraron 8.235, frente a los 6.494 casos reportados en agosto del año pasado.

– En Bogotá, hubo una reducción del 31,2 % en el hurto a residencias si se comparan los meses de agosto de 2021 y agosto de 2020.

(sputniknews.com)

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