La ciudadana Carmen Elisa Hernández, “expresidenta” de la junta directiva de Monómeros Colombo Venezolanos, S.A. -designada por el exdiputado Juan Guaidó- le salió al paso a las declaraciones de Humberto Calderón Berti, quien en una entrevista hizo acusaciones sobre quienes serían los responsables de la quiebra de la compañía. 

A través de un comunicado señaló que sus responsabilidades como miembro o presidenta de la junta directiva no eran las de «operar la empresa», sino «definir los lineamientos estratégicos, ofrecer orientación y control de la gestión en el marco de las funciones estatutarias» y agregó que «la capacidad de comprometer a la empresa, la responsabilidad de las contrataciones, la representación legal ante terceros, la gestión diaria son responsabilidades del gerente general».

En este orden de ideas, manifestó que en las oficinas de la compañía se cedió un espacio para el funcionamiento de la supuesta Embajada de Venezuela en Colombia, lo cual habría implicado un intercambio recurrente entre Calderón Berti -experto petrolero que ejerciera como “representante” del pseudogobierno de usurpación de Juan Guaidó en dicho país- y los miembros de la “administración” de Monómeros.

“Tanto por su condición de embajador, de empresario y experto en la actividad petrolera, Humberto Calderón Berti se mantenía próximo a la actividad de Monómeros. De hecho, tal como él ha manifestado, recomendó personas para nombrarlas en la directiva y ejercía un alto nivel de influencia en los miembros designados, a quienes conocía desde nuestra antigua Petróleos de Venezuela”, sostuvo.

No obstante, indicó que algunas de las sugerencias de Calderón Berti, entre ellas: no destituir al gerente general, de comercialización y al de finanzas, y mantener a ciertos contratistas, no fueron atendidas, “por considerarse contrarias a los principios que motivaban a la junta directiva”, lo que generó ciertos impases dentro de dichas oficinas.

La ejecutiva afirmó que la “politización excesiva” a la que hizo referencia Berti es cierta, pero parcialmente, porque -a su juicio- “la realidad es mucho más compleja”.

“En la situación de crisis de hoy, concurren problemas históricos como la falta de mantenimiento, el cierre de las fuentes crediticias, el aumento desbordado del costo de las materias primas, y muchos otros, a lo que viene a sumarse el creciente deterioro reputacional de Monómeros, producto de las dificultades derivadas en su contexto corporativo y comercial por su relación con el régimen”, agregó.

Según Hernández, mientras estuvo en el cargo, no recibió instrucciones del exdiputado Juan Guaidó –quien se robó la compañía en 2019- o de Leopoldo López. Incluso, sostuvo que su relación con «las entidades» del supuesto Gobierno interino «se llevaron en el marco institucional y de rendición de cuentas, cada vez que fueron requeridas y solicitadas por dichos entes del Estado”. 

A principios de septiembre, el Estado colombiano, a través de la Superintendencia de Sociedades de Colombia, tomó el control de la compañía ante la crítica situación financiera que esta atraviesa. Sobre la medida, Hernández manifestó que “la considera pertinente, correcta y apropiada”.

De su lado, el Gobierno de Venezuela denunció el asalto a la empresa y exigió que sea devuelta al Estado venezolano.

De acuerdo con una publicación del portal La Tabla, Hernández, designada en el cargo en 2019, fue directora general de la Alcaldía de Baruta entre 2008 y 2014, durante la gestión de Gerardo Blyde. Además, trabajó en la industria petrolera como Analista de Nuevos Negocios y actuó como la portavoz del grupo de Ejecutivos que promovió y ejecutó un paro petrolero en el año 2002.

(LaIguana.TV)

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