Representantes legales designados por el autoproclamado Juan Guaidó en los Estados Unidos –los únicos que pueden actuar en esas cortes judiciales desde 2019, por imposición de la Casa Blanca– nuevamente abandonaron un litigio con acreedores de Venezuela y le ocasionaron pérdidas a la Nación por el orden de los 1.200 millones de dólares, reseña La Tabla citando un fallo judicial publicado por el economista Francisco Rodríguez, cercano al ala extremista de la oposición.
 
El portal explica que esta demanda contra el Estado venezolano la interpusieron «Pharo Gaia Fund y Pharo Macro Fund, compañías de las Islas Caimán y administradas, entre otras, por Pharo Management (empresa de Delaware que opera en Nueva York)», que además «están representadas por el bufete Matthew McGill», que es el encargado de llevar el caso de Crystallex contra Venezuela. 
 
De acuerdo con esta fuente, «es la segunda vez» que las acciones de este grupo político hace perder dinero a la República «por falta de comparecencia» ante el tribunal. 
 
Rodríguez, que públicamente sostiene que hay dos administraciones, la de Guaidó y la de Maduro, refirió que en abril, el pseudofuncionario que hace las veces de procurador del exdiputado en los Estados Unidos envió una comunicación a la corte alegando que no había sido autorizado por la Asamblea Nacional de 2015 –sin competencia jurídica desde el 5 de enero de 2021– para contratar los servicios de los abogados, pero señaló que aspiraba recibirla en 60 días. 
 
Hasta el momento, destaca, «no consta que la corte haya recibido otra comunicación del gobierno interino».
 
No es un caso aislado sino una estrategia de despojo 
 
De otra parte, en un extenso y documentado trabajo publicado en su sitio personal, el economista refiere que durante el pseudogobierno de usurpación se produjo «un aumento significativo en los tiempos de respuesta y la frecuencia de no comparecencia de Venezuela», en comparación con el período 2015-2018, cuando Washington todavía reconocía a Maduro como presidente de Venezuela. 
 
El caso más relevante es, sin dudas, el de ConocoPhillips, cuyo retraso (663 días sin comparecer en el tribunal) es calificado por el experto como «altamente inusual» –tres veces superior al tiempo de respuesta promedio de Venezuela en litigios internacionales– , muy especialmente por el monto que se pretende hacer pagar a la República: 8.506 millones de dólares o, desde otro ángulo, el 10% de su Producto Interno Bruto. 
 
«La ejecución efectiva de esta adjudicación en los Estados Unidos bien podría disipar los activos restantes del país en el extranjero hoy bajo la responsabilidad del gobierno interino», advierte Rodríguez.
 
A su parecer, la razón formal de esta dilación podría explicarse porque representantes legales del país –tanto de Maduro como de Guaidó– estarían intentando anular la decisión del Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) con la que se forzó a Venezuela a cancelar la milmillonaria suma, alegando fallas en el proceso judicial. 
 
Sin embargo, Rodríguez no omite en sus reflexiones el efecto del «acuerdo» con ConocoPhillips confesado en junio de 2020 por el entonces pseudoprocurador José Ignacio Hernández ante la Comisión de Energía y Petróleo de la AN, según el cual la transnacional debía abandonar «un caso estancado contra PDV en Portugal para centrarse en un caso en curso en un tribunal de Delaware». 
 
Tan es así que a esta misma estrategia apeló la heredera de la minera canadiense Crystallex –devenida en el mayor acreedor de Citgo Petroleum– para hacerse con parte de la riqueza de Venezuela.
 
«El 9 de agosto de 2021, el experto judicial designado por el tribunal de Delaware en el caso Crystallex, Robert Pincus, se refirió a dicho acuerdo en un informe a la corte en el que describía el procedimiento de venta propuesto para las acciones de PDV Holding. Allí el experto escribe que ‘Venezuela ha indicado que llegó a un acuerdo con ConocoPhillips con respecto al monto pendiente de la sentencia de ConocoPhillips'», indica Rodríguez.  
 
Los representantes del «interinato» negaron la existencia del acuerdo y «Pincus finalmente enmendaría su informe el 1 de octubre para pedir que se omitiera la oración referente al acuerdo», con la particularidad de que, según el economista, «la enmienda no ocurre como respuesta a una solicitud de Venezuela ante la Corte y ni el gobierno interino ni el experto judicial han aclarado cómo y por qué surgió la confusión». 
   
De resultar exitosa esta avanzada de remate de los activos venezolanos en el extranjero, a cuenta de Citgo, Crystallex –más precisamente, el consorcio que ahora administra los intereses de la desaparecida minera– se haría con 1.202 millones de dólares del Estado venezolano. Si se suma lo de ConocoPhillips, la cantidad asciende a 9.528 millones de dólares, un despojo para los anales de la historia. 
 
(LaIguana.TV)
 

 

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