La comisión especial instalada en el Senado de Brasil para investigar los posibles delitos cometidos por el Gobierno de Jair Bolsonaro en la gestión de la pandemia acusará al presidente de 11 delitos, entre ellos el de homicidio por omisión. El senador Renan Calheiros, relator del informe, presentará el texto este miércoles, pero ya adelantó que las acusaciones serán de peso. 

Según él, Bolsonaro, muchos de sus ministros y otros integrantes del Gobierno actuaron para que el covid-19 se propagase lo más rápido posible. «Con este comportamiento, el Gobierno, que tenía el deber legal de actuar, consintió la muerte de brasileñas y brasileños», apuntó. Más de 600.000 personas perdieron la vida en el país, y los senadores creen que la política negacionista del Gobierno tuvo un papel clave en ese trágico resultado. 

El informe comprueba la existencia del llamado ‘gabinete paralelo’, compuesto por médicos, políticos y empresarios que asesoraban a Bolsonaro «con la intención de inmunizar a la población por medio de la contaminación natural», priorizando el tratamiento precoz con medicamentos sin eficacia probada y estimulando el incumplimiento de medidas no farmacológicas, como el distanciamiento social. Además, recuerda que hubo un «deliberado atraso» en la compra de vacunas, lo que acabó costando miles de vidas.  

Después de cinco meses de interrogatorios públicos que llenaron horas de telediarios y contribuyeron a desgastar aún más la popularidad del presidente, el Senado terminó su trabajo. La comisión recopiló pruebas importantes a través de las audiencias y ahora el informe se entregará a la Fiscalía, que decidirá si imputa o no a Bolsonaro y al resto de acusados. Se prevé acusar a 70 personas y a dos empresas, por un total de 24 delitos. La mayoría tienen que ver con la defensa de medicamentos ineficaces para tratar el covid-19. 

Previsiblemente, Bolsonaro será acusado de 11 delitos, en base al Código Penal, la Constitución y el Estatuto de Roma: delito por epidemia con resultado de muerte, infracción a medidas sanitarias preventivas, uso irregular de fondos públicos, incitación al delito, falsificación de documentos, charlatanismo, prevaricación, genocidio de indígenas, crimen de responsabilidad, crimen contra la humanidad y homicidio por omisión. 

En los últimos días hubo fuertes tensiones entre los senadores, sobre todo porque algunos no veían clara la base legal para acusar a Bolsonaro de genocidio (dado que habría que comprobar una intención deliberada de provocar la muerte) o de homicidio doloso, ni para incluir a sus hijos en las acusaciones. La redacción final del informe se conocerá a partir del miércoles, cuando se haga la lectura oficial, y se votará la semana que viene, aunque se prevé que se apruebe sin problemas. Después, la pelota estará en el tejado de la Fiscalía. 

(El Mundo) 

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