Producto de la discrepancia entre Estado venezolano y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en torno a la superación de la fase de examen preliminar del caso Venezuela I, las partes suscribieron un memorándum de entendimiento para continuar trabajando, con base en el respeto y la complementariedad, en el resguardo de los derechos humanos en el país, de cara a la próxima fase de investigación que iniciará la CPI.

Entre las consideraciones que motivaron al memorándum destaca que «la República Bolivariana de Venezuela considera que las denuncias deben ser investigadas en el país por las instituciones nacionales existentes, creadas para tal fin».

Así las cosas, el acuerdo establece, de conformidad con lo estipulado en el Estatuto de Roma, «que la República Bolivariana de Venezuela como jurisdicción nacional adoptará todas las medidas necesarias para garantizar la efectiva administración de la justicia de acuerdo con los estándares internacionales, con el apoyo y compromiso activo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en virtud del principio de complementariedad».

Además, tanto el Gobierno de Venezuela como la CPI se comprometieron a «establecer mecanismos para mejorar la cooperación entre las partes y facilitar el efectivo desempeño del mandato del Fiscal en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela», así como a «trabajar para que el principio de complementariedad tenga un efecto adecuado y significativo».

(LaIguana.TV)

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