La Fiscalía de Bolivia imputó este jueves a la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, por la comisión de cinco delitos asociados al nombramiento de Karina Leiva Áñez como gerente de la Empresa de Alimentos y Derivados (EBA) en mayo de 2020, y pidió extender su prisión preventiva por otros seis meses.

Por esa designación, Áñez enfrenta cargos por nombramientos ilegales; resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes; incumplimiento de deberes; anticipación o prolongación de funciones; y complicidad, pues según la investigación, Leiva Áñez carecía de experiencia y un título de estudios universitarios para desempeñar funciones en un cargo tan elevado.

El Ministerio Público añadió en su argumentación que dicho nombramiento, ocurrido durante el golpe de Estado de 2019, estuvo en correspondencia con intereses personales, además de presentar la mandataria algún grado de parentesco con la apoderada.

Dada la ausencia de competencias profesionales para ocupar dicho puesto, tal designación derivó en malos manejos y pérdidas por conceptos de daño económico a la empresa EBA.

La imputación por el caso EBA fue firmada por el fiscal Manuel Saavedra; en tanto la decisión sobre si aprobar o no el pedido de prisión preventiva emitido por la Fiscalía se definirá en audiencia de medidas cautelares.

Áñez se encuentra recluida, desde el pasado marzo, en la penitenciaría de Miraflores en La Paz, y de aprobarse esta nueva orden de detención, enfrentaría el tercer periodo de encarcelamiento preventivo, luego de dos medidas similares por los casos golpe de Estado I y golpe de Estado II.

La cuestión se definirá mediante una apelación que se desarrollará ante una Sala Penal de la Corte de la ciudad de La Paz.

(teleSUR)

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