La Feria Conuquera Agroecológica (FCA) denunció este viernes que «algunos empresarios privados» pretenderían introducir «semillas transgénicas para cultivo en el territorio nacional», en clara violación con lo establecido en la Ley de Semillas vigente, que data de 2015.

En un comunicado, el colectivo resaltó que si esta iniciativa se concreta, representaría, además de un delito, «un riesgo para la soberanía alimentaria, para la salud de los ecosistemas y de las personas».

Según lo referido por la FCA, la empresa Agropecuaria Radum está promocionando «asesoría técnica» a través de sus redes sociales «para el cultivo de semillas de soya», indicando «por vía telefónica» que «son resistentes al glifosato», herbicida que altera los «procesos fisiológicos de las plantas», por lo que, alegan, solamente podría tratarse de «plantas genéticamente modificadas en laboratorio».

«Es así como al ofrecer plantas ‘resistentes a glifosato’ se entiende que esta compañía ofrece semillas transgénicas producidas por la alianza de transnacionales farmacéutica y agrícola Bayer-Monsanto. Esta empresa promociona un paquete tecnológico que incluye la semilla transgénica junto con el herbicida sintético altamente contaminante y perjudicial para la salud humana, animal y de los ecosistemas en su integridad», se detalla en el texto.

Además, el grupo agroecologista precisa que en sendos reportajes publicados por los medios Hispanopost y Clarín, Hernán Torre, un empresario argentino radicado en Venezuela, «promueve la derogación de la actual Ley de Semillas y afirma flagrantemente que ha introducido en el país semillas de soya transgénica para su cultivo», lo que acompaña de «un discurso racista y discriminatorio hacia las campesinas y campesinos, desconociendo además las leyes de la República Bolivariana de Venezuela y las autoridades legítimas del país».

Para sustentar la acusación, recuperan textualmente lo que Torre dijo Clarín el pasado 16 de septiembre: «En soja –soya– usamos materiales transgénicos traídos del norte de Brasil, con moléculas fijadoras de nitrógeno y con 200-300 kilos de NPK. En maíz se están produciendo unos materiales interesantes, los sembramos a 50.000-70.000 ‘matas’ por hectárea, a una distancia de 45 centímetros (…). Hay tres asambleas, tres congresos diferentes, el sistema legal es muy informal, la tenencia de la tierra también (…). Una de las asambleas permite el uso de transgénicos y otra, no. Nosotros los estamos usando, pero no hay una legislación que los ampare».

Aunque el empresario pretenda justificar sus acciones a través de un pretendido vacío legal, en los artículos 1, 3, 9, 64 y 65 de la Ley de Semillas se prohíbe explícitamente la introducción, liberación, comercialización, cultivo y mejoramiento genético de semillas y organismos genéticamente modificados, vistos sus efectos sobre la biodiversidad, la soberanía alimentaria y los potenciales riesgos para la salud.

Las regulaciones incluso alcanzan a las actividades de investigación en este ámbito, que para realizarse deben contar con el aval del Centro Nacional de Semillas.

En el marco de la 76ª FCA del mes de noviembre, el grupo aprovecha para alertar «sobre la amenaza que representa el paquete tecnológico transgénico esclavizante y homogeneizador, en contra de la diversidad cultural y la soberanía alimentaria de los pueblos».

«Este modelo de producción agrícola con paquete importado despoja a campesinos de la propiedad de la tierra para entregarla a manos privadas extranjeras, desplaza a las comunidades locales, contamina las aguas y suelos, afecta severamente la salud humana, atenta en contra de la preservación de la diversidad biológica y erosiona la memoria histórica de los pueblos en resistencia y construcción de soberanía alimentaria», se agrega en el documento.

Así las cosas, la FCA hace «un llamado a las autoridades y organismos competentes en general para que se tomen las medidas necesarias que permitan proteger y hacer cumplir nuestra legislación vigente, que es producto de una ardua y extendida lucha del movimiento popular».

Del mismo modo, exhortan a la Asamblea Nacional para que aproveche la coyuntura e incorpore en la agenda legislativa el reglamento que posibilitará «la implementación plena de la Ley de Semillas», así como de otros instrumentos jurídicos en los que se garantice el resguardo de la biodiversidad, el clima y los grupos vulnerables, de cara a «la construcción de la soberanía alimentaria desde los pueblos del sur global».

(LaIguana.TV)