La Fiscalía de Colombia informó este miércoles que subió a 27 la cifra de cadáveres hallados en áreas rurales del departamento de Arauca (de los cuales se ha identificado a 21), tras los violentos enfrentamientos entre grupos armados ocurridos desde el pasado fin de semana.

En un video difundido a través de las redes sociales, el fiscal general, Francisco Barbosa, precisó que los cuerpos se encontraron en los municipios de Fortul, Saravena y Arauquita (Arauca), y en el de Cubará (Boyacá). Precisó que los restos se encuentran en la sede de Medicina Legal y se les realizan las necropsias con la mayor celeridad.

Aunque Barbosa señaló que se había identificado a 20 personas, en declaraciones posteriores el ministro de Defensa, Diego Molano, informó que se había identificado a una persona más.

De acuerdo con la Fiscalía, entre los identificados hay dos mujeres, dos menores de edad y cuatro están vinculados a investigaciones como presuntos integrantes de disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).

En los primeros días de enero, este grupo armado enfrentó en esta zona a efectivos del Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN), presuntamente por el control de actividades económicas ilícitas y del territorio en el cual operan.

El fiscal general refirió que, de acuerdo con informes preliminares, las víctimas fueron obligadas a salir de sus viviendas y se estableció que recibieron disparos a corta distancia.

Este miércoles trascendió que llegaron a Arauca más de 600 militares con la pretensión de fortalecer la seguridad en los centros poblados de Puerto Nariño, La Esmeralda, Aguachica, La Paz y El Botalón.

Comunidades campesinas del departamento y organizaciones de derechos humanos manifestaron que la militarización del departamento, ordenada por el presidente Iván Duque, no solucionará el problema de la violencia.

Añadieron que este tiene su génesis en el abandono histórico de las zonas rurales por el Estado colombiano, la falta de planes de desarrollo e inversión social, y el incumplimiento del Acuerdo de Paz firmado por el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y las FARC-EP en noviembre de 2016.

(teleSUR)

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