Una pesquisa del portal de periodismo de datos abiertos La Tabla reveló que el caso de corrupción investigado en Estados Unidos en el que presuntamente estaría implicada la exfiscal Luisa Ortega Díaz y que fuera presentado como una exclusiva por la agencia The Associated Press (AP), en realidad fue presentado ante la opinión pública por la Fiscalía General de Venezuela en agosto de 2017, en el marco de una investigación sobre el desfalco en la Faja Petrolífera del Orinoco. 
 
El medio especializado precisa que, el pasado 12 de enero, el periodista Joshua Goodman (AP) reveló que el gobierno estadounidense está tras los pasos de Ortega Díaz –quien también está solicitada por la justicia venezolana– por haber recibido un millón de dólares de Carlos Enrique Urbano Fermín, uno de los dueños de la contratista Cuferca y a quien se sindica de haber hecho transas ilegales con Petróleos de Venezuela (Pdvsa). 
 
En el trabajo de Goodman, se «divulgó una solicitud de prórroga de la fiscalía de Miami, en el proceso contra Urbano Fermín», que a juicio del periodista, «permitiría que el gobierno tome medidas investigativas clave, en el caso (corrupción y lavado) que involucra a la exfiscal».
 
De acuerdo con esa fuente, el propio Urbano Fermín declaró ante una corte estadounidense que suscribió jugosos contratos con Pdvsa entre los años 2012 y 2016 y admitió que el Ministerio Público de Venezuela comenzó a investigarlo en 2017, pero detuvo el proceso tras haber transferido un millón de dólares «y nunca se presentaron cargos mientras Ortega fue fiscal jefe».
 
La Tabla refiere que en mayo de 2020, Urbano Fermín fue acusado en Estados Unidos por conspiración para defraudar y fue puesto bajo arresto 13 meses más tarde, pero consiguió la libertad luego de pagar una fianza de 100.000 dólares. 
 
En su trabajo periodístico, el medio venezolano destaca que AP «minimiza» que en agosto de 2017, poco después de asumir el cargo, el actual fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, procesó a los hermanos de Urbano Fermín, quienes eran sus socios en Cuferca. 
 
Más específicamente, el 31 de agosto de 2017, Saab imputó directamente a Carlos Esteban, en calidad de general de la Constructora Urbano Fermín C.A. (Cuferca) «y accionista de diversas compañías contratistas de Pdvsa», así como a sus dos hermanos, Carlos Arturo y Carlos Enrique.
 
En ese momento, la Fiscalía venezolana determinó que «la familia poseía por lo menos siete compañías en Panamá, cinco en República Dominicana y cuatro en Estados Unidos», sintetiza el portal de investigación.
 
Adicionalmente, Carlos Esteban Urbano, hoy liberado bajo fianza por la justicia estadounidense, «fue directivo del equipo de baloncesto Marinos de Anzoátegui y dueño del diario regional El Norte».
 
En lo que respecta a las acciones concretas emprendidas por Venezuela para encarcelar e imputar a los hermanos Urbano Fermín por su presunta participación en desfalcos a Pdvsa, La Tabla recuerda que «el 19 y el 20 de septiembre de 2017 se realizaron allanamientos a las empresas del Grupo Urbano Fermín –varias son contratistas de la Faja del Orinoco– de los ramos de construcción, ingeniería, atención médica y comunicación». 
 
Además, se dictaminó que para la fecha, «el conglomerado tenía una flota de 800 vehículos».
 
(LaIguana.TV)
 

 

 

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