Colombia es un país en guerra y la violencia indetenible que generan sus conflictos internos causan graves daños en Venezuela. Sin embargo, en los círculos diplomáticos y mediáticos no se habla de esto o, peor aún, se presentan los hechos de un modo contrario: culpabilizando a Venezuela de la situación de su nación vecina.
En la emisión del programa Desde Donde Sea del miércoles 26 de enero se analizó el dramático cuadro de la violencia colombiana, que sigue en efervescencia y podría complicarse todavía más cuando el país se encamina a un proceso electoral en el que se prevé una contundente derrota de la ultraderecha uribista que lo ha gobernado durante todo lo que va de siglo.
“Colombia es un tema que no ha hecho otra cosa que complicarse. Ha comenzado el 2022 de la forma más dramática y grave. La desaparición del Estado ha llegado a tales niveles que mientras el presidente Iván Duque se encontraba visitando una zona de Arauca, aparecieron paramilitares o pseudoguerrilleros abofeteándolos a él y a au jefe, Álvaro Uribe Vélez, diciéndoles que el Estado ya no tiene el monopolio legítimo de la violencia”, expresó el conductor del programa, Miguel Ángel Pérez Pirela, en la introducción del reportaje.
Añadió que otro elemento fundamental de la realidad neogranadina es que el gobierno de EE.UU. sigue mandando dentro de Colombia, de su Estado y su territorio. “Las bases militares son una puñalada a la dignidad del pueblo”, enfatizó.
“A esto hay que sumarle la recta final de la campaña electoral presidencial. Gustavo Petro está muy por delante de los otros aspirantes. Él ya debería ser el presidente, pero fue víctima de la escandalosa y pública compra de votos que llevó al poder a Duque, un títere de Uribe Vélez, como última y moribunda carta del uribismo –prosiguió-. Hay que estar pendientes con otro magnicidio de tantos que han ocurrido en Colombia. Petro está en peligro de muerte. El uribismo está sumido en escándalos, y una bestia moribunda es capaz de cualquier cosa”.
Tal como lo ha denunciado muchas veces, el filósofo y comunicador político aseguró que Venezuela paga los platos rotos de esa violencia continuada y sistemática, pues soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tienen que repeler las avanzadas de los paramilitares o de las diversas pseudoguerrillas, productos de conflictos con los que nada tienen que ver.
Presentó el Iguanazo de Iván Lira, titulado Siguen las masacres. En la ilustración, la muerte se toma una selfie con el mandatario colombiano y le dice: “Sonría, presidente Duque”.
Aspectos centrales del tema
Recrudece la guerra entre grupos irregulares armados. Colombia inicia el 2022 sumergida en una ola de violencia causada por enfrentamientos entre grupos irregulares armados –guerrillas y paramilitares– asociados con cárteles del narcotráfico.
A esto se suman masacres y asesinatos de líderes sociales, desplazamientos forzados y atentados terroristas, particularmente en la zona fronteriza con Venezuela.
Las disputas son, según los partes oficiales, entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) en el departamento de Arauca y han dejado más de una treintena de fallecidos y unas 170 familias desplazadas.
La Defensoría del Pueblo de Colombia informó que un grupo irregular armado asaltó e incendió un transporte de pasajeros que cubría una ruta intermunicipal en Tame, departamento de Arauca.
El organismo refirió que los pasajeros, incluidos algunos menores de edad, fueron obligados a bajarse bajo amenazas y sin sus pertenencias, que se incineraron junto al vehículo.
El mismo día de la quema del autobús, se registraron detonaciones de explosivos en una zona de viviendas el municipio Saravena (Arauca), sin que se reportaran víctimas.
Según reportes de medios locales, un grupo disidente de las FARC-EP difundió un comunicado a través de las redes sociales en el que se atribuía la autoría del atentado.
Un cabecilla del grupo habría dicho que estaba dirigido a un blindado del ejército colombiano que realizaba labores de patrullaje, razón por la cual se les demandó a los transportistas de carga detener el tráfico interdepartamental y se les advirtió que solamente permitirían comunicaciones intermunicipales.
Ante este panorama, el pasado 16 de enero Venezuela anunció que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) se desplegaría en las poblaciones de El Amparo, Guasdualito y La Victoria, al sur del estado Apure (fronterizo con el departamento de Arauca) para realizar «misiones de aseguramiento y control» en el marco de la Operación Vuelvan Caras 2022.
El objetivo es la expulsión total y definitiva del territorio venezolano de Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos (Tancol), según precisó el jefe del Comando Estratégico Operacional de la FANB, Domingo Hernández Lárez.
En virtud del recrudecimiento de la violencia en la zona fronteriza, el 4 de enero, el ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, anunció la elevación del nivel de alerta en los municipios colindantes con el departamento de Arauca.
No obstante, a pesar de que en los informes oficiales se insiste en que los decesos en esa zona de Colombia se deben fundamentalmente a luchas entre actores armados por el control de rutas del narcotráfico, algunos pobladores aseguran que los primeros días de 2022 se perpetraron una serie de masacres.
Terrorismo recargado en Colombia. Sin restar crédito a estos testimonios, dada la complejidad del conflicto armado en el vecino país, efectivamente hay un recrudecimiento de la violencia, incluso aquella con tintes terroristas.
La noche del pasado 19 de enero, se atentó con un carro bomba contra la sede de una organización de derechos humanos en el municipio Saravena del departamento de Arauca, incidente que dejó a una persona muerta y a cinco más heridas.
Dirigentes sociales denunciaron que además de las disputas entre grupos irregulares armados por el control de las rutas de tráfico de armas y estupefacientes, no puede dejarse de lado las fracasadas políticas del gobierno de Duque, que incluyen la militarización de los territorios en conflicto.
Las organizaciones de derechos humanos exhortan al Ejecutivo a abandonar el despliegue de tropas y retomar los diálogos con la guerrilla del ELN y otros actores armados.
Advierten, asimismo, que tras esta negativa del gobierno colombiano a dialogar, podría esconderse una estrategia de mantenimiento de la guerra en la que podrían estar implicados actores extranjeros, dada la proximidad de la zona caliente a la frontera con Venezuela.
El 21 de enero, la Policía Nacional de Colombia neutralizó un atentado con explosivos contra la sede alternativa del Partido Comunes en Bogotá. En esta organización se agruparon guerrilleros desmovilizados de las FARC-EP para incorporarse a la vida política del país, tras la firma de los Acuerdos de Paz de 2016.
La acción terrorista fue interpretada por los afectados como una nueva violación a las garantías de seguridad que debía proveer el Estado para ejercer oposición política, así como un síntoma de la situación real de los derechos humanos en el país.
Los miembros de Comunes exigen garantías para la defensa de los derechos humanos.
Duque culpa a Venezuela de la violencia en Colombia
Estas complejas circunstancias inducirían a pensar que el gobierno de Duque –al que le quedan menos de 200 días en el cargo– asumiría la responsabilidad por la nueva escalada de violencia y admitiría, al menos parcialmente, el fracaso de su estrategia de seguridad.
No ha sido el caso. En entrevista concedida al programa La silla vacía este martes, Juan Camilo Restrepo, comisionado de Paz y consejero de Seguridad de Duque, aseguró que el gobernante “dejará un legado en materia de seguridad”, pese a que las cifras de asesinatos de líderes sociales y firmantes de los acuerdos de paz hablan en dirección opuesta.
Restrepo fue tan lejos como para culpar exclusivamente a los grupos irregulares armados de estos crímenes y eludió toda responsabilidad del Estado en su comisión, alegando «dificultades» en la implementación de lo pactado en 2016.
Sin embargo, su postura no es ni con mucho la más escandalosa de todas, pues cuando recrudeció la violencia en el Arauca, la primera reacción de Bogotá fue echar la culpa al gobierno del presidente Nicolás Maduro por supuestamente amparar la operación de los grupos irregulares armados en territorio venezolano.
«Lo que ha pasado en Arauca es que hay unos territorios por los que se han estado enfrentando esos grupos. En la frontera con Venezuela han tenido protección y resguardo por parte del régimen de Nicolás Maduro», dijo Duque a una radio local a inicios de enero.
Esto le valió al gobernante respuestas categóricas desde Venezuela, entre las que destacan las de los ministros de la Defensa y de Interior, Justicia y Paz.
El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que el mandatario neogranadino es «el peor presidente en la historia de Colombia» y lo acusó de usar a su vecino como excusa para justificar su incapacidad para frenar la violencia estructural que atraviesa a Colombia desde hace décadas.
En sus tuits, el ministro Padrino critica a Duque por las tardías acciones que despliega en Arauca, destinadas a hacer creer que el Estado tiene el control de la situación y deplora que intente culpar a Venezuela de la crisis en el departamento fronterizo. Se pregunta quién tiene la culpa de los males de Colombia y asegura que responsabilizar a Venezuela no va a resolver nada. A su juicio, la situación solo avanzara cuando la oligarquía colombiana sea sustituida por un gobierno de compromiso social. Garantizó que la FANB está preparada para responder contundentemente a cualquier agresión a nuestra soberanía.
Por su parte, Remigio Ceballos Ichaso, ministro de Interior, Justicia y Paz, le recordó a Duque que lo sucedido era la resulta de décadas de «inexistente presencia» del Estado colombiano en las poblaciones y municipios fronterizos.
En favor de lo dicho por Ceballos Ichaso, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reporta que grupos armados operan a sus anchas en amplias porciones del territorio colombiano, pese a la militarización por la que apostó la Casa de Nariño.
A pesar de la grave situación, el presidente colombiano solo se apersonó en Arauca el 16 de enero, dos semanas después de iniciada la nueva ola de violencia y lo hizo únicamente para presidir un Consejo de Seguridad en el que se analizaría la situación.
Duque no visitó las poblaciones fronterizas, donde se registran los mayores índices de violencia, sino que acudió a la capital departamental junto a su ministro de Defensa, Diego Molano y el alto mando militar.
Y si bien se informó que 6.800 soldados estaban desplegados en la zona para garantizar la seguridad de los araucanos y enfrentar al ELN, a pocos kilómetros de la capital del departamento, el grupo insurgente patrullaba las calles de un poblado en el que no se avistó a ningún miembro de la fuerza pública.
Las fotografías y videos dejaron en ridículo al presidente colombiano, y la respuesta oficial fue una agresiva campaña en las redes sociales con el ministro Molano a la cabeza, en la que se difundieron piezas audiovisuales de las acciones de la policía y el ejército en Arauca con la etiqueta #elnsolopalafoto.
En paralelo, el funcionario pretendió desviar la atención de su fracaso público en Arauca, al asegurar que los «cabecillas cobardes del ELN operan desde Venezuela y Cuba, no en Colombia».
El nuevo episodio de culpabilización a Venezuela de la violencia en Colombia, obligó a una respuesta oficial, en la que se calificó el señalamiento como una «obsesión» de Duque con la que pretende ocultar la crisis humanitaria que padece su país.
«La obsesión compulsiva sobre Venezuela que padece el capo que se ha enquistado en el palacio de Nariño solo pretende ocultar las masacres, los desplazados y la tragedia humanitaria que se vive en Colombia, un narcoestado hecho a la medida del señor Duque», escribió el canciller Félix Plascencia en Twitter.
En el marco de la misma operación mediática de desvío de atención, Duque cargó contra el diálogo en Venezuela y enfatizó que nunca respaldaría conversaciones entre el gobierno y las oposiciones mientras el presidente Nicolás Maduro continúe en el poder.
«Volver a la mesa es simplemente alargar una agonía de unos diálogos que no tienen fundamento porque el dictador lo que quiere es pertrecharse en el poder, no tiene sentido», sostuvo en una visita oficial a Ecuador.
Empero, se vio impelido a matizar su comentario, porque previamente el gobierno estadounidense había manifestado su interés en que se retomaran la mesa de negociaciones en México, bajo la premisa de que el presidente Maduro debe dejar el poder, debe instalarse un gobierno de transición, deben convocarse «elecciones libres» y ponerse en marcha un «plan de reconstrucción».
El canciller Plascencia respondió duramente a Duque por sus comentarios: «no es de extrañar que un político de su calaña, incapaz de respetar lo pactado en los Acuerdos de Paz en Colombia, se exprese de esa forma sobre los enormes esfuerzos que todas las partes involucradas han venido haciendo a favor de promover el consenso entre las y los venezolanos», dijo.
El manejo del conflicto interno por parte de Colombia fue cuestionado en una escala todavía mayor por el ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, quien señaló, en otros tuits, directamente a las autoridades colombianas de fungir de «peón» de la OTAN para proyectarse en América Latina.
El tratamiento de Colombia del atentado con un carro bomba en Arauca no fue diferente a lo ya visto en ocasiones previas, pues el ministro Molano nuevamente apeló al manido recurso de culpabilizar a Venezuela por lo sucedido y de inmediato recibió una respuesta enfática del otro lado de la frontera.
En Twitter, Padrino López respondió con ironía a lo señalado por su par neogranadino y calificó sus declaraciones como “cháchara sin sentido”.
Masacres y asesinatos de líderes sociales no paran
Pese a los esfuerzos de los personeros del gobierno colombiano por responsabilizar a Caracas de la más reciente deriva de su prolongado conflicto armado, hay una realidad fáctica que no puede ser ignorada: las masacres y los asesinatos de líderes sociales continúan en aumento.
«El 2022 inició con graves afectaciones en contra de líderes y lideresas sociales a lo largo del país», denunció el pasado 23 de enero la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).
La organización dijo en un comunicado que estima necesario alertar a la comunidad internacional que Colombia «vive una degradación de violencia», que podría intensificarse por el advenimiento de la campaña electoral para las elecciones generales que se realizarán el próximo 29 de mayo.
Además de acusar al gobierno de Duque de aplicar «una política de seguridad casi inexistente, desestructurada y que replica las mismas lógicas militaristas que no han funcionado históricamente en Colombia», Pares enfatizó que los líderes sociales corren grave peligro.
Al 20 de enero, se registraban ya 10 masacres en 2022, la última de ellas perpetrada en el municipio Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, en la que se asesinó a tres personas de una misma familia.
En este caso, como en tantos otros, el gobierno hizo caso omiso de las alertas que emitiera la Defensoría del Pueblo acerca de los movimientos de distintos grupos armados en la zona.
Expertos consideran que la administración de Duque asumió una estrategia de guerra basada en el envío de tropas adicionales a las regiones azotadas por la violencia, lejos de amainarla, la han agravado.
Tras divulgarse esta noticia, representantes de la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia, exigieron al Ejecutivo la elaboración y puesta en marcha de un proyecto orientado a garantizar la seguridad y la vida de los ciudadanos.
Según Indepaz, en apenas 20 días de enero fueron asesinados nueve defensores de derechos humanos, incluyendo un líder ambientalista de 14 años perteneciente al pueblo indígena nasa. El crimen fue atribuido a disidencias de las FARC-EP.
En esta situación bélica, las comunidades más vulnerables están a merced de la violencia y por eso demandan al Estado colombiano la revisión de su política de seguridad, la implementación de los acuerdos de paz y una respuesta integral que permita integrar efectivamente a estos grupos.
Así, la peligrosa ola expansiva de la violencia en Colombia, también empieza a cobrarse la vida de ciudadanos venezolanos no implicados con las actividades de grupos irregulares armados, como sucedió en la primera masacre computada este año, sucedida el pasado 4 de enero en el departamento de Valle del Cauca.
A mediados de enero, secretario general de la Organización de Naciones Unidas, António Guterres, advirtió que, si en Colombia permanecían los niveles actuales de violencia, la implementación de los Acuerdos de Paz de 2016 fracasaría definitivamente.
Los comentarios de Guterres se apoyan en la escandalosa cifra de activistas, líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz de 2016 asesinados, a lo que se suman masacres y miles de desplazados.
La llegada de 2022 no ha supuesto ningún cambio significativo en esta materia. Este lunes, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) reportó que la violencia desatada en el Arauca causó el desplazamiento forzado de 455 familias y condenó a más de 1.500 personas a requerir de asistencia humanitaria.
La OCHA destacó que el conflicto no está restringido al departamento de Arauca. Expertos internacionales computaron el desplazamiento masivo de 84 personas en Norte de Santander.
A la fecha, en esa entidad neogranadina se ha contabilizado el desplazamiento de más de 585 personas, entre las que se incluyen 146 en condición de refugiados o migrantes desplazados y 132 indígenas.
En 2021, organizaciones de derechos humanos computaron 92 masacres en las que arrebató la vida a 326 personas. Además, se reportó el asesinato de 198 activistas y 42 firmantes del acuerdo de paz.
Contexto político: comenzó la carrera presidencial
Pese al clima de violencia imperante, la inminencia de las elecciones generales, en las que los colombianos elegirán tanto al sucesor de Duque en la Casa de Nariño como a los representantes y senadores al Congreso de la República, ha puesto en marcha la precampaña presidencial.
De momento, se han identificado tres coaliciones principales: Pacto Histórico (izquierda), Centro Esperanza (centro), Equipo por Colombia (derecha-centroderecha). Cada una tiene varios precandidatos.
Estas organizaciones elegirán a sus abanderados en elecciones primarias el venidero 13 de marzo y tras la realización de varios debates públicos.
El senador Gustavo Petro, líder de Colombia humana y precandidato del Pacto Histórico figura como el gran favorito en las encuestas, que apuntan a que esta vez conseguirá lo que le fuera arrebatado en 2018, con la dudosa victoria del actual presidente.
Petro ha intensificado su actividad pública planteando que Colombia debe dejar de ser una potencia de la violencia y la muerte, para ser una potencia de la paz y la vida.
Este liderazgo, que se extiende más allá de las fronteras colombianas (recibió el apoyo de los expresidentes brasileños Luiz Inácio Lula Da Silva y Dilma Rousseff), ha encendido las alarmas entre sus adversarios. El pasado 2 de diciembre, desde el Centro Político se propuso selección de un «candidato único» que le hiciera frente a Petro y al eventual contendor del uribismo.
A la cabeza de esta iniciativa, en la que participaron seis precandidatos, estuvo la exsenadora, excandidata presidencial y líder del Partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, quien propuso que la recién creada alianza asumiera el nombre de Centro Esperanza.
El pasado 18 de enero, Betancourt anunció que competirá nuevamente por la presidencia de su país, aunque esto no implica la eliminación del proceso electoral a lo interno de su coalición, en la que el también exaspirante presidencial Sergio Fajardo parece llevar ventaja.
El panorama de la candidatura presidencial en la derecha y centroderecha es todavía más nebuloso, pues el delfín del uribismo, Óscar Iván Zuloaga, ya anunció que no se adscribirá al Equipo Colombia, lo que le obligará a impulsar una candidatura en solitario o suscribir alianzas que en este momento lucen poco claras.
Entretanto, otros candidatos derechistas, como el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, han enfilado sus cañones contra Petro –cuya postulación se da por descontada– apelando al manido recurso de vaticinar que su victoria implicaría la transformación de Colombia en otra Venezuela.
«Tenemos que hacer conciencia de votar bien para no correr la misma suerte de Venezuela. En Equipo por Colombia no somos genios, pero sí tenemos claro que tenemos que defender las instituciones colombianas. El próximo gobierno tiene que dar más seguridad, crear condiciones para la inversión que generen empleo y mejores ingresos», dijo Peñalosa en una entrevista concedida a Semana.
Para enfatizar su punto, aseguró que «lo único que pasó en Venezuela –¡lo único!– es que el país votó mal y se jodió», en alusión a la victoria electoral de Hugo Chávez en 1998.
A modo de pretendida descalificación, el político derechista sostuvo que Petro «en el pasado expresó (…) simpatías a favor del gobierno venezolano de Chávez y su sucesor» y ha prometido que «desmantelará muchas instituciones públicas y privadas» en las que supuestamente se asienta la democracia colombiana.
Más allá de estas declaraciones individuales, este martes 25 de enero los precandidatos presidenciales Gustavo Petro, Camilo Romero, Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo, Francia Márquez, Juan Manuel Galán, Rodolfo Hernández, Óscar Iván Zuloaga, Ingrid Betancourt y Alejandro Gaviria participaron en el primer debate virtual, de cara a las elecciones del 13 de marzo en las que las coaliciones elegirán a sus postulados definitivos.
En el encuentro, los aspirantes presentaron sus pareceres en torno a la controvertida reforma tributaria aprobada en la saliente gestión y avanzaron las estrategias que planean implementar para combatir el narcotráfico y la corrupción.
La disminución de las confrontaciones entre grupos irregulares, masacres y desplazamientos forzados derivados del conflicto armado fue otro de los temas abordados.
A pesar de que la reunión contó con la presencia de 10 precandidatos presidenciales, la candidata Francia Márquez, representante de grupos afrocolombianos, denunció que hay aspirantes presidenciales que no tienen acceso apropiado a los medios de comunicación.
Según Márquez, esta situación alcanza también a los aspirantes a curules de paz en el Congreso, que precisamente están localizados en las zonas donde la violencia ha escalado y donde se corren más riesgos de fraude electoral.
Cifras
-10 masacres se registraban en los primeros 20 días de enero en Colombia
-33 muertes ocurrieron en las primeras masacres del año
-455 familias en situación de desplazamiento forzado causó la violencia desatada en Arauca
-1.500 personas requirieron asistencia humanitaria
-6.800 efectivos militares fueron desplegados en Arauca
-92 masacres se registraron en 2021, según organizaciones de derechos humanos. En esos eventos perdieron la vida 326 personas
-198 activistas y 42 firmantes del acuerdo de paz fueron asesinados en 2021
Elementos para la discusión y conclusiones
Tras la presentación de los hechos y sus contextos, Pérez Pirela expuso sus conclusiones:
Las acciones que ocurren en diversas zonas de Colombia demuestran que el Estado colombiano no tiene el monopolio legítimo de la violencia. Esos territorios son ya posesiones de fuerzas irregulares.
2022 se ha abierto con un terrorismo recargado en Colombia. Colombia es una tierra llena de mercenarios, paramilitares, exguerrilleros, marines, etcétera.
La presencia de grupos irregulares, según un mapa de Indepaz, cubre casi todo el territorio colombiano. Es un cáncer con metástasis.
EE.UU. necesita una guerra para salir del atolladero económico en el que se encuentra. La industria bélica tiene mucha influencia en las élites de ese país, igual que las oligarquías colombianas y especialmente el uribismo.
Los acuerdos de paz de 2016 lo único que lograron fue el milagro de entregarle un Premio Nobel de la Paz a un presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, algo tan insólito como lo ocurrido antes, cuando se lo otorgaron a uno de EE.UU., Barack Hussein Obama.
La culpa de la violencia desatada en Colombia durante decenas de años es, según Duque, de Venezuela.
Con el auge del paramilitarismo y de las bases militares estadounidenses, Colombia resolvió dejar desguarnecidas las fronteras.
Es un hecho que hay presencia de paramilitares clásicos y de falsos guerrilleros en territorio venezolano.
Duque no va a cambiar su política de seguridad porque ya va de salida y además, si quisiera cambiarla, EE.UU. no se lo va a permitir.
Venezuela sigue siendo una víctima silente de la violencia en Colombia. Sobre Colombia cae un silencio de sepulcros por parte de los gobiernos y de los medios.
Todas estas reflexiones nos permiten dejar abierta una pregunta: ¿la guerra en Colombia está explotando ya en Venezuela?
Fuentes citadas
LaIguana. TV, caricatura de Iván Lira, RT, Telesur, Indepaz, Pares, tuits de los ministros Vladimir Padrino López, Remigio Ceballos Ichaso y Félix Plascencia.
Anuncio
Pérez Pirela informó que el programa del jueves 27 tendrá carácter histórico, pues será una conversación con uno de los grandes filósofos vivos de los siglos XX y XXI, Enrique Dussel, uno de los padres de la filosofía de la liberación y del pensamiento descolonial.
(LaIguana.TV)
