El diputado Hugbel Roa (PSUV) aseguró este martes que existen «suficientes elementos» para que el sistema judicial actúe sobre Juan Guaidó y otros exparlamentarios, en virtud de la gran cantidad de delitos que aparentemente habrían cometido durante su ejercicio legislativo y más allá.
En entrevista concedida a Unión Radio, Roa, quien es el primer vicepresidente de la Comisión Especial para Investigar las Acciones Perpetradas contra la República por parte de la Asamblea Nacional del período 2016-2021, precisó que los actos ilegales perpetrados por este grupo, al que tachó de «delictivo», suman cerca de 1.300.
El parlamentario puntualizó que si bien en la Asamblea Nacional es «respetuosa de la división de poderes», insistirá ante la Fiscalía General de la República para que impute a estos exfuncionarios, pues sienten que «es una burla» que estas personas, que tanto daño han causado al país, continúen en libertad.
Roa destacó que estos actos «no solamente» afectaron a los chavistas, sino «a todo aquel que vive en este país y al que vive fuera también», pues en el extranjero los connacionales han tenido que padecer ataques xenófobos, vejámenes y humillaciones de distinto cuño, gracias a la propaganda antivenezolanos que propalaron dirigentes políticos de la oposición extremista.
A esta cuenta, Roa añadió las pérdidas patrimoniales de la República, «que ascienden a más de 130.000 millones de dólares», así como las «más de 60.000 muertes» que pueden ser directamente atribuibles a las medidas coercitivas unilaterales.
«Los diputados no vamos a cesar en lo que estamos haciendo. Tenemos un despliegue programado para que todo el país sepa a detalle [lo investigado] y si tenemos que empezar a movilizarnos, nos vamos a empezar a movilizar, pero ya se tiene que hacer justicia en este país», sentenció.
El informe final irá a la CPI
Según lo externado por el parlamentario psuvista, la Comisión ya entregó a las instancias competentes un informe preliminar que contiene una documentación explícita del 80% de los delitos presuntamente cometidos por diputados de la legislatura anterior, al tiempo que el informe final se encuentra en proceso.
La demora, explicó, se debe a dos factores: por un lado, el interés de la Asamblea Nacional en documentar profusamente los delitos cometidos por exlegisladores, de cara a que el informe pueda ser presentado ante la Corte Penal Internacional (CPI); de otro, la adición de nuevos detalles asociados al caso Monómeros.
Con respecto a la entrega de la documentación ante la CPI, Roa refirió que se estimaba importante recurrir a esa instancia «porque por primera vez en la historia, una organización delictiva (…) trasnacional recibió respaldo directo de 60 gobiernos, encabezados por el gobierno de Estados Unidos», con el propósito de «destruir a un país».
En relación con Monómeros, apuntó que las nuevas evidencias han dejado claro que Guaidó, en contubernio con socios locales y regionales, se repartieron la otrora lucrativa productora de fertilizantes como que si de «una herencia familiar» se tratase.
En su decir, este manejo doloso condujo a que la empresa, que cubre el 50% de la demanda en el vecino país, esté en una situación penosa, intervenida y con grave riesgo de perderse definitivamente, pues el Estado colombiano estaría echando mano de políticas nacionales e invocando la seguridad alimentaria de su población para asestar el zarpazo definitivo.
«Esto es muy delicado, porque (…) Juan Guaidó y esta organización delictiva estarían entregando íntegramente la empresa. Al igual de lo que ha ocurrido con Citgo (…), donde ahora pretenden pagar la deuda de Crystallex con los activos de Citgo», remató.
(LaIguana.TV)
