El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, reiteró su defensa al ataque con disparos que perpetrara una embarcación de la Guardia Costera de su país contra una embarcación que transportaba a 43 migrantes y que ocasionó la muerte de un niño venezolano de menos de un año de edad.
«No sé qué oficial apretó el gatillo. Pero sé que ese oficial sentiría el dolor de saber que el resultado de esa acción, esa acción legal, esa acción apropiada para defender a Trinidad y Tobago, resultó en la muerte de ese niño y en ser llamado asesino. Lo rechazo, lo rechazo y lo rechazo», dijo Rowley en una comparecencia ante los medios.
El pasado 9 de febrero, el funcionario tachó el deceso del infante de «accidente» y aseveró que los guardacostas habían seguido «órdenes razonables y profesionales, apegadas a los protocolos y leyes internacionales».
Pese a estas declaraciones, el pasado jueves, el ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, Fitzgerald Hinds, informó que el suceso estaba siendo investigado paralelamente por dos agencias gubernamentales y extendió sus condolencias a los familiares de la víctima, así como al gobierno y al pueblo de Venezuela.
Por su lado, las autoridades de Venezuela rechazaron el incidente y demandaron a la nación caribeña «una investigación exhaustiva que permita esclarecer los hechos».
En un comunicado difundido por la Cancillería, Caracas también anunció que activaría los mecanismos diplomáticos necesarios para «establecer protocolos binacionales» orientados a mejorar la seguridad transfronteriza, en el marco de las más cordiales relaciones entre países vecinos.
Al hacerse pública la noticia del fallecimiento del menor, tanto la Organización de Naciones Unidas como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigieron a Puerto España la realización de una investigación que permitiera aclarar lo ocurrido.
(LaIguana.TV)
