El pasado viernes 6 de mayo, la exfiscal general de Venezuela y prófuga de la justicia, Luisa Ortega Díaz, manifestó que se encuentra en búsqueda de empleo porque no está conforme con el sueldo que devenga donde labora actualmente.

Así lo expresó durante una entrevista para EVTV conducida por el periodista Miguel Ángel Rodríguez, donde ante la interrogante de cuáles son sus planes a futuro, Ortega Díaz dijo que su actividad como fiscal general «cesó» y que no hará otra cosa que no sea en defensa de la «democracia» y la «institucionalidad».

«Ya tengo un trabajo, lamentablemente el sueldo es muy poco, por lo que estoy buscando un trabajo que sea mejor remunerado. Estoy en ese proceso de búsqueda y estoy trabajando paralelamente en la defensa de la democracia venezolana», dijo. Recordemos que en el pasado mes de enero, Ortega Díaz afirmó que sus funciones como fiscal general cesaron constitucionalmente este 31 de diciembre de 2021.

En 2017, Luisa Ortega Díaz huyó a Colombia tras develarse una trama de sobornos y corrupción imbuida en el seno del Ministerio Público (MP). Por ello, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano emitió un pedido de extradición al vecino país ese año, a fin de que rindiera cuentas por estas acusaciones.

Sin embargo, la exfiscal general enfrenta acusaciones en Estados Unidos por presuntos delitos de corrupción y recibir sobornos del empresario venezolano Carlos Urbano Fermín, vinculado al desfalco de la empresa nacional Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Además, sobre la red de sobornos y el encubrimiento a la sociedad mercantil ABA Mercado de Capitales Casa de Bolsa C.A., que estafó a más de 300 familias del estado Zulia y cuyo proceso fue engavetado y paralizado en septiembre del 2016 por la gestión de Ortega Díaz.

Actualmente, Ortega Díaz reside en Madrid, luego de que en 2020 se negara al llamado de comparecer en tres oportunidades ante la fiscalía colombiana por presuntamente haber cometido una serie de delitos en dicha nación. Por ello, se generó una orden de captura en su contra que, según destacan medios de comunicación neogranadinos, quedó anulada tras la intermediación del presidente Iván Duque.

(LaIguana.TV)

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