El pasado 15 de mayo la dirigencia del Partido Popular (PP) pidió al Gobierno de España que revise y suspenda su acuerdo de extradición con Venezuela y que le otorgue asilo político a los opositores venezolanos Rolando Figueroa y Ernesto Quintero (ambos hoy día solicitados por la justicia de nuestro país). Estos dos sujetos, por cierto, han contado desde su captura con el apoyo del prófugo y militante ultraderechista, Leopoldo López.

Este apoyo es cuestionado por distintos sectores políticos de Venezuela, sobre todo porque, como señala el medio de análisis La Tabla, se trata de dos «simples estafadores» que solo desempeñaron cargos medios en Venezuela: Ernesto Quintero era tesorero de la sociedad financiera ABA Capital y Rolando Figueroa fue director de Justicia y Culto del Ministerio del Interior desde el año 2006. 

Es necesario precisar que Quintero actualmente está siendo acusado de estafa continuada, apropiación de fondos o valores, legitimación de capitales y asociación para delinquir, mientras que Figueroa está involucrado en una estafa por una compra de medicamentos oncológicos. «Llama la atención la defensa que el prófugo de la justicia, líder de Voluntad Popular y protegido por el reino de España, Leopoldo López, hace de los estafadores, uno detenido y otro con restricciones», destacó La Tabla.

«La sentencia de la extradición del caso de Quintero está publicada en la web y explica que la casa de bolsa vendió títulos de deuda sin la autorización de los clientes, es decir, los dueños. Los ‘compró’ una ‘filial’ de ABA en las Islas Vírgenes británicas: ABA Capital Markets», indicó el medio a través de su usuario en la red social Twitter.

«Los directivos y administradores también realizaban captación de inversiones a través de varias compañías filiales de ABA que no estaban autorizadas para hacerlo. También descubrieron préstamos entre esas compañías con los fondos captados», agregó La Tabla. El portal recuerda que la extradición de Ernesto Quintero fue acordada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el mes de septiembre de 2019.

Con respecto al caso de Figueroa, La Tabla recalcó que la compañía de la que era socio recibió el dinero por la compra de un lote de medicamentos, pero nunca hizo entrega del dinero. «La paciente (madre de la denunciante) falleció en 2017 por secuelas de la enfermedad, ya que hubo retraso en la aplicación del tratamiento», resaltó el portal. La víctima en este hecho había sido compañera de trabajo del acusado, con un rango equivalente, en el Ministerio del Interior.
 
Figueroa, destacó el portal, era «un funcionario de confianza del ‘régimen'». En este sentido, subrayó dos particularidades comunes en ambos casos:
 
1) No hay elementos políticos que sopesar sino turbias estafas económicas contra particulares, y
 
2) Ninguno posee (aparentemente) recursos para pagar al abogado más cotizado para tratar las extradiciones en España.
 
En contexto
 
Recordemos que a mediados del año pasado, específicamente en el mes de julio, López había denunciado una presunta persecución de parte del gobierno de Venezuela, contra distintos dirigentes opositores y miembros de su partido Voluntad Popular (VP). Posteriormente, tras las solicitudes de extradición de Figueroa y Quintero, López solicitó al gobierno de Pedro Sánchez que reconsidere su posición frente a las demandas de la justicia venezolana.
 
En abril de este mismo año, mediante su cuenta en la red social Twitter, el prófugo de la justicia escribió lo siguiente: «Confiamos en que las instituciones españolas reconsideren los casos de Rolando Figueroa y Ernesto Quintero, y valoren el riesgo que representa para su integridad física ser extraditados a manos de una dictadura criminal, investigada por la CPI por crímenes de lesa humanidad».

Finalmente, el pasado 15 de mayo el PP pidió al gobierno de España que revise y suspenda el acuerdo de extradición con Venezuela y que evalúe la figura de asilo político. Mediante su solicitud, interpuesta ante el Congreso de los Diputados, la referida organización política pretende que la Cámara Baja exija al Ejecutivo que actúe en esta línea tanto con Venezuela como también con otros países.

«La extradición es un instrumento de cooperación entre las naciones que implica un reconocimiento a los sistemas judiciales y a los estándares de separación de poderes y de calidad de Estado de Derecho entre las diferentes naciones», señala el PP.

(LaIguana.TV)

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