Enrique Sánchez Falcón, «procurador especial» designado por el exdiputado Juan Guaido en su pretendida administración, denunció hace algunas jornadas que los bufetes internacionales que trabajaban para el gobierno de Venezuela y que se plegaron a su causa en 2019, amenazan con retirar su respaldo en los litigios internacionales por falta de pago, reseña La Tabla.

Según este informe, Sanchez Falcón informó por vía remota desde Bogotá ante un grupo de exdiputados «de la extinta Asamblea Nacional electa en 2015, y que es la precaria base en que un puñado de gobiernos reconocen a Guaidó», que la deuda con las firmas jurídicas internacionales supera los 18 millones de dólares.

El pseudofuncionario precisó que el dinero se adeuda a Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle y a Hogan Lovells, si bien una pesquisa realizada por el portal venezolano mostró que Arnold & Porter también forma parte de los acreedores del así llamado interinato, como se comprueba a partir de información pública citada en medios venezolanos con línea editorial afín a Juan Guaidó.

En su decir, durante su gestión se han cancelado 28 millones de dólares a los escritorios legales extranjeros, al tiempo que José Ignacio Hernández, su predecesor en el pretendido cargo, pagó 16 millones de dólares en gastos legales.

Ni el medio especializado ni el «procurador especial» indicaron la procedencia de los fondos con los cuales se han cancelado 44 millones de dólares en tres años a bufetes internacionales. Tampoco se especificó qué monto se adeuda a cada uno ni trascendió el contenido –o una parte– de los contratos suscritos.

(LaIguana.TV)

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