El juez argentino Roberto Gallardo ordenó el lunes al alcalde de Buenos Aires que cancele el operativo policial montado durante varios días alrededor de la residencia de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández, informan medios de prensa.

El juez ordenó al alcalde Rodríguez Larreta que “cese de forma inmediata la ejecución de cualquier operatoria policial directa o indirectamente vinculada con la custodia de la persona, familia y/o domicilio” de la exmandataria, una prerrogativa que atañe únicamente a la seguridad federal.

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De acuerdo con la orden, el ministro de Justicia y Seguridad deberá asegurar las tareas comunes de la policía en la prevención y persecución del delito en los alrededores del domicilio de la vicepresidenta, en el marco de sus competencias legales y no interferir en la custodia federal. 

Así el juez responde a varios recursos de amparo presentados previamente por diputados de la alianza Frente de Todos, quienes declararon que el objetivo del bloqueo de calles aledañas a la casa de Fernández en el barrio Recoleta era crear un estado de sitio.

La zona permaneció cercada con vallas todo el fin de semana y rodeada por fuerzas antimotines para dispersar a miles de simpatizantes y seguidores de la líder peronista que se dieron cita allí para apoyarla, a pesar de fuertes incidentes de represión policial.

El propio hijo de la exmandataria sufrió la violencia policial al intentar acceder a la casa de su madre, evidencian videos que circulan por las redes sociales.

Cristina Fernández enfrenta una posible pena de 12 años de prisión por presunta corrupción en la llamada causa “Vialidad”, al encabezar una asociación ilícita que defraudara al Estado 1.000 millones de dólares, según los fiscales.

Varias personalidades del mundo de la política y los movimientos sociales, incluyendo al propio presidente en funciones de la nación argentina, Alberto Fernández, han denunciado estas maniobras de “lawfare” (guerra jurídica) para desacreditarla e inhabilitarla para los cargos públicos.

La consideran una “perseguida política” de las fuerzas opositoras de la derecha argentina e internacional, especialmente los medios de comunicación, jueces y fiscales partidarios del “macrismo”, que se han aliado en lo que llaman algunos como el “partido judicial”.

(teleSUR)

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