En su más reciente entrega de «Tubazos», el periodista venezolano Eligio Rojas profundizó sobre los casos de funcionarios policiales que han sido capturados por sus vínculos con organizaciones criminales en el país.

Específicamente, Rojas se refirió a los dos jefes policiales detenidos recientemente tras ser descubiertos sus nexos con la banda fundada por Deiber González, alias Carlos Capa, a quien se le imputan los delitos de sicariato, extorsión y secuestro.

Explicó que la última acción delictiva atribuida a esta banda tuvo lugar el domingo 4 de septiembre, cuando cuatro integrantes del grupo criminal asesinaron a tiros en el sector El Arbolito, ubicado en la entrada de San Francisco de Yare, estado Miranda, al funcionario policial Richard José Rondón Ortega y a su esposa, Roxanna Hernández Rondón. En dicho ataque, además, resultó herido su hijo adolescente.

Resaltó que, a los dos días de ese ataque, el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz desplegó la Operación Trueno IV, para desarticular a la estructura criminal de Carlos Capa.

En medio de ese operativo, destacó, se descubrió que los tentáculos de la organización llegaron dentro del sistema policial, pues resultaron aprehendidos dos jefes de la subregión Valles del Tuy y un oficial.

De acuerdo con Rojas, la primera en ser detenida fue la directora de la Policía Municipal de San Francisco de Yare, la supervisora agregada Patricia Rodríguez. Posteriormente, comentó, capturaron al supervisor agregado Osmer Israel González Suárez, jefe de operaciones de la policía del municipio Rafael Urdaneta, en Cúa.

El periodista relató que ambos funcionarios fueron detenidos en la sede del Viceministerio del Sistema Integrado de la Policía, tras ser convocados a una reunión donde no pudieron explicar determinadas acciones y omisiones.

Específicamente, estas personas eran las encargadas de informar a los cabecillas de la banda sobre los operativos a ejecutar, para que se escondieran y evitaran ser capturados.  Además, no movían un dedo para investigar las fechorías de Carlos Capa o detener a sus socios.

Ahora bien, según Rojas, el servicio que los dos jefes policiales prestaban a la banda no era gratis, ya que recibían una parte del botín obtenido por los criminales, fruto de extorsiones a comerciantes, asesinatos por encargo o atracos.

Destacó que los funcionarios fueron descubiertos mediante la revisión de sus celulares, los cuales tenían conversaciones directas con la célula criminal.

Asimismo, señaló que González Suárez posee seis expedientes abiertos en tribunales penales de Valles del Tuy: cuatro por el delito de extorsión y dos por el delito de secuestro.

Sobre el tercer capturado, Rojas detalló que se trata del oficial Manuel Wladimir Araque Márquez, adscrito a la Policía de San Francisco de Yare, quien fue aprehendido cuando trataba de liberar a su hermano detenido en las celdas de esa policía municipal, procesado por tráfico de drogas.

Una vez puesto a la orden de la justicia, las autoridades procedieron a requisar el teléfono celular de Araque, detectando también vínculos con los principales líderes de la banda de Carlos Capa.

Según el viceministro para el Sistema Integrado de la Policía, general Elio Estrada, consultado por Rojas, hasta los momentos solo estas personas han sido detenidas por dicha trama, pero las investigaciones continúan.

El periodista también recordó otro episodio de vínculos entre funcionarios y líderes negativos muy similar a este caso. Se trata de la organización criminal del Picure, fundada por José Antonio Tovar Colina en Guárico. 

Dicha banda, que operaba desde el barrio Concha de Mango, ubicado en El Sombrero, vivió sus mejores momentos entre los años 2008 y 2016. Pero, el 3 de mayo de 2016, el Picure cayó en un enfrentamiento con organismos de seguridad.

Rojas aseguró que seis meses antes de la muerte del Picure, reseñó la noticia de que el secretario de Seguridad Ciudadana de Guárico, el general del ejército Richard James de Sancho, fue removido de su cargo por presuntamente ser quien enviaba información sobre los distintos operativos policiales al líder de la banda.

En dicha oportunidad, ante el revuelo por el artículo, relata el periodista, fue llamado por el entonces gobernador de Guárico, Ramón Rodríguez Chacín, quien le afirmó que dicha noticia era totalmente falsa y que el general había sido removido del cargo de secretario de Seguridad Ciudadana por razones de salud.

Rojas aseveró que hasta fue invitado a un programa para debatir dicho tema con el propio Richard James de Sancho, a la cual decidió no asistir por motivos de seguridad. Hasta el sol de hoy, agrega el periodista, el general James de Sancho nunca pidió derecho a réplica.

Arresto domiciliario a alias «La Diabla»

Durante la transmisión, Rojas también habló del caso de Mairobys Nazareth González Monero, alias «La Diabla», cabecilla del grupo «Edgar Mariano» -una de las células del Tren del Llano dedicada a la extorsión, secuestro y asesinatos por encargos-, a quien la semana pasada el Tribunal Tercero de Control de Guárico otorgó arresto domiciliario.

De acuerdo con el periodista, el beneficio brindado a la mujer, quien había sido capturada el pasado 22 de junio en el sector Las Garcitas de Valle de la Pascua, junto a otros cinco integrantes de la mencionada organización criminal, no es nuevo, puesto que en octubre de 2021 el propio Rojas denunció la liberación, bajo la figura de arresto domiciliario, de César Alejandro Campagna Perdomo (29) y Luis Antonio Belisario Hernández (30), integrantes de la banda de «Javielito Tocorón», grupo delictivo dirigido desde el internado judicial de Aragua.

Recordó que la aprehensión de estos últimos tuvo lugar el 19 de octubre de 2021 por parte de una comisión del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas). En dicho procedimiento también fueron detenidos Deivis Anaís Díaz Cordero (27) –cabecilla de la célula- y Héctor José Pérez Herrera (48).

Las cuatro personas fueron presentadas ante el Tribunal 2° de Control de Guárico, a cargo de la jueza Kisberly Andreina Matos Arévalo. La fiscalía les imputó los delitos de extorsión y asociación para delinquir y solicitó dejarlos privados de libertad. No obstante, la jueza solo ordenó recluir a Díaz y Pérez, mientras que otorgó arresto domiciliario a los otros dos.

Recalcó que, tras conocerse la información, el Ministerio Público anunció que apelaría tal decisión y, posteriormente, otro tribunal revocó la medida y ordenó la recaptura de Campagna y Belisario.

En este sentido, Rojas señaló que, si una persona es encarcelada por pasar por encima de la ley, el Estado tiene determinadas normas para garantizarle sus derechos. Para ello, agregó, la constitución establece lo que se denomina el sistema de justicia.

(LaIguana.TV)

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