En su más reciente entrega de «Tubazos», el periodista venezolano Eligio Rojas profundizó en la reactivación de la búsqueda por parte de las autoridades venezolanas de Óscar Enrique Guzmán Chirinos, alias «El Conas».
En primer lugar, destacó que, después de 2 años y medio, Colombia y Venezuela restablecen relaciones, hecho que genera un gran impacto en materia de cooperación para el combate a la delincuencia organizada.
Específicamente, refirió que hay una lista de aproximadamente 15 cabecillas de bandas que están en Colombia y que son requeridos por la justicia venezolana. Entre ellos se encuentra alias «El Conas», sujeto que perteneció a las filas del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro, grupo especial adscrito a la Guardia Nacional Bolivariana.
Esta persona, detalla Rojas, tiene 31 años de edad, nació en Maracaibo, estado Zulia, y tiene una notificación roja de Interpol.
Comentó que alias «El Conas», experto en armas y telecomunicaciones, fue detenido en septiembre de 2015 por el asesinato de un oficial de la policía del municipio Cabimas. Si bien por ese hecho lo condenaron a 17 años de prisión, se fugó en septiembre de 2021 del Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas de la Costa Oriental del Lago (COL).
El periodista precisó que este criminal trabaja con extorsiones vía telefónica, es decir que sus células llaman a las víctimas, ubicadas en la COL, para exigirles sumas en dólares, si no acceden al pago, alias «El Conas» ordena atacar con artefactos explosivos.
Rojas señaló que uno de los miembros de esta banda, identificado como Junior Enrique Mora Mora, alias “El Junior”, fue capturado el pasado martes 20 de septiembre en el muelle Josefa Camejo de Maracaibo. Este delincuente fue señalado como el autor material del atentado perpetrado con una granada contra las instalaciones del Palacio de Justicia de Maracaibo.
No obstante, resaltó que alias «El Junior» estaba solicitado desde el año 2014 por el Tribunal 10° de Control del Zulia por el delito de extorsión, por lo que estuvo 8 años suelto, sin que ningún organismo de seguridad ejecutara esa orden de aprehensión.
De acuerdo con el periodista, el ataque que realizó este sujeto contra la institución marabina fue ordenada a través de un audio en el cual amenazó a las autoridades de que, si capturaban a algún miembro de su familia, «iba a correr sangre».
Pero, efectivamente, el Cicpc detuvo a 12 de sus familiares, quienes también son integrantes del grupo delictivo. Dichas aprehensiones se realizaron en Maracaibo, Cabimas y Valencia. Durante el procedimiento se incautaron dos granadas y once municiones.
Para cerrar este punto, Rojas aclaró que a la lista de los cabecillas solicitados por las autoridades venezolanas se suma Erick Alberto Parra Mendoza, alias «Yeiko Masacre».
Asimismo, indicó que Colombia maneja dicha lista de delincuentes que huyeron de Venezuela hacia la nación neogranadina y se espera que, con la reactivación de las relaciones este 26 de septiembre, se retomen también las reuniones periódicas en materia de cooperación judicial.
Banda de alias «Carlos Capa»
Durante la transmisión, Rojas también se refirió a un nuevo quehacer de las bandas delictivas en el país. Según la teoría de un funcionario vinculado a organismos de Seguridad Ciudadana, hay un interés en aislar a Caracas, pues se ha creado un mapa de sitios que conectan con la capital venezolana y en donde están operando organizaciones criminales. Citó como ejemplo a la banda fundada por Deiber González, alias «Carlos Capa», la cual opera en el cordón de los Valles del Tuy, que inicia en Charallave, prosigue hacia Cúa, San Francisco de Yare, entre otras poblaciones.
Después viene la organización liderada por Carlos Enrique Gómez Rodríguez, alias «El Conejo», y luego el «Tren de Aragua», controlado desde el Centro Penitenciario de Aragua, ubicado en Tocorón, con sus células activas en esa entidad.
Agregó que, por el lado del estado Carabobo, se encuentra la banda de «Los Guaricheros»; pero, además, en esa entidad acaban de detener a tres integrantes del «Tren de Aragua», entre ellos un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana.
Mientras que en el estado Guárico, concretamente en Altagracia de Orituco, está la sede operativa del «Tren del Llano».
Caso Carlos Lanz
Asimismo, el periodista habló sobre las condenas emitidas por el Tribunal Cuarto Antiterrorista de Caracas contra 10 de los 13 procesados por la desaparición, secuestro y asesinato del profesor Carlos Lanz.
Rojas recordó que las condenas oscilan entre 20 y 1 año de prisión. Al respecto, precisó que Elis Eduardo Becerra Pulido, capataz de la finca donde asesinaron a Lanz, es el que recibió la pena de prisión más alta de 20 años. Este sujeto fue el que cavó la tumba donde momentáneamente sepultaron el cadáver de Carlos Lanz, para luego sacarlo y llevarlo a la cochinera donde lo desmembraron y lanzaron a una manada de cochinos.
Sigue Tito Viloria, condenado a 16 años y tres meses de prisión. Esta persona fue la que sacó a Carlos Lanz de su casa y lo entregó a los sicarios en un tramo de la Autopista Regional del Centro. De acuerdo con el fiscal general de la República, Tarek William Saab, Viloria fue la mente macabra que ideó la coartada de que a Lanz lo secuestró la CIA.
Luego vienen Mayi Cumare, la esposa de Lanz, condenada a 13 años, seis meses y once días. Esta mujer fue la que contactó a Glen Castellano –quien recibió una condena de 11 años- para que desapareciera al profesor.
En cuanto a la lista de condenas menores a 8 años, detalló que se incluyen a Zaida Elizabeth Suárez, esposa de Viloria, quien fue sentenciada a seis años y once meses de prisión; Darwin Alejandro Zambrano (4 años y 7 meses); Oliver Alexander Medina (3 años y 2 meses); Diego Alexander Atertoua Tamayo (1 años 5 meses), igual pena fue impuesta a Abyayala Esperanza Lanz Cumare y Alyeska Berenice Gil Cumare, estos dos últimas hija e hijastra de Carlos Lanz.
Sobre los otros tres procesados, explicó que se tratan de Maryuri Carolina Acevedo Durán, Hely Enrique Pinto Moreno y José Antonio Pinto Moreno, quienes fueron excarcelados.
Rojas aclaró que los 10 condenados, admitieron su participación en los hechos y esa acción recibe un beneficio por parte del sistema de justicia, ya que el juez puede rebajar hasta un tercio de la condena original.
Por otra parte, comentó que Glen Castellano y Mayi Cumare recibieron una doble rebaja de la condena original, porque se convirtieron en delatores y además admitieron los hechos.
Además, subrayó que este caso de Carlos Lanz permitió que un alto funcionario del sistema de justicia, como lo es el fiscal de la República, reconociera públicamente la grave situación dentro de la cárcel de Tocorón.
Asimismo, calificó como positivo la lluvia de críticas en torno a la levedad de estas penas impuestas contras los asesinos del profesor, puesto que, a su juicio- dicho debate es una demostración de que la sociedad está haciendo seguimiento a las actuaciones del sistema de justicia, es decir, de una manera está ejerciendo contraloría social, revelando una sociedad atenta y acuciosa del daño que cometen alguno de sus miembros.
(LaIguana.TV)
