En la más reciente entrega de su programa Cara a Cara, producción exclusiva de LaIguana.TV, el periodista Clodovaldo Hernández conversó con la diputada y activista de la Fundación Contra el Sicariato Campesino, Mayte García.

Hernández precisó que es una organización que durante años ha trabajado intensamente para recopilar información sobre la violencia padecida por los campesinos en distintas regiones del país.

Además, desde ese foro se han promovido iniciativas legislativas orientadas a tipificar el sicariato campesino como un delito gravísimo, lo que implica sentencias por la pena máxima contemplada en las leyes venezolanas.

EEUU debe indemnizar a todo el pueblo venezolano

García relató que en 2022, los activistas campesinos concentraron sus esfuerzos en evaluar los efectos de las medidas coercitivas unilaterales sobre la producción nacional y los derechos humanos de productores y ciudadanos en general, tras lo cual los campesinos decidieron apersonarse en la Organización de las Naciones Unidas para solicitar una indemnización al gobierno estadounidense.

«En enero nos reunimos y dijimos que haríamos consultas para que la voz de los campesinos dijera cómo este perverso bloqueo está afectando nuestros campos y vulnerando los derechos humanos en nuestro país, porque en la medida en que impacta y no permite producir, vulnera el derecho a la alimentación de todos los venezolanos», refirió.

En su decir, fue en ese marco de asambleas y consultas permanentes donde se planteó la discusión acerca de qué hacer con los resultados que había arrojado la investigación, pues se vislumbraban dos alternativas: emplear los datos para el consumo interno o elevarlos ante los organismos internacionales, particularmente en las Naciones Unidas, «porque ellos tienen un papel fundamental, deben pronunciarse y hacer esfuerzos épicos, titánicos para que Estados Unidos levante las medidas coercitivas unilaterales».

La parlamentaria resaltó que los dirigentes campesinos cuestionaron el uso de la palabra «sanciones» en la solicitud, porque apunta hacia la comisión de un delito que no se cometió y, antes bien, exigen indemnizaciones para todo el pueblo venezolano.

«Recuerdo a nuestro cantautor Alí Primera: ‘No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz’. Y a propósito de eso, nuestros campesinos levantan la voz y dicen: tienen que indemnizar a todo el país», añadió.

En su criterio, hay ejemplos claros de los efectos de estas restricciones sobre la vida humana, como sucedió con el caso de los niños con enfermedades catastróficas cuyo tratamiento en el extranjero era financiado a través de Citgo, pues una vez habiendo entrado en vigor el esquema de bloqueo y habiéndose consumado la apropiación indebida de Citgo, el Estado venezolano no pudo impedir que algunos de ellos fallecieran.

Algo semejante ocurrió con la apropiación irregular de Monómeros, que «impactó profundamente en la producción nacional», al afectar directamente el acceso a los fertilizantes.

¿Qué arrojaron los resultados de la consulta?

Mayte García comentó que aunque inicialmente se habían planteado entrevistar solo a 120 familias de todo el país, rápidamente los campesinos cuestionaron el método y sugirieron que se dejara abierta la consulta para que participase todo aquel que quisiera hacerlo. Por ello, aunque el proceso de levantamiento de información continúa, en la primera etapa se consultó a 17.713 familias, que equivalen a una población de 58.613 personas.

A efectos de la entrevista, la dirigente mostró algunos de los resultados más importantes de la pesquisa, centrada en investigar las afecciones causadas por el bloqueo y las medidas coercitivas unilaterales, entre las que destacan que el 22 % de los entrevistados refirió dificultades derivadas de la ausencia de transporte, combustible, vialidad y maquinaria.

Asimismo, 23 % aseguró que padecía la escasez de agroinsumos, así como la de herramientas e implementos agrícolas. Otro 15 % aseguró que había tenido problemas para acceder a los medicamentos y 20 % más dijo que le faltaban financiamientos y apoyo técnico.

«Aquí se manifiesta con claridad y con trabajo, cómo nuestros campesinos hablan de este perverso bloqueo económico, cómo los ha afectado en la producción nacional, en el día a día; pero además cómo este bloqueo inhumano atenta contra sus derechos humanos», enfatizó.

De otro lado, García destacó que la consulta exploró las afectaciones emocionales sufridas por los campesinos y sus familiares en razón de las medidas coercitivas unilaterales, ante lo cual el 49 % de los campesinos consultados manifestó depresión, 17 % dijo que sufre de ansiedad y el 34 % aludió al estrés.

A su parecer, estos resultados son consistentes con lo que han advertido otras voces y que los propios afectados manifestaron: ·el bloqueo está dirigido, está dimensionado a deprimir a la población para que se alce contra nuestra revolución», amén de servir como evidencia de vulneración de los derechos humanos.

«Son hechos concretos. Tenemos testimonios de todos ellos de cómo les ha impactado emocionalmente el bloqueo en la producción. Cuando llevamos este documento ante Naciones Unidas, manifestamos estas vulneraciones, hablábamos y citamos siete órdenes ejecutivas que han afectado profundamente a la población», indicó.

El documento fue entregado por una delegación de más de 3.000 personas ante la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Caracas, que exigieron el fin del bloqueo y el levantamiento de las coerciones, así como una indemnización para Venezuela.

«Este no es un tema de colores políticos, de ideología o de credo, es un tema que está vulnerando los derechos humanos de todos los venezolanos, creamos en lo que creamos. Así lo hemos manifestado haciendo las consultas. Hay familias campesinas que dijeron que ideológicamente no apoyan a la revolución pero que estuvieron de acuerdo en unirse para evidenciar las afecciones del bloqueo económico en toda la población venezolana, dieron un paso al frente y marcharon allí», señaló.

Sobre la base de esto último, la activista insistió en que quienes ejercen posiciones de liderazgo deben ir a los territorios, plantear el debate e informar a la gente sobre quién es el responsable «de este perverso bloqueo» y recordar quiénes lo solicitaron.

Contrastó, asimismo, la conducta de quienes impulsaron estas acciones lesivas con la conducta comprometida de los campesinos para con el resto de sus compatriotas, pues a pesar de estar afectados incluso por dolencias emocionales, no dejaron dejaron de cultivar y, antes bien, se adaptaron a la nueva realidad recuperando incluso saberes y prácticas abandonados hace décadas.

«No están desmotivados ni neutralizados, sino convencidos cada día más de que hay que seguir produciendo. Cuando se planteó esto de venir a Caracas, nuestros campesinos, que apoyan a nuestra revolución y a nuestro presidente, caminaron aproximadamente 22 cuadras hasta la Plaza Brión felices y contentos», comentó.

García contó que al terminar la marcha y el posterior plantón, el campesinado se preguntó cuál era el próximo paso y allí dictaminaron que las próximas acciones serían marchas hacia las sedes locales de la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), porque consideran que «deben pronunciarse y hacer que se levanten las medidas coercitivas».

El estado de la violencia contra los campesinos

Mayte García tiene un historial de dos décadas de lucha, que comenzaron cuando tenía 17 años y su padre, un reconocido dirigente campesino, fue asesinado por sicarios y sus parientes más próximos, junto con los deudos de personas que habían sufrido un destino semejante, se aliaron para crear una asociación de víctimas que fue acompañada por los fallecidos dirigentes Darío Vivas y Aristóbulo Istúriz.

«La esencia de la Fundación es por las víctimas del sicariato campesino y político, que nos organizamos a pesar del dolor para que la lucha de nuestros familiares no muriera. Así nos enseñó papá: que la gente muere cuando la olvidan», refirió.

La diputada aseguró que en la Fundación Contra el Sicariato Campesino creen «profundamente en el legado del presidente Hugo Chávez y en el presidente Nicolás Maduro», aunque reconocen que se han presentado «procesos producto del bloqueo y de la pandemia que han impactado fuertemente en el campo», sin que ello signifique un retroceso en las luchas de ese sector, a las que asocian con la raíz zamorana de la Revolución Bolivariana.

Antes bien, refirió que desde el Estado «se han dado pasos favorables para que haya justicia», pese a gestiones cuestionables como la de la exfiscal Luisa Ortega Díaz al frente del Ministerio Público, donde, en su decir, «hubo un retardo procesal terrible, archivaron y sobreseyeron casos de sicariato», una deuda que ha tratado de saldar su sucesor, Tarek William Saab, reconocido defensor de los derechos humanos.

Su objetivo, asegura, es que no solamente se imponga la máxima pena contra los perpetradores materiales de los sicariatos contra los dirigentes campesinos, «sino que se investigue y se condene a los autores intelectuales».

García comentó que muchas personas en su fundación ejercen como abogados y son los encargados de llevar los procesos de las víctimas. «Nuestra primera lucha fue cómo alcanzar procesos de justicia. Allí nos dimos cuenta de que necesitábamos abogados. Un gran número de hijos, hermanos de líderes campesinos asesinados decidimos estudiar Derecho para impulsar y promover los casos de nuestras víctimas», señaló.

Del mismo modo puntualizó que en la Fundación Contra el Sicariato Campesino también llevan la defensa de campesinos a los que se les ha imputado el delito de invasión, aun cuando el Tribunal Supremo de Justicia lo desaplicó en una sentencia.

Empero, al ser cuestionada por Hernández sobre denuncias de desplazamiento forzado de campesinos por parte de terratenientes en contubernio con funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, García indicó que la Fundación atendía denuncias a través de su cuenta en Instagram, @fundaprofavicioficial.

A ese respecto detalló que una vez consignada la denuncia, la Fundación se aboca a la investigación y luego hace las articulaciones pertinentes para que los afectados puedan avanzar su causa.

«Nosotros creemos que todos los procesos de lucha parten por organización y planificación. Si no nos organizamos, si no planificamos una agenda de lucha permanente, es poco lo que podemos hacer porque es en colectivo que avanzan las luchas», dijo para concluir.

(LaIguana.TV)