Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional (AI) para las Américas, calificó como «vergonzosa» la nueva política migratoria del gobierno de los Estados Unidos que contempla la deportación de venezolanos que arriben a territorio estadounidense por vías irregulares, en tanto atenta contra el derecho al asilo y otros derechos humanos fundamentales.

«Esta nueva política destinada a impedir que las personas venezolanas busquen seguridad en la frontera vuelve a demostrar que el Título 42 no tiene ninguna base en la salud pública y va en contra de las obligaciones estadounidenses e internacionales de defender el derecho de todas las personas a buscar seguridad», se lee en un comunicado firmado por Guevara-Rosas.

La directiva de la organización de derechos humanos apuntó contra la administración Biden con base en los supuestos 7,1 millones de venezolanos «que buscan protección internacional», según datos aportados por una plataforma ligada al pretendido gobierno de Juan Guaidó, una cifra que no puede ser verificada independientemente.

AI indicó que el programa con el que se le otorgaría un permiso de permanencia a un máximo anual de 24.000 venezolanos que ingresen al país por vía aérea y dispongan de al menos un patrocinador que resida legalmente o sea ciudadano de los Estados Unidos, es un «paso importante» pero claramente insuficiente.

A ese respecto, en el escrito se subraya que «todas las personas tienen derecho a buscar seguridad, independientemente de los vínculos familiares o económicos, y los programas de libertad condicional no deben suplantar el derecho a solicitar asilo».

Asimismo, Guevara-Rosas aseguró que habían sido documentados casos de «detención arbitraria y malos tratos discriminatorios y humillantes que constituyen tortura basada en la raza» a migrantes haitianos que intentaban ingresar a los Estados Unidos y que luego fueron expulsados en virtud del Título 42.

«Erradicar esta política mortífera es un primer paso fundamental para restablecer el asilo y preservar los derechos humanos de las personas solicitantes de asilo; todo lo demás es una tirita que no resuelve los problemas que se plantean», cierra el documento.

Entretanto, aunque la política de migración mediante patrocinios no ha entrado en vigor, este 13 de octubre ya se produjo la primera deportación de venezolanos hacia México. De acuerdo con testimonios en las redes sociales, los afectados habrían recibido un ultimátum para abandonar el país azteca en 15 días.

AI se suma a otras organizaciones que cuestionaron el trasfondo aporofóbico y el carácter inhumano de la política migratoria estadounidense, entre las que se cuentan Refugees International, #WecomeWithDignity, Justice Action Center y Hope Border Institute.

A modo de ilustración, datos recabados por el portal de periodismo de datos abiertos La Tabla precisan que para patrocinar a un venezolano, una familia de dos personas tendría que disponer de un ingreso anual de al menos 22.887 dólares para sobrepasar el 125 % de la línea de pobreza, si bien este monto varía anualmente y en función de la cantidad de miembros del grupo familiar.

Siempre siguiendo los documentos publicados por el gobierno de los Estados Unidos, los patrocinantes deben ocuparse de todos los gastos de sus protegidos durante 10 años, hasta que obtengan la ciudadanía estadounidense, abandonen definitivamente el país o fallezcan, lo que suceda primero.

(LaIguana.TV)

 

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