La hipocresía de Europa y los Estados Unidos en relación con los señalamientos formulados desde Europa y Estados Unidos a Catar por los derechos humanos de los inmigrantes, motivó a Miguel Ángel Pérez Pirela a discutir en su programa Desde Donde Sea a discutir sobre las causas reales tras estas acusaciones.

El tema está en el tapete, pues el pasado sábado inició en Catar la vigésimo segunda edición de la Copa Mundial de Fútbol, acaso el evento deportivo que mayor cantidad de espectadores congrega en todo el planeta.

Aunque la sede fue anunciada en 2010 y entonces hubo críticas a la FIFA por presunta corrupción en las votaciones, los señalamientos de Estados Unidos y Europa hacia las las autoridades emiratíes por su trato a los trabajadores migrantes, las mujeres y los miembros de la comunidad LGBTQ solo comenzaron a resonar pocos meses atrás.

«El hecho de que el Mundial se haya desarrollado en Catar ya tiene el sello de la corrupción. Esa sede se compró, ¿pero es la única que se compró?», fustigó el analista.

Asimismo indicó que en Colombia, la política de «paz total» adelantada por el gobierno del presidente Gustavo Petro parece avanzar con paso firme, pues este 21 de noviembre reiniciaron en Caracas las conversaciones entre representantes del Estado colombiano y de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Puntualizó que además de las dos delegaciones, en el proceso participan como garantes Venezuela, Cuba y Noruega, así como de la Conferencia Episcopal Colombiana y de las Naciones Unidas.

El ELN es la insurgencia activa más antigua de Colombia y hay amplias expectativas en torno al éxito de las conversaciones, que ya han fracasado en otras cinco oportunidades, explicó.

Antes de abundar en los detalles de estos dos grandes temas, como es habitual, Pérez Pirela repasó otros acontecimientos que han marcado la pauta informativa de la semana.

Venezuela: entre el diálogo y el show mediático de Juan Guaidó

En primera instancia mencionó que este miércoles el presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó en Twitter que las próximas jornadas del diálogo entre el Gobierno Bolivariano y una parte de la oposición se celebrarán los días 25 y 26 de noviembre del año en curso.

Petro propuso en París un plan basado en el levantamiento de todos los bloqueos y sanciones, una amnistía general y garantías para todos los actores políticos antes, durante y después de las elecciones, no precisó si los encuentros tendrán lugar en la Ciudad de México.

El analista apuntó que este anuncio se produjo a menos de una semana de la reunión que sostuvieran en París delegados del Gobierno Bolivariano y del grupo de partidos que respalda a Guaidó a instancias del mandatario francés, Emmanuel Macron, en el interés de reactivar las negociaciones de México, que se encuentran suspendidas desde octubre de 2020.

Mientras tanto, internamente también la Plataforma Unitaria comenzó a mover sus fichas. A contrapelo del curso que ha tomado la política en y hacia Venezuela, el exdiputado Juan Guaidó –a quien Estados Unidos insiste en reconocer como «presidente interino»–, comunicó una nueva extensión de su autoproclamación.

Este lunes, Guaidó informó que el próximo 5 de enero de 2023 convocará «a la sesión de instalación» de la Asamblea Nacional electa en 2015, aunque sus funciones cesaron el 5 de enero de 2021, tras la elección parlamentaria del 6 de diciembre de 2020.

«Esto es impresionante: este señor sigue llamándose presidente interino y convocando a la instalación de una Asamblea que ya no existe, cuya validez cesó hace casi dos años. ¿No hay nadie que le ponga un para’o a ese señor, que sigue haciendo el ridículo?», fustigó.

Continuando las declaraciones de Guaidó, explicó que para justificar la irregularidad, el exparlamentario alegó que «no ha habido una elección libre que sustituya» a la legislatura en el que él ganó su escaño, ni tampoco un cuerpo que reconozca al actual líder del Parlamento, Jorge Rodríguez, a quien tachó de «usurpador».

«Ese señor grabó esto desde Venezuela, desde Caracas; pagó a mercenarios para matar al presidente con una invasión, se robó la empresa Monómeros –ya devuelta por Colombia al pueblo venezolano–, estuvo detrás del intento de magnicidio de 2018 y sigue actuando impunemente. ¿Por qué tanta impunidad?», cuestionó.

A su parecer, estas declaraciones requieren ser leídas desde varios prismas. En primer lugar, conviene recordar que las organizaciones políticas que respaldan a Juan Guaidó se autoexcluyeron de la elección de 2020, alegando que no existían condiciones para participar, aunque incluso se renovó por entero el liderazgo del Poder Electoral, en atención a la demanda de todas las oposiciones.

En segunda instancia puntualizó que mientras el respaldo internacional al así llamado interinato está restringido a Estados Unidos y a una decena de países, Nicolás Maduro regresó con buen a la esfera internacional en el marco de la COP27 y su administración restableció canales directos de comunicación con la Casa Blanca desde el pasado marzo.

Aunque no se ha podido confirmar expresamente, este movimiento podría estar relacionado el reinicio las conversaciones entre Caracas y la Plataforma Unitaria, a cuya reanudación Washington ha supeditado el alivio de algunas coerciones sobre la industria petrolera venezolana, de importancia estratégica en la estabilización del mercado energético mundial, señaló.

Ucrania: ¿bombardear una central nuclear para no negociar?

El desarrollo del la guerra en Ucrania fue otro de los temas abordados por el comunicador, pues luego de varias semanas sin ser atacada, la central nuclear de Zaporizhia ha recibido en las últimas jornadas proyectiles de alto calibre, lo que ha reactivado las alarmas de un eventual accidente nuclear.

En particular, mencionó, el Ministerio de Defensa de Rusia acusó a Ucrania de haber disparado el 21 de noviembre ocho proyectiles de gran calibre hacia el territorio de la central nuclear de Zaporizhia, la más grande de Europa.

Según el ente castrense, los proyectiles fueron disparados desde Marganéts, una localidad de la provincia de Dnipro controlada por las Fuerzas Armadas ucranianas. Kiev negó esta versión y responsabilizó a Rusia por los ataques.

El portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, calificó como alarmantes las agresiones, porque «ponen en peligro la seguridad de vastos territorios, seguridad nuclear, ecológica y de otra índole», al tiempo que aseguró que Moscú continuará en contacto con las autoridades del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), refirió.

«Imagínense de qué estamos hablando: una catástrofe nuclear peor que la de Chernóbil. Un poco de sindéresis», acotó.

En paralelo, indicó, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, declaró el lunes que «un acuerdo de paz aceptable» para Ucrania implicaba el suministro de más pertrechos militares, si bien puntualizó que «cualquier conflicto termina tarde o temprano en la mesa de negociaciones».

Entretanto, pese a las filtraciones en las que se asevera que Washington estaría presionando al gobierno de Volodímir Zelenski para que retome las conversaciones con el Kremlin, un asesor del mandatario con vocería autorizada frenó indirectamente a Stoltenberg y descartó por completo que ello pueda tener lugar en el corto plazo.

«Me parece que Zelenski y sus amigos nazis se le están escapando de las manos a la OTAN (…). No sé cómo van a pararlo ahora a Zelenski», advirtió.

Bolsonaro pide la anulación de parte de los votos de las presidenciales

De Ucrania, Pérez Pirela pasó a Brasil, pues el presidente saliente, Jair Bolsonaro, no parece estar dispuesto a ceder el poder tranquilamente, pues este martes introdujo un recurso para anular una parte de los sufragios de la pasada elección presidencial, en razón de supuestas irregularidades con las máquinas de votación.

A este respecto relató que con el respaldo del líder del Partido Liberal, el de mayor bancada en el Congreso, Bolsonaro solicitó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Brasil anular los resultados de la votación en parte de las urnas utilizadas durante las elecciones de 2022.

«Igual que Trump. Perdió, pidió la anulación de las elecciones y nadie le paró», comparó.

En concreto, en el texto enviado al ente comicial se sostiene que se detectaron «inconformidades por mal funcionamiento irreparable» en los modelos de urnas UE2009, UE2010, UE2011, UE2013 y UE2015, utilizados en las elecciones de 2022, particularmente en lo que corresponde a los archivos de registro, abundó.

De acuerdo con el documento, si anulan los votos computados por las máquinas cuestionadas –que suman 352.000, cerca del 60 % del total–, Bolsonaro se alzaría la victoria.

Por su lado, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Alexandre de Moraes, le exigió al Partido Liberal presentar evidencia de las presuntas fallas ocurridas durante la primera vuelta en el transcurso de las próximas 24 horas, pues se usaron los mismos equipos en las dos oportunidades.

Sin embargo, la noche de este miércoles, el organismo comunicó que había rechazado la solicitud de la tolda política, a la que impuso una multa de 4,3 millones de dólares y el congelamiento de sus siglas, hasta tanto no paguen, por haber actuado de «mala fe», sintetizó el analista.

A solicitud de Castillo, la OEA interviene en la crisis política de Perú

Sigue la polémica en Perú, pues el pasado 19 de octubre, su presidente, Pedro Castillo en una jugada por decir lo menos arriesgada, solicitó ante la Organización de Estados Americanos (OEA) la activación de la Carta Democrática Interamericana, para frenar lo que considera reiterados intentos de golpes de Estado y resolver la crisis política que atraviesa el país andino.

«Es como decirle a un león o a un zamuro que cuide carne. Pretender que la OEA ayude a sostener una democracia, menos si es la OEA de Almagro», opinó.

El Congreso, controlado por la oposición, le ha impedido participar en foros multilaterales y ha intentado expulsarlo de su cargo en varias oportunidades, mientras que desde la Fiscalía se le ha acusado una y otra vez por diversos actos de corrupción, a lo que se sumó un expediente por traición a la patria promovido desde el Legislativo, que goza de grandes prerrogativas constitucionales, detalló el experto.

«Yo no estoy nada seguro de lo que está diciendo el presidente Castillo, no sé si va a terminar su mandato, como él asegura», alertó.

Un mes más tarde arribó a Lima una delegación de la OEA de la que participan funcionarios y exfuncionarios de media docena de países, cuya misión es estabilizar la situación interna del Perú, aunque su presencia no ha sido bien recibida por muchos opositores, que acusan al organismo de injerir en los asuntos internos de esa nación

Además, indicó, partidarios de Castillo también se volcaron a las calles de la capital para exigir el cese del hostigamiento hacia el mandatario, quien no ha podido adelantar su programa de reformas por los permanentes bloqueos en el Legislativos y las continuadas causas penales contra él y su círculo íntimo, incluyendo a su esposa.

El especialista apuntó que la inminencia de la llegada de la OEA no evitó que el Congreso le negara la autorización al mandatario para que acudiera a la cumbre de la Alianza del Pacífico en México y en solidaridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador suspendió el encuentro, en el que Perú recibiría la presidencia pro-témpore, tras lo cual Castillo ofreció celebrarla en Lima.

«A este señor le han hecho la guerra. Esto tiene su origen en la Constitución, pero también en la falta de capacidad política de Castillo, que no esperaba convertirse en presidente», comentó.

Para cerrar este tema destacó que aunque países como Bolivia han manifestado su desconfianza en la intervención de la OEA, dado el oprobioso historial del organismo, este martes se notificó que el Tribunal Superior del Perú anuló el proceso por traición a la patria que pesaba sobre el mandatario, tras una reunión con la delegación interamericana.

«Se está buscando un ‘lawfare’, una causa jurídica para acabar con su gobierno», especuló.

El Mundial de Fútbol de Catar: nuevo escenario para la hipocresía occidental

Entrando en el tema central de la transmisión, Pérez Pirela mencionó que las miradas de una porción importante de la población mundial están concentradas en el pequeño emirato de Catar, donde se desarrolla la Copa Mundial de Fútbol, el deporte con mayor número de aficionados en el planeta.

La razón de esta atención es que en los últimos meses, la prensa occidental ha desplegado una importante campaña sobre la violación de derechos humanos de los trabajadores migrantes –que constituyen aproximadamente el 80 % de la población–, cuyo papel fue indispensable para la construcción de mega infraestructuras deportivas en el país, que carece de una tradición futbolística.

El experto refirió que los dedos también han apuntado hacia la posición de la mujer en la sociedad catarí, la prohibición de consumo de alcohol y el trato hacia la comunidad sexodiversa, pues la homosexualidad está explícitamente penalizada en la legislación del país.

A ello sumó que esta campaña también reflotó el escándalo asociado a la asignación de la sede, pues algunas fuentes sostienen que el gobierno de Catar pagó a la FIFA una milmillonaria suma para favorecer su candidatura.

«¿Cuándo esto no ha sido así? Solo que parece que esta vez fue más dinero», dijo, antes de compartir un reportaje de la cadena alemana DW que, en su opinión, sintetiza apropiadamente esta narrativa funcional Estados Unidos y a Europa, que tienen un cruento historial en su trato a los migrantes.

Puntualizó que ante estos señalamientos, semanas atrás, responsables de la organización del evento deportivo ofrecieron declaraciones a EFE con las que trataron de matizar algunas de las críticas y despejar las posibles preocupaciones que pudieran tener los aficionados que viajarían al país a la cita mundialista, en su mayoría procedentes de naciones occidentales.

En sus comentarios, detalló, el CEO de la Copa Mundial admitió que si bien Catar es una nación con una idiosincracia conservadora, en realidad no lo es tanto como puede pensarse desde el exterior, al tiempo que la responsable de comunicaciones del Mundial inscribió el torneo en el marco de una iniciativa de modernización del país.

Para ello, apuntó la funcionaria, el emirato invirtió fuertes sumas de dinero en la construcción de numerosos edificios de diseñador y en una red de transporte ultramoderno, que continuará en servicio una vez concluida la competencia futbolística, que en su opinión, es la oportunidad ideal del país para «abrirse al mundo».

A pesar de estas opiniones conciliadoras de los funcionarios, el emir Tamim bin Hamad Al Thani, fue mucho más categórico al denunciar los intentos de boicot por parte de las naciones occidentales.

«Naciones occidentales que no respetan los derechos humanos de los migrantes, que no pudieron pagar más que Catar para conseguir la sede porque la FIFA es un nido de corrupción y ahora se rasgan las vestiduras por los derechos humanos en Catar», señaló.

De regreso a las declaraciones del emir, en su decir, nunca antes un país responsable de organizar el Mundial había sido puesto bajo escrutinio de esa manera. El detonante fue un informe presentado por Human Rights Watch en el que se acusó a Doha de detener ilegalmente a personas de la comunidad LGBTQ.

«¿Y en Arabia Saudita no está pasando esto? Arabia Saudita le sigue vendiendo mucho petróleo a Estados Unidos, que acaba de darle impunidad a una de sus autoridades, acusada de un asesinato perpetrado en una sede diplomática», criticó.

En una comparecencia pública, Al Tani calificó los reportes como «invenciones» y puso en tela de juicio los verdaderos motivos de la campaña, si bien no avanzó ninguna hipótesis al respecto.

Continuando con los hechos que rodearon los días previos del Mundial, comentó que un nuevo malestar se sumó en la víspera de la inauguración, cuando el anfitrión anunció que estaría prohibido el consumo de cerveza dentro de los estadios, aunque se habilitó una red de sitios donde la fanaticada tendría oportunidad de consumir bebidas alcohólicas.

A este respecto detalló que la alemana Budweiser, una de las principales patrocinantes de la FIFA, figuró como la principal perjudicada con el fallo, pues solo recibió autorización para vender cerveza sin alcohol dentro de los recintos deportivos.

A raíz del arreciamiento de la campaña, la FIFA decidió tomar cartas en el asunto. Su presidente, Gianni Infantino, arremetió contra las naciones europeas por lo que, en su opinión, constituye un acto de clara hipocresía y doble rasero. Además defendió el carácter inclusivo de la competencia y se solidarizó con todas las personas que han sido o son víctimas de violaciones a sus derechos humanos o son objeto de discriminación en todo el mundo.

Pérez Pirela relató que el pasado sábado, Infantino defendió nuevamente la selección de Catar como sede, asegurando que con ello se trataba de promover una competencia más inclusiva, que diera cuenta de la diversidad de personas que aman el fútbol, al tiempo que ratificó su respaldo a las personas que padecen cualquier forma de discriminación.

«Me siento catarí, me siento árabe, me siento africano, me siento gay, me siento discapacitado, me siento trabajador inmigrante. Me siento como ellos y sé lo que es sufrir acoso de pequeño. Yo era pelirrojo y sufrí bullying», expresó Infantino en una rueda de prensa desde Doha.

«Felicito al presidente de la FIFA, pero no puedo comparar el acoso por ser pelirrojo con el trato que se le da a los migrantes que tratan de llegar a Europa cruzando el mar Mediterráneo o con la explotación a la que son sometidos en Estados Unidos o Catar», matizó.

No obstante, señaló, lo que lo puso en el ojo del huracán fue el haber denunciado el doble estándar europeo para acusar a otros países de atentar contra los derechos humanos, cuando, según él, le han hecho «cosas» al mundo «durante los últimos 3.000 años» que ameritarían una disculpa.

También enfiló su artillería verbal contra las compañías europeas –y extranjeras, en general–, que ganan ingentes cantidades de dinero con sus negocios en Catar, pero no se han molestado en discutir «la situación de los derechos de los trabajadores migrantes con las autoridades», porque están conscientes de que «cambiar la legislación implica menos beneficios».

Pérez Pirela subrayó que con esta recopilación de posturas oficiales, no pretendía en modo alguno lavarle la cara a una nación en cuya legislación aún figuran como castigos la flagelación y la lapidación, donde las mujeres son ciudadanas de segunda clase y donde se han documentado de manera suficiente numerosas violaciones a los derechos humanos y laborales perpetradas contra los trabajadores migrantes.

Advirtió, asimismo, que tampoco obviar que la FIFA, un organismo supraestatal sujeto a escasas regulaciones, ostenta un inmenso poder económico derivado de la organización de mundiales y otras competencias futbolísticas, al tiempo que recordó que su interés en el respeto a los derechos humanos puede ser fácilmente puesto en cuestión, solo con recordar que Argentina alojó el Mundial en 1978, cuando el país suramericano sufría los embates de una de las peores dictaduras del continente.

Así las cosas, puntualizó, no falta quien opine, con sobrada razón, que acusar a la FIFA de otorgar una sede mundialista sin seguir los criterios políticos de Occidente, es desacertado e inconsecuente, visto el silencio que se ha guardado en otras oportunidades.

Habiendo aclarado esto, precisó las razones geopolíticas que motivaron esta campaña de boicot contra el Mundial de Catar, unas derivadas de la guerra proxy entre Rusia y la OTAN que se libra en Ucrania y otras asociadas a las pugnas de poder en la región del Medio Oriente.

Sobre lo primero apuntó que el país árabe, con un PIB similar al de Hungría pero con menos de tres millones de habitantes, es uno de los principales reservorios de petróleo y de gas natural del globo.

De este modo, explicó, la combinación entre altos ingresos y una población pequeña, han hecho de su capital, Doha, uno de los principales centros de negocios de la península arábiga en la que numerosas trasnacionales europeas y estadounidenses han decidido asentarse, sin denunciar ni expresar preocupaciones sobre las libertades civiles en el emirato.

También recordó que en febrero de 2022, dos días antes de iniciaran formalmente las hostilidades en Ucrania, Catar alojó la sexta Conferencia de Países Productores de Gas y entonces, Estados Unidos intentó presionar al emirato para que desviara parte de su producción hacia Europa.

El ministro de Energía catarí no solo se negó a la demanda de la Casa Blanca sino que intuyendo un eventual paquete de sanciones contra Moscú, advirtió que ninguna nación estaba en capacidad de reemplazar a corto plazo los hidrocarburos rusos.

Además, puntualizó que aunque Catar abandonó la OPEP para desarrollar su industria gasífera, todavía es un exportador relevante asociado al bloque OPEP+, que como es sabido, acordó recortar la oferta diaria en dos millones de barriles para estabilizar los precios a partir del 1 de noviembre, una decisión que fue ampliamente criticada desde el gobierno estadounidense.

Asimismo, en lo que calificó como una gran bofetada a Occidente, este lunes, Catar Energy suscribió un contrato con Sinopec para abastecer a China de gas natural licuado durante 27 años.

Según se precisó en un breve comunicado, el acuerdo, que es el de más larga duración en la historia del sector, contempla que la empresa catarí le provea al gigante asiático cuatro millones de toneladas anuales de gas procedentes del yacimiento que comparte con Irán en el Golfo Pérsico, sintetizó.

Pérez Pirela señaló que más allá de los vaivenes del mercado energético por causa de las sanciones que pesan sobre el crudo y el gas de Rusia, las relaciones entre Catar, sus vecinos y el así llamado Occidente colectivo han estado en la cuerda floja durante la última década.

En este orden rememoró que hace apenas cinco años, Arabia Saudí, Baréin, Egipto y Emiratos Árabes Unidos rompieron relaciones con Doha por el presunto financiamiento del emirato a grupos terroristas y le impusieron de facto un cierre de fronteras.

En realidad, explicó, las tensiones se incrementaron a raíz de las buenas relaciones entre Catar e Irán, porque, como se sabe, en Riad se combate por casi toda vía el liderazgo de Teherán, pues socava tanto el rol saudita como los intereses estadounidenses en la región.

La copa se lavó el 5 de enero de 2021 en una reunión de la Organización de Cooperación del Golfo en Arabia Saudita, a la que acudió el jefe del Estado catarí. En balance, como las presiones no lograron asfixiar ni diplomática ni financieramente al emirato, se optó por la distensión.

«Bloquearon a Catar y no lo lograron, pues creció aún más, gracias a sus relaciones con Irán y Turquía», comentó.

Con estos elementos sobre la mesa, el especialista indicó que se puede concluir sin mayor esfuerzo que toda la arremetida contra el Mundial de Catar dista mucho estar basada en preocupaciones legítimas por la situación de los derechos humanos de los trabajadores migrantes, de las mujeres y del colectivo LGBTQ en el país árabe.

A su parecer, si bien es verdad que las denuncias en las que se soporta la campaña podrían ser en mucho ciertas, los tardíos señalamientos de Europa hace sospechar que las acusaciones responden a un interés ulterior, por lo que el intento de boicot contra el Mundial de Catar está mucho más relacionado con la negativa de Catar a suplir el mercado energético europeo en función de sus acuerdos con China –como revela el contrato anunciado el lunes–, que con una defensa de los derechos de los oprimidos.

Venezuela, primera sede de los diálogos entre Colombia y el ELN

En el último tramo del programa, Miguel Ángel Pérez Pirela se refirió a los avances concretos de la política de «paz total» anunciada por el presidente colombiano, Gustavo Petro, como oferta principal de su programa de gobierno, pues este lunes se inició en Caracas la primera ronda de negociaciones entre su administración y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En ese orden comentó que la fecha fue divulgada el pasado 18 de noviembre por la Presidencia de Colombia en un comunicado, en el que se destacó el profundo anhelo del pueblo colombiano, de la sociedad y la nación por avanzar en un proceso de paz y de construcción plena de la democracia.

Según se precisó, el sitio seleccionado para las negociaciones fue el Hotel Humboldt, ubicado en el Parque Nacional Waraira Repano, al norte de Caracas. Además se detalló que el equipo de la Casa de Nariño está encabezado por el alto comisionado para la Paz, Iván Danilo Rueda y el jefe del equipo negociador, Otty Patiño, mientras que por la insurgencia, la máxima vocería la ostenta Israel Ramírez Pineda, alias «Pablo Beltrán».

Destaca, asimismo, la participación del presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), José Félix Lafourie, reconocido uribista, acérrimo opositor al proceso de Paz entre las FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos, así como esposo de la senadora María Fernanda Cabal, actual líder de la oposición en el Congreso.

Como se recordará, el pasado octubre, las dos delegaciones se encontraron en la capital venezolana para acordar una fecha de inicio de las conversaciones, en las que participan como garantes Venezuela, Cuba y Noruega, así como representantes de la iglesia católica colombiana y de la Organización de las Naciones Unidas.

Entonces se pactó: reinstalar las mesas de negociaciones con sus respectivas delegaciones, retomar el conjunto de los acuerdos y avances logrados desde la firma de los acuerdos en 2016 y anunciar el restablecimiento de diálogos después de la primera semana de noviembre de 2022, recordó el comunicador.

Refirió asimismo tras la primera ronda de deliberaciones, se leyó un comunicado conjunto en el que las partes ratificaron su «voluntad política» para retomar los intercambios en el interés de pactar la paz, visto que es una demanda que se extiende por el tejido social colombiano todo, muy especialmente en los sectores «rurales y urbanos que padecen la violencia y la exclusión».

Según este acuerdo, resumió, la construcción de la paz se asentará en «una democracia con justicia», que sea capaz de materializar los «cambios tangibles, urgentes y necesarios» que se acuerden en la mesa y en los que se generen condiciones para garantizar «la mayor participación posible y eficaz de la sociedad», con prioridad para «los sectores históricamente marginados y abandonados».

Adicionalmente se agradeció a las naciones garantes –Cuba, Venezuela y Noruega–, así como a la iglesia católica y Naciones Unidas, por los esfuerzos realizados para reactivar las negociaciones y se destacó la trascendencia de la paz concebida como una política de Estado cuyo fin es «la superación de la violencia política y sus causas» y se subrayó el compromiso de las partes con el respeto «a todas las formas de vida y su dignidad».

Asimismo, los países garantes manifestaron su satisfacción por el reinicio de las negociaciones, de conformidad con lo pactado el pasado 4 de octubre- En un breve comunicado leído este lunes por la representante del gobierno de Noruega, las naciones agradecieron la confianza depositada en ellas y se comprometieron «a actuar en estricto apego» a los límites definidos para su participación, basada en los principios de responsabilidad e imparcialidad.

El analista refirió que por su parte, Otty Patiño, jefe de la delegación negociadora del Estado colombiano, aseguró que Bogotá encontró en sus contrapartes del ELN «una actitud responsable, seria y amable» para conseguir la anhelada paz en el vecino país.

En su intervención, Patiño comparó las condiciones en las que se gestó la paz con el M-19 grupo insurgente del que formó parte, y destacó su incidencia en el devenir de la República de Colombia, pues en su decir, con sus defectos y limitaciones, aquel esfuerzo dio lugar a una nueva Carta Magna donde se consagra el Estado social de derecho y justicia como modelo político.

El jefe negociador reconoció que si bien este mandato constitucional no se ha cumplido plenamente, el gobierno de Gustavo Petro ha querido que se haga realidad a partir de cambios sustantivos en la sociedad, un espíritu que parecen acompañar los representantes de la guerrilla.

En su inventario de declaraciones tras la primera cita entre el Estado colombiano y el ELN refirió que por la delegación insurgente tomó la palabra «Pablo Beltrán», quien expresó ante las cámaras que el objetivo del ELN en estas negociaciones con el gobierno es «construir una nación en paz y equidad».

El comandante guerrillero puntualizó que la labor que tienen frente a sí los delegados que participan en el diálogo pasa por la reconciliación, el encuentro de «puntos comunes» y la construcción de «una nación en paz y equidad».

Beltrán agradeció a los países garantes –Venezuela, Cuba y Noruega–, así como a la iglesia católica y a la Organización de las Naciones Unidas por sus esfuerzos en la reanudación de los intercambios y destacó que tales apoyos los «comprometen», particularmente porque coinciden con «el momento de cambio» que vive la nación neogranadina, que demanda transformaciones de fondo.

El vocero insistió en que si bien los cambios que urgen en Colombia son «de largo plazo» y no cabe esperar a que se produzcan automáticamente, «tiene que haber transiciones hacia esos cambios».

El analista recuperó también lo expresado por el Alto Comisionado para la Paz del gobierno colombiano, Iván Danilo Rueda, quien externó que a la delegación del Ejecutivo y a los representantes del ELN que participan en las negociaciones les une un mismo propósito.

Rueda precisó que las partes están comprometidas en avanzar en un proceso de cambios estructurales que permita la consolidación de un proyecto nacional que deje atrás «las dinámicas de la muerte» derivadas de las distintas violencias, en favor de la inclusión de todos los colombianos.

A este propósito, indicó, este diálogo tiene como norte generar condiciones que permitan implementar transformaciones concretas en los territorios y honrar deudas sociales y ambientales.

Destacó también el compromiso de la actual administración, encabezada por el presidente Gustavo Petro, en la resolución «de una serie de conflictividades», incluyendo algunas «con motivaciones políticas» –como es el caso de la disputa entre el Estado colombiano y el ELN– a partir del «respeto de las diferencias» y remarcó la diversidad de actores que forman parte de la delegación gubernamental, entre los que se cuentan activistas por los derechos humanos, defensores del medio ambiente, de las mujeres, empresarios e incluso, militares.

Pérez Pirela enfatizó que en distintos momentos de su intervención, el comisionado de Paz aludió a la disposición de las partes para alcanzar una paz duradera, que bajo el enfoque que defiende la Casa de Nariño –y parece compartir el ELN– implica la superación de las causas estructurales de las violencias y exclusiones a las que han sido sometidos amplios sectores de la sociedad colombiana.

A las salutaciones sobre el inicio de estas conversaciones de paz se sumó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien en una alocución televisada aseveró que su gobierno y el pueblo de Venezuela respaldan estas conversaciones que, a su juicio, constituyen un mensaje de esperanza y paz para América Latina y el Caribe.

Este martes se conoció que las rondas continuarán ininterrumpidamente hasta mediados del mes de diciembre en las instalaciones del Hotel Humboldt, donde están alojadas ambas delegaciones y representantes de los gobiernos de Venezuela, Cuba y Noruega, así como de la Organización de Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal de Colombia.

El experto comentó que mientras esto se sucedía, en la Asamblea Nacional se constituía el Grupo de Amistad Interparlamentaria entre Colombia y Venezuela, acto que contó con la presencia del embajador colombiano, Armando Benedetti.

Detalló asimismo que voceros de la guerrilla, la ONU y la iglesia católica conversaron con la prensa y manifestaron sus altas expectativas sobre el proceso –que ya ha fracasado en otras cinco oportunidades–, al tiempo que destacaron el impacto positivo de la paz en Colombia para la región y el rol de Venezuela en esa apuesta, y apuntó que al concluir este primer ciclo de negociaciones en Caracas, el diálogo se trasladará a otra sede aún no especificada.

Para concluir, Pérez Pirela comparó el regreso de Venezuela a su posición en el concierto regional y en las relaciones con Colombia, pues antes de la elección en la que resultó ganador Gustavo Petro, ese país era una plataforma de ataque y vilipendio contra el Gobierno Bolivariano y los venezolanos.

«Venezuela una vez más florece y, lejos de dar la espalda a Colombia, le da la mano para alcanzar la paz que tanto merece el pueblo neogranadino», completó.

(LaIguana.TV)