Las mafias judiciales, cuyo control político va creciendo de más en más en Argentina, hacen que, como representara el maestro Iván Lira en su Iguanazo –caricatura– titulada «Lawfare» la justicia esté ciega frente a la espada del ‘lawfare’, usada para matar a adversarios políticos.
Así lo expresó Miguel Ángel Pérez Pirela en su programa Desde Donde Sea respecto de la sentencia de presidio e inhabilitación política que recibiera la vicepresidenta de ese país, Cristina Fernández de Kirchner.
El comunicador acotó que los sobrevenidos sucesos de Perú desplazaron el interés mediático de otro caso que, por su trascendencia, estaba destinado a convertirse en el gran acontecimiento político de la región del último tiempo: la condena a seis años de cárcel y la inhabilitación perpetua de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en un caso plagado de irregularidades.
Para abundar en estas informaciones, compartió un reporte publicado en LaIguana.TV bajo el título ÚLTIMA HORA: Condenan a 6 años de cárcel e inhabilitación perpetua a Cristina Fernández (+Lawfare), en el que se precisa que Fernández de Kirchner fue condenada a 6 años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por la «Causa Vialidad’.
Destacó que desde el comienzo de la causa, la dos veces expresidenta denunció que la oposición derechista armó un expediente fraudulento, en contubernio con agentes del Poder Judicial, con el objetivo de impedir su participación política.
Aunque los fiscales habían pedido 12 años de cárcel y la inhabilitación perpetua los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso optaron por una condena de seis años por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y apoyaron su inhabilitación permanente.
Además, ordenaron el decomiso de más de 84.000 millones de pesos –unos 495 millones de dólares– a cargo de lo que valoraron como irregularidades en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz a mediados de la década de los 2000, cuando gobernaba el esposo de Fernández, Néstor Kirchner.
Tras este primer informe, Pérez Pirela compartió con la audiencia la lectura del veredicto condenatorio, en el interés de mostrar «cómo, de un plumazo, acaban con posibles presidentes, que llegarían a la presidencia por elecciones populares.
Recordó asimismo que Fernández ya había advertido que el tribunal que llevaba el juicio en su contra parecía más bien un «pelotón de fusilamiento» –no se le permitió presentar alegatos contra nuevos elementos incluidos extemporáneamente en el proceso–, con lo que dejó entrever que esperaba este resultado.
«Esta es una persecución política, claro que sí», enfatizó.
Refirió también que inmediatamente se hizo público el veredicto, la dignataria ofreció una extensa alocución en sus redes sociales, en la que por cerca de una hora detalló todos los intríngulis del ‘lawfare’ armado en su contra, enfatizando de manera particular que la Fiscalía no logró demostrar ninguna de las acusaciones.
Entre otros comentarios, Fernández sostuvo que la trama falaz con la que se articuló el así llamado «Caso Vialidad» no era una persecución jurídica y tampoco la actuación de un partido judicial, sino que respondía a las acciones de un «sistema paraestatal».
«Estoy de acuerdo con esta categoría: es un sistema paraestatal el que está acabando con las democracias en Latinoamérica», valoró.
En opinión de la vicepresidenta, una demostración del funcionamiento de este Estado paralelo se dio justamente el fin de semana previo antes de la sentencia, cuando se revelaron conversaciones de un grupo de Telegram relativas a un viaje secreto a La Patagonia financiado por el grupo Clarín.
«Esto fue un escándalo de estos mismos que están acusando a Cristina», destacó.
En este orden puntualizó que de acuerdo con las filtraciones, cuatro jueces involucrados directamente o a través de familiares directos con este caso, así como funcionarios adscritos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y altos cargos de Clarín, habrían acudido a la propiedad de un magnate inglés, amigo íntimo de Macri,»el que dejó endeudada a Argentina».
Explicó que el rotativo Página12 reveló la existencia del viaje y esto habría obligado a los implicados a tramar una versión para difundir a los medios e implementar prácticas fraudulentas como el forjamiento de facturas y billetes aéreos, en aras de justificar el ya inocultable traslado.
Según puntualizara Fernández de Kirchner el pasado martes, este entramado tiene nexos –de nuevo, a través de familiares directos– con el de los jueces y fiscales que acudieron a la residencia del expresidente Mauricio Macri para disputar un partido de fútbol.
«Imagínense ustedes: estos juececillos que terminan acusando a Cristina, juegan fútbol con Macri. ¿Por qué no?, si la justicia tiene que ser así, neutral. Qué impresionante», ironizó.
En todo caso, la magnitud de este escándalo obligó al presidente argentino, Alberto Fernández a ordenar una investigación penal, por la presunta connivencia entre jueces, fiscales, empresarios y altos funcionarios.
En una cadena nacional desde la Casa Rosada, el mandatario deslizó que estas conductas atentaban contra la democracia, al tiempo que destacó que ya era tiempo que estos personajes rindieran cuentas por su procederes.
El especialista enfatizó que la causa, que ya había sido sobreseída por diversos motivos, entre ellos que Fernández de Kirchner era congresista y no presidenta durante el período de escrutinio, fue reactivada ilegalmente en 2016 con la llegada de Mauricio Macri al poder, pasando por alto no solo la sentencia previa sino el hecho de que ninguna persona puede ser juzgada dos veces por la misma acusación.
Según reportes especializados que han hecho seguimiento a este proceso político-jurídico que inició hace más de cinco años, como el que divulgara en Twitter el periodista Matias Mowszet consultado a propósito de esta edición, los propios testigos de la Fiscalía se encargaron de echar abajo sus alegatos.
A su parecer, destaca en particular el testimonio ofrecido por Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri y presidente de una gran constructora, quien explicó ante el tribunal cómo las compañías que participan en licitaciones públicas suelen ponerse de acuerdo para rotarse las adjudicaciones.
Para él, esto es claramente reprochable a nivel ético, pero no constituye un delito en sí y, en cualquier caso, dejó establecido que la entonces primera dama-senadora y luego presidenta, no tuvo nada que ver con los contratos que el gobierno de la provincia de Santa Cruz le otorgó a su amigo Lázaro Báez.
Por si ello no bastara, continuó relatando, se le condenó por administración fraudulenta de recursos, una competencia que descansa en el Jefe de Gabinete, no en el Jefe de Estado, previa aprobación de la Ley de Presupuesto en el Parlamento sancionada anualmente.
La documentación demostró que las obras que originaron los cuestionamientos por corrupción hacia Cristina Fernández, figuran en los presupuestos aprobados en el Legislativo, que en esos años fueron refrendados por la bancada derechista, entonces en la oposición.
«Fue contundente, fue dura, tuvo guáramo de mujer», expresó Pérez Pirela, antes de compartir con los usuarios la respuesta que diera Fernández de Kirchner a estos señalamientos en su comparecencia del pasado 6 de diciembre.
«Candidata a nada»: ¿el fin del peronismo?
Al cierre de su intervención, la lideresa aseguró que la razón real de esta condena carcelaria no es solo encerrarla en prisión, sino atentar contra el peronismo como proyecto político preocupado por las necesidades de la población y por este motivo se enfocaron en inhabilitarla perpetuamente para el ejercicio de cargos públicos, pues su trayectoria demuestra que ha sido la voluntad popular la que la llevó a las distintas posiciones que ha ocupado.
Así las cosas, a pesar de su innegable popularidad, anunció que no optará por ningún cargo de elección popular en 2023. Según desprendió el especialista de la vehemente intervención del polític, no le preocupa su condena judicial, sino el peso que su inhabilitación pueda acarrearle al movimiento peronista en las urnas.
Asimismo, cargó contra el dueño del grupo Clarín, al que sindicó de controlar los hilos del Estado paralelo que forjó esta sentencia, al tiempo que le advirtió que al perder su inmunidad –fuero– el 10 de diciembre de 2023, podría perfectamente mandar a sus «esbirros» a apresarla, pero que no se doblegaría ante él.
«Contundente Cristina Kirchner, palabras directas, palabras que denotan una fuerza política, que lejos de amedrentarse por estas acusaciones y persecuciones judiciales, se acrecienta», comentó antes de presentar el cierre de la alocución de la exmandataria.
«Uy, uy, uy, ¡qué palabras tan fuertes las de Cristina! No se va a someter. Recordemos que los Kirchner llegaron después de la crisis –que un poco se parece a la de Perú– de varios presidentes que llegaban y salían, con una crisis económica primero y después «El Corralito» –secuestro de ahorros por parte de la banca–. Luego llegaron los Kirchner a poner orden. Recuerden eso, no lo olviden», advirtió.
Apuntó además que casi de inmediato, Fernández de Kirchner recibió el espaldarazo de presidentes y líderes de la izquierda regional, entre los que figuraron Nicolás Maduro, Lula da Silva, Luis Arce, Evo Morales, Andrés Manuel López Obrador y Dilma Rousseff, quienes reiteraron que la exmandataria está sometida a la persecución política.
De su parte, Alberto Fernández respaldó incondicionalmente a su vicepresidenta y encabeza la propuesta del Grupo de Puebla, que pretende denunciar en instancias internacionales el fraude judicial perpetrado contra ella.
El también director de LaIguana.TV resaltó que aún no todo está dicho. Cristina Fernández de Kirchner tendrá la oportunidad de apelar la condena, porque aún no ha sido dictada una sentencia firme, lo que significa que, de momento, no irá a la cárcel y tampoco le será aplicada la inhabilitación permanente, pues según las leyes argentinas, primero deben agotarse todas las instancias de apelación.
Empero, el especialista advirtió que aunque formalmente disponga de recursos, la realidad de la justicia argentina pone en cuestión la posibilidad de que la sentencia se revierta, porque no ha bastado demostrar la falsedad de los hechos señalados por la Fiscalía para detener un proceso a todas luces viciado.
Como se recordará, la divulgación de los chats del entonces juez Sergio Moro, marcaron el principio del fin del ‘lawfare’ contra Lula.»Le están haciendo a Cristina lo que le hicieron a Lula, igualito», comparó.
En esta ocasión, precisó, han salido a la luz pública al menos dos megaescándalos de corrupción en los que aparecen implicados los jueces de la causa y ello no se ha traducido en su remoción ni en su investigación.
«Lo que quiere la derecha es que no haya elecciones en Latinoamérica y que sus jueces directamente metan presas a todas sus oposiciones y mandar ellos junto con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los Estados Unidos, sencillo», interpretó.
En su opinión, el anuncio de Fernández de Kirchner de no postularse como candidata «a nada» –así dijo– en 2023 deja al peronismo en una situación de orfandad y de enorme fragilidad.
El gobierno de Alberto Fernández se ha mostrado incapaz de lidiar con la pesada herencia del macrismo, que tal y como van las cosas, ocupará nuevamente la Casa Rosada, habiendo sacado del medio –y con total impunidad– a su mayor adversaria política.
«Así están las cosas en Argentina: persecución política», dijo para concluir.
(LaIguana.TV)
