El pueblo peruano se encuentra en las calles reclamando la restitución de su presidente constitucional, Pedro Castillo, electo por el voto mayoritario, y solo queda en el aire la pregunta de si este objetivo se logrará o se impondrá la respuesta represiva de la gobernante de facto, Dina Boluarte, respaldada por las élites corruptas del Congreso y por Estados Unidos. Así lo expresó Miguel Ángel Pérez Pirela en su programa Desde Donde Sea. 

La reciente destitución del presidente Pedro Castillo por parte del Congreso peruano, lejos de ofrecer una salida a la crisis política que atraviesa al país hace al menos cinco años, ha servido para insuflar los ánimos de una ciudadanía harta de los abusos de poder y del permanente socavamiento de la democracia en el país andino, expresó el filósofo y comunicador político venezolano.  

Señaló que debido al silencio informativo, hay gente que insiste en que en Perú no está sucediendo nada, pero lo que se ha activado es una bomba de tiempo.  

“Perú está en estado de emergencia, pero lo tienen calladito, no quieren hablar de eso ni los medios peruanos ni el conglomerado mediático global. Y eso paso porque los medios están metidos en el golpe, claro está. Pretenden descalificar a los manifestantes, pero la verdad es que la gente que está en la calle no es terrorista ni lo hacen en nombre de partidos políticos, sino defensores de la democracia y del voto que la mayoría dio a Castillo”, aseveró. 

Los hechos

En las últimas jornadas, miles de ciudadanos se han volcado a las calles de las principales ciudades del país a exigir el cierre del Parlamento, la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y la liberación de Castillo, quien se encuentra detenido desde el pasado 7 de diciembre por presuntos cargos de rebelión y conspiración.  

Entretanto, las autoridades han decretado estado de emergencia en todo el país y han reprimido con dureza las manifestaciones, lo que hasta ahora se ha saldado con al menos nueve personas asesinadas –incluyendo algunos menores de edad– y decenas de heridos y detenidos.  

“El presidente constitucional, elegido por el pueblo, está preso, hay una presidenta que nadie eligió; el Congreso, con 80 % de rechazo, gobierna en complicidad con un Poder Judicial corrupto. Los medios no informan, sino desinforman, a imagen y semejanza de lo que pasó en Venezuela en 2002”, enfatizó el presentador.  

Recalcó que el pueblo exige un proceso constituyente porque los desmanes que se están viendo tienen que ver con una Constitución estructurada por Fujimori y el fujimorismo. “Es imposible gobernar en Perú porque se produce un permanente choque entre Ejecutivo y Legislativo”, acotó. 

A su juicio, la presidenta no electa se parece mucho a otra señora, Jeanine Áñez, que tomó el poder en Bolivia tras el golpe de Estado contra Evo Morales y que ha terminado en prisión. “Boluarte juró en una plaza que si Castillo se iba, ella se iría con él, pero fue la primera que lo traicionó. Anunció primero que iba a quedarse hasta el fin del período. Luego echó a atrás y habló de adelantar las elecciones para 2024 y ya está hablando de 2023 porque la presión popular es demasiado grande”, explicó.  

Perú: entre la movilización popular y la represión 

Insistió en que los grandes medios peruanos y el conglomerado mediático global se niegan a hablar del tema y están acallando a un pueblo que está en la calle, exigiendo la restauración en el poder de Castillo. 

Presentó el Iguanazo, caricatura del artista plástico Iván Lira, en la que aparecen dos guardias armados disparando contra un manifestante con los brazos en alto. La leyenda dice: “La derecha masacra pueblos para evitar que la izquierda les viole sus derechos humanos”. Curiosamente, el hombre atacado da las gracias por ello. 

Según Pérez Pirela, la imposición de gobernantes que no fueron refrendados por el voto popular, implementada con éxito en varios países de América Latina, ha mostrado muy rápidamente signos de agotamiento en Perú, pues no bastó recurrir a la “legalidad” para blindar un proceso ilegítimo y sin respaldo popular.  

“Aunque en apenas tres horas se destituyó al presidente Pedro Castillo, se juramentó en el cargo a la hasta entonces vicepresidenta, Dina Boluarte y la acción recibió el aplauso inmediato de Estados Unidos y la OEA, muchos peruanos no parecen estar dispuestos a tolerar otra vacancia presidencial decidida por los diputados”, dijo.  

Desde el mismo 7 de diciembre se registraron manifestaciones en las calles de Lima, en las que se demandaba la disolución del Congreso. Conforme han pasado los días, los reclamos se han extendido por casi todo el país y han aumentado la beligerancia, las exigencias y la represión policial.  

En un reporte de la AFP –agencia nada sospechosa de tener una línea editorial favorable a Castillo– correspondiente al pasado 9 de diciembre, se indica que ya para ese momento, los manifestantes exigían la liberación del mandatario y el respeto a la voluntad que expresaron en las urnas.  

Se pidió a Boluarte –quien ha sido tildada de “usurpadora” y “traidora”– que convocara de inmediato a elecciones generales, algo a lo que inicialmente se negó, aunque forzada por las circunstancias, pidió paciencia al pueblo y abrió el compás para un eventual adelanto de los comicios, sin precisar una fecha.  

El sábado 11, un importante contingente de personas procedentes de distintas regiones del país arribó a la capital peruana para sumarse a las protestas, que ya se hacían notar en el interior, particularmente en las regiones más empobrecidas, donde está la base social de Castillo.  

La respuesta del Ejecutivo fue reprimir con dureza. Solo en los eventos del pasado fin de semana, la Policía asesinó a balazos a tres personas en la región de Apurímac, al sur del país, de donde es oriunda la gobernante.  

El titular de LaIguana.TV al respecto fue el siguiente: Protestas, 3 muertos y nuevas elecciones: Perú a 5 días de la destitución de Pedro Castillo. 

El texto de la noticia indica que el gobierno de Dina Boluarte decretó el estado de emergencia en los departamentos de Apurímac, Arequipa e Ica, en donde se han llevado a cabo algunas de las protestas más numerosas por parte de ciudadanos que desconocen a Boluarte y exigen la liberación de Castillo, la disolución del Congreso y el adelantamiento de las elecciones. 

Según el informe de las autoridades, en las manifestaciones murieron por herida de arma de fuego dos adultos y un adolescente de 15 años, a los que se les sumaron más de 30 heridos que requirieron de atención hospitalaria.  

Estos eventos motivaron incluso la reacción de representantes de las Naciones Unidas, que lamentaron el deceso de las tres personas e inclusive del propio Luis Almagro, quien adhiriéndose a lo expresado por la Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pidió el cese de la violencia y demandó al gobierno peruano garantías para ejercer la protesta pacífica.  

“Este señor Almagro, donde pone el ojo pone el golpe de Estado”, opinó Pérez Pirela al mostrar el tuit del diplomático uruguayo. “Es un descarado, genera la desestabilización y luego pone cara de yo no fui”, comentó. 

La existencia de víctimas fatales forzó a Boluarte a anunciar durante la madrugada de este lunes que remitiría al Congreso una ley para realizar elecciones generales en abril de 2024, pues en su decir, esta iniciativa requiere una modificación de la Carta Magna.  

El anuncio no produjo el efecto esperado. Las protestas no solo se mantuvieron, sino que subieron de intensidad y tono.  

Organizaciones sociales que se han incorporado paulatinamente a las manifestaciones, reclamaron la convocatoria inmediata a elecciones generales y reiteraron que el Congreso de la República perpetró un golpe de Estado contra Pedro Castillo. 

La Central Nacional de Ronderos, un gremio próximo a Castillo, denunció violaciones a los derechos humanos y exigió la instalación de una Asamblea Constituyente “popular y plurinacional”, que se encargue de redactar una nueva Constitución Política para Perú.  

Por otro lado, el evento que acaparó la mayor atención el 12 de diciembre fue la toma del aeropuerto de Arequipa, segunda ciudad del país, por parte de manifestantes furibundos que protestaron en la pista de aterrizaje antes de ser detenidos por la Policía.  

Efectivos castrenses sofocaron la acción en pocos minutos y se aprestaron a resguardar terminales aéreos en otras ciudades como Lima o Cusco, donde se produjeron intentos similares. 

Las acciones se han recrudecido en el transcurso de la semana. Hasta la tarde de este jueves, se contabilizó la muerte de nueve personas en el marco de las protestas, al tiempo que la ira popular no parece apaciguarse con nada.  

Otro titular de LaIguana.TV reza: Sigue la crisis en Perú: Confirman la novena muerte durante las protestas. 

La Policía Nacional de Perú confirmó dos nuevas muertes en la región de La Libertad, en el contexto de protestas ciudadanas para exigir la libertad y restitución en el poder de Pedro Castillo, así como el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones.  

De acuerdo con los informes policiales, una de estas víctimas no falleció por causa de un disparo sino por el impacto de un objeto contundente, en medio de un enfrentamiento entre los agentes y la población.  

A inicios de la semana, cuando los decesos sumaban cinco personas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación ante una eventual escalada de la violencia en el país andino.  

En paralelo, el Ejecutivo liderado por Dina Boluarte ha tomado otras medidas como destituir a todos los prefectos y subprefectos –representantes del gobierno en las regiones encargados del mantenimiento del orden público–, por presuntamente alentar las manifestaciones antigubernamentales.  

Protestas criminalizadas: son terroristas 

Para justificar las acciones represivas de la Policía, el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo, aseguró que las protestas eran “parecidas al terrorismo” porque, según él, pretenden atemorizar a la población.  

“Es un clásico de nuestras derechas latinoamericanas. Recuerda a RCTV durante el golpe de Estado de 2002. Se me parece igualito…”, dijo el también director de LaIguana.TV

En la misma línea, las autoridades optaron por militarizar la red vial nacional y los principales puntos estratégicos del país, incluyendo aeropuertos y las centrales hidroeléctricas, según declaró a la prensa el ministro de Defensa, Alberto Otárola.  

Del mismo modo, se autorizó la participación de fuerzas castrenses para restablecer el orden público en los departamentos de Arequipa, Ica y Andahuaylas, sobre los que pesa una declaratoria de estado de emergencia.  

LaIguana.TV lo reseñó así: Sigue la crisis en Perú: Denuncian que avanza militarización contra protesta social. 

Al conocerse el anuncio, sectores sociales denunciaron que este movimiento obedece a la creciente movilización popular en reclamo por la liberación del expresidente Pedro Castillo, el cierre del Congreso y la convocatoria inmediata a elecciones generales.  

Otálora informó que este miércoles se reunirá el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional para avanzar en propuestas para judicializar a los manifestantes por medio de la coordinación entre el Ministerio Público y las Fuerzas Armadas, así como restablecer la circulación en las carreteras del país, que está cortado en 14 de los 24 departamentos.  

Por si ello no bastara, este miércoles el titular de Defensa informó que el Consejo de Ministros acordó la declaratoria de estado de emergencia en todo el país por un lapso de 30 días.  

“Se ha acordado declarar en estado de emergencia a todo el país, eso debido a los hechos vandálicos, violentos, a la toma de carreteras y de caminos”, expresó el funcionario en declaraciones a la prensa.  

Este discurso oficial, donde se equiparan protestas ciudadanas con actos terroristas y se justifica la intervención de las Fuerzas Armadas para reprimir a los manifestantes, ha encontrado eco en los medios privados del país.

A este respecto, Pérez Pirela compartió un video con comentarios expresados por el presentador peruano Phillips Butters, director del medio Buxtreps, de línea ultraderechista, en los que tilda a los manifestantes de “terroristas”, le da un ultimátum a Dina Boluarte y le pide al jefe del Ejército que perpetre un golpe de Estado.  

“A Boluarte se la van a comer viva los de la ultraderecha. Ese es el tono de los medios privados en toda nuestra América”, pronosticó el moderador de Desde Donde Sea. 

A contrapelo de esta narrativa, el sociólogo Héctor Béjar, quien sirviera brevemente como canciller de Castillo, valoró las crecientes protestas como una subversión contra el sistema político heredado de la dictadura fujimorista, principalmente contra el Congreso.  

Béjar sostuvo que si bien en alguna medida estos eventos pueden compararse a los que siguieron a la destitución de Martín Vizcarra y signaron la caída de su sucesor, Manuel Merino, en apenas un par de semanas, tienen como rasgo distintivo que las organizaciones sociales se han autoconvocado y operan al margen de cualquier partido político.  

Además, desde su punto de vista, Dina Boluarte carece de medios para adelantar las elecciones y depende del Congreso para lograrlo. Así las cosas, aventura que solo hay dos salidas: que el Congreso renuncie en pleno o que se acuerde el adelanto de los comicios por medio de “un gran acuerdo nacional”.  

Perú en la esfera internacional 

Mostró otro Iguanazo, en el que el Tío Sam aparece como director de una orquesta integrada por los medios de comunicación occidentales. “Lo que está pasando en Perú fue decidido en Washington, no tengan la menor duda”, afirmó Pérez Pirela. 

Explicó que contra todo pronóstico, Castillo no está solo en su lucha, pues ha recibido el respaldo casi incondicional de los gobiernos de México, Bolivia, Colombia y Argentina.

Los presidentes Andrés Manuel López Obrador, Luis Arce y Gustavo Petro, no solo se atrevieron a decir en las primeras de cambio que había sufrido una persecución sin precedentes –como hicieron otros gobiernos de izquierda–, sino que también pusieron en cuestión la transparencia de la justicia peruana y solicitaron a la CIDH medidas cautelares a su favor.  

Colombia, México, Argentina y Bolivia piden respeto a la investidura de Pedro Castillo, reseñó LaIguana.TV en una nota que expresa: Este lunes 12 de diciembre los gobiernos de Colombia, México, Argentina y Bolivia manifestaron en un comunicado conjunto su “profunda preocupación” por los sucesos que se han desencadenado tras la destitución y detención del expresidente de Perú, Pedro Castillo. 

En este orden de ideas, consideraron que internacionalmente es público y notorio que Castillo, “desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento”, lo cual viola el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocido como Pacto de Costa Rica, en vigor desde 1969. 

Los líderes afirmaron que además de ser sometido a una persecución permanente, Pedro Castillo luego fue “objeto de un tratamiento judicial” que igualmente transgrede dicha norma. 

“Es la manera de interpretar los alcances y sentidos de la noción de democracia recogida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, reza la comunicación, en la que también emplazaron a los que integran las instituciones peruanas a inhibirse de alterar “la voluntad popular expresada con el libre sufragio”. 

Los gobiernos de los referidos países solicitaron a las autoridades “respetar a cabalidad los derechos humanos de Castillo y que se le garantice la protección judicial”.

El comunicado cayó como un balde de agua fría en Lima, que de inmediato llamó a consultas al embajador mexicano por supuestas injerencias en los asuntos internos del Perú, pues López Obrador ha fungido como vocero del grupo.  

Lejos de amilanarse y bajar el tono, el mandatario mexicano ratificó el contenido de la misiva y apuntó que en apego al Pacto de Costa Rica, Castillo había ganado una elección y no se le puede destituir, porque ello representa un desconocimiento de la voluntad popular. 

A esto agregó que si bien la destitución de Castillo era legal, la Constitución peruana tenía una falla “antidemocrática de origen” porque permitía que se le pasara por encima a la soberanía popular.

“Bravo por López Obrador, aplausos de pie para él. Estoy muy de acuerdo con él en que problema del Perú es estructural”, puntualizó Pérez Pirela.

Los periodistas intentaron cuestionar a López Obrador por no haber “reconocido” a Dina Boluarte y él, con toda tranquilidad, recordó que la figura no existe en la diplomacia mexicana, pues es contraria a la doctrina de su política exterior.  

El gobierno de Boluarte no se quedó de brazos cruzados y rápidamente fue a buscar apoyos en el gobierno de los Estados Unidos. Así, se conoció que la tarde de este martes, la gobernante se reunió con la embajadora estadounidense en Lima, Lisa Kenna.  

De acuerdo con la oficina de prensa de la presidencia de Perú, Kenna ratificó “el pleno respaldo de su país a la institucionalidad democrática en Perú” y “a las acciones del gobierno peruano” para estabilizar la situación social.  

“Esto puede traducirse como que apoyan la represión y estimulan a que siga adelante”, interpretó el presentador del programa. 

Se conoció que la mandataria sostendrá reuniones con los embajadores de la Unión Europea y que su cancillería convocó a los representantes diplomáticos de México, Colombia, Bolivia y Argentina para reiterarles que “la sucesión presidencial de Dina Boluarte es constitucional”.  

Además, los expresidentes Andrés Pastrana (Colombia) y Mauricio Macri (Argentina) enviaron una carta a la CIDH para que no atendiera la solicitud de medidas cautelares en favor de Pedro Castillo que interpusiera en esa instancia el mandatario colombiano, Gustavo Petro.  

“La diferencia es que Petro es presidente y ellos no. Además, Macri es el pavoso (como le decimos en Venezuela a las personas que transmiten mala suerte) de la selección de Argentina de fútbol. Dijo que va a estar presente en el juego final y tanto los jugadores como todos los argentinos están aterrados”, ironizó. 

En el documento –en el que se tacha a Castillo de “golpista”–, se asevera que Petro se entrometió “en asuntos internos del régimen constitucional peruano” y ahora usa a la CIDH para defender “un intento de dictadura de izquierda”.   

Por su parte, en un comunicado, los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) se solidarizaron con el pueblo peruano, principal víctima de la crisis institucional que sacude al país, rechazaron las maniobras usadas por el Congreso para destituir a Castillo y repudiaron la represión perpetrada por las fuerzas del orden.

En un fragmento del documento, se lee: “Rechazamos el entramado político creado por las fuerzas de derecha de ese país en contra el presidente constitucional Pedro Castillo, obligándolo a tomar medidas que fueron luego aprovechadas por sus adversarios en el parlamento para destituirlo”.  

Castillo, el presidente que no ha renunciado 

De nuevo, el lápiz de Iván Lira se hizo presente con un Iguanazo. En la caricatura, varias personas con indumentaria de obreros, dicen “Nosotros somos millones”, y un personaje obeso, de traje y corbata, responde: “Sí, pero yo tengo millones”. 

“Como apuntamos en el programa de la semana pasada, el procedimiento de traspaso de mando en Perú ciertamente es legal, pero políticamente hablando, se inscribe en la estrategia de golpes parlamentarios avanzada con éxito en la región desde la década pasada. Incluso, cuando se hila más fino, se descubre que la legalidad esgrimida por el Congreso peruano para destituir a Pedro Castillo puede ser perfectamente puesta bajo sospechas”, señaló.

Como se recordará, el exmandatario fue vacado y apresado el pasado 7 de diciembre, poco después de anunciar la disolución del Parlamento y la instalación de un gobierno de excepción, con el interés de convocar a elecciones legislativas con facultades constituyentes para sancionar una nueva Carta Magna en nueve meses.  

No obstante, el Congreso solo le allanó la inmunidad a Castillo varios días después de su destitución, un paso legalmente necesario para justificar su detención y posterior imputación.

Fue apenas la noche del pasado domingo cuando el Ministerio Público, representado en la fiscal general Patricia Benavides, acudió al Legislativo para formalizar lo que fue presentado como un mero trámite, cuando claramente se produjo una violación de derechos constitucionales, como explicara a teleSUR el congresista Jaime Quito, miembro de la bancada de Perú Libre.

Por su parte, el académico y excanciller Héctor Béjar afirmó que los delitos de conspiración y rebelión con los que se ha pretendido justificar la captura de Pedro Castillo son inaplicables en su caso.

Aseguró que según la ley peruana, la rebelión implica un alzamiento en armas –lo que claramente no sucedió– y la conspiración requiere del concurso de varias personas para perpetrarse y él es el único imputado por esta causa.

A la detención e imputación irregular de Pedro Castillo se añadieron crecientes temores sobre su estado de salud y sobre su seguridad.  

El pasado sábado, el congresista Guillermo Bermejo, divulgó en Twitter una carta manuscrita del exmandatario en la que denunció la existencia de “un plan maquiavélico” en su contra.  

Mostró el tuit Guillermo Bermejo con la carta de Castillo  

En la misiva, se lee textualmente:  

“En la tarde de ayer, un grupo de médicos camuflados y una fiscal sin rostro me obligaron a sacarme una muestra sin mi consentimiento. Igualmente, el día de hoy volvieron con lo mismo, por haberme negado, por seguridad y mi integridad.  

No descarto que este plan maquiavélico esté dirigido por la Sra. fiscal de la nación, el presidente del Congreso y la Sra. Dina Boluarte”.  

Previamente, un miembro de su equipo de defensa dijo a los medios que Castillo había sido drogado poco antes de leer el discurso con el que disolvió el Congreso y anunció un gobierno de excepción.  

Para fundamentar su versión, refirió que al momento de la alocución estaba visiblemente nervioso y tembloroso. La especie no ha sido confirmada directamente y por pedido de su círculo familiar, esta persona fue removida del equipo de abogados del expresidente.  

En cualquier caso, familiares directos de Pedro Castillo ratificaron ante teleSUR que temen por él y aseveraron que el recién instalado gobierno de Boluarte está tratando de implicarlos en causas judiciales falsas, en razón de prejuicios racistas y clasistas.  

“Yo estoy convencido de esto: detrás de la persecución a la que sometieron a Castillo durante año y medio hay mucho racismo y clasismo”, comentó Pérez Pirela. 

Los familiares pidieron asimismo la cooperación de la prensa internacional para elevar estas denuncias ante órganos internacionales de Derechos Humanos y solicitaron garantías de seguridad para la familia Castillo Terrones.

Mientras esto se sucedía, las protestas iban en aumento en amplias zonas del país, incluso en Lima, donde el respaldo a Castillo siempre ha sido significativamente menor en comparación con las zonas rurales.  

Estas expresiones de descontento inicialmente fueron ignoradas por la prensa local e incluso por medios internacionales, ocupados en reseñar los primeros actos de gobierno de Dina Boluarte y en remarcar la versión del autogolpe de Estado para justificar la captura irregular de Pedro Castillo.

“Incluso se apoyaron en que es la supuesta primera mujer presidenta, obviando que es una dictadora, alguien que está a la cabeza de un gobierno de facto”, subrayó el moderador.

Esta pieza elaborada por la cadena teleSUR con testimonios de los simpatizantes del mandatario destituido, constituye, en nuestra opinión, una muestra de cuál es la lectura política que estos sectores le han dado a lo sucedido: un golpe de Estado orquestado por un Congreso carente de legitimidad, dispuesto a desconocer la voluntad del pueblo peruano.  

Este dato es importante porque explica la posterior reacción de Castillo, quien la tarde del lunes 12 de diciembre usó su cuenta de Twitter para difundir otra polémica carta, en la que afirma que no ha renunciado a su cargo ni a las responsabilidades que asumió cuando se juramentó, sino que es un presidente secuestrado y su sucesora, Dina Boluarte, no es más que una “usurpadora”.  

Leyó fragmentos de la segunda carta de Pedro Castillo:  

“Les hablo en el trance más difícil de mi gobierno, humillado, incomunicado, maltratado y secuestrado, pero aun así revestido de la confianza y la lucha de ustedes, de la majestad del pueblo soberano, pero además infundido por el glorioso espíritu de nuestros ancestros.  

Les hablo para reiterar que soy incondicionalmente fiel al mandato popular y constitucional que ostento como presidente y no renunciaré ni abandonaré mis altas y sagradas funciones”.  

El martes, Castillo dijo en otra carta que al cumplirse los siete días reglamentarios de prisión preliminar, aspiraba ser liberado al día siguiente, aunque muy posiblemente ya sabía que la Fiscalía había solicitado ante el Tribunal Supremo su encarcelamiento “preventivo” durante 18 meses.  

Durante el desarrollo del programa se conoció la noticia de última hora: efectivamente, se le había dictado prisión preventiva. Se supo que la Fiscalía presentó alegatos basados en declaraciones de supuestos testigos, reseñas de medios de comunicación de línea anti-Castillo y numerosas conjeturas y suposiciones.  

Previamente, su audiencia había sido pospuesta hasta el jueves y el máximo órgano judicial ordenó que tendrá que permanecer retenido al menos 48 horas más en una sede policial, al tiempo que Boluarte trató de desmarcarse de su antecesor diciendo que ella lo respaldó hasta donde pudo, pero que otras personas que lo rodeaban le impidieron seguir ayudándolo.  

Tras este anuncio –que claramente viola los derechos de Castillo– el destituido presidente publicó otra misiva en la que solicitó la intercesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que leyó íntegra:  

“¡Basta ya! Sigue el atropello, la humillación y el maltrato. Hoy vuelven a coactar mi libertad con 18 meses de prisión preventiva. Pido a la CIDH que interceda por mis derechos y los derechos de mis hermanos peruanos que claman justicia.  

Hago responsables a los jueces y fiscales de lo que pase en el país. Millones de gracias a mis compatriotas por su cariño y apoyo.   

‘Solo el pueblo salva al pueblo’. 

Atentamente,  

Pedro Castillo Terrones 

Presidente Constitucional del Perú”.   

Una maniobra conocida 

“Desde nuestro punto de vista, en los sucesos que han sacudido a Perú durante los últimos días han convergido tres aspectos conocidos en la región: el desconocimiento de la voluntad popular, la participación de los medios en la legitimación de un golpe de Estado y una feroz represión contra manifestantes autoconvocados para defender a un mandatario expulsado irregularmente del poder”, expresó Pérez Pirela.  

Destacó que, con las diferencias que pueden mediar, este infame esquema fue el que se aplicó en Venezuela en el año 2002, cuando se depuso por 47 horas al presidente Hugo Chávez, así como en el golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales en Bolivia, a fines de noviembre de 2019.  

En el primer caso, una combinación entre presión popular y respuesta de la Fuerza Armada consiguió revertir el golpe, mientras que en el segundo, el descontento popular no bastó para que Morales conservara su posición.  

De momento, el panorama sigue siendo muy confuso como para proyectar algún escenario y casi cualquier cosa podría pasar en los próximos días o semanas. De todo, lo que luce menos probable es que Pedro Castillo regrese a su cargo e incluso si lo hiciera, el Congreso se encargaría de destituirlo casi de inmediato.  

En casi idéntica posición de fragilidad está Dina Boluarte, quien además carga el fardo de no haber sido electa en las urnas. La contención de las manifestaciones callejeras son una prueba de fuego que, al menos de momento, no ha logrado superar con éxito.  

Este jueves, mientras el Congreso debatía la propuesta de adelanto de elecciones, Boluarte calificó a los manifestantes de “violentistas”, defendió la legalidad y legitimidad de su gobierno e instó al Legislativo a dar los pasos necesarios para acortar los plazos y convocar rápidamente a elecciones. 

Evidentemente presionada por el descontento popular que ha suscitado su sobrevenido mandato, comunicó que las elecciones generales podrían convocarse en diciembre de 2023 y justificó la demora a partir de las supuestas limitaciones que impone el marco legal vigente.  

“Se trata de una medida desesperada, con la que pretende salvaguardar su permanencia en el poder durante algunos meses más y mantener de su lado al Congreso, que podría destituirla bajo cualquier pretexto. Tiene los días contados, le van a hacer pagar muy cara esta traición”, enfatizó. 

“Al cierre de nuestra investigación, el tema todavía estaba en discusión. Y si bien muchos de los diputados reconocieron la necesidad de convocar a nuevos comicios y emprender reformas políticas de fondo, las diferencias se presentaron en términos de los tiempos necesarios y los métodos adecuados para conseguir esos fines. Mientras tanto, el pueblo peruano sigue en las calles y amplios sectores aseguran que no las abandonarán hasta que no se atiendan sus demandas y se les devuelva a su presidente electo, se hable de elecciones, y se vaya a un proceso constituyente que resuelva el problema de fondo del Perú”, vaticinó.  

Aseguró que LaIguana.TV y Desde Donde Sea continuarán muy pendientes de lo que ocurra en Perú y, en caso de ser necesario, se realizará una nueva emisión en vivo al respecto. 

(LaIguana.TV)