En Argentina -y probablemente esto pueda aplicarse a varios países de América Latina– ya ni se podría hablar de disputas entre derechas e izquierdas, y los recursos para colocar y deponer mandatarios están lejos de limitarse a los tradicionales golpes de Estado.
LaIguana.TV a través de su espacio Entre Líneas profundiza en las características del proceso judicial contra Cristina Fernández y cómo el calificativo ‘mafia’ ha sido utilizado por analistas durante los últimos años para encasillar a los actores del Poder Judicial en Argentina de forma acertada.
Antes de su fallecimiento, ya el investigador y economista Jorge Beinstein denunciaba el vínculo existente entre los negocios de la mafia y la llegada al poder de Mauricio Macri, diciendo lo siguiente: “En mi conocimiento, no existen antecedentes de que un personaje sobre el que pesan fuertes sospechas de ser miembro orgánico de la Ndrangheta, una de las organizaciones mafiosas más importantes y peligrosas del mundo, ocupe la primera magistratura del país”.
Desde la llegada al poder de Macri se dio rienda suelta a una escalada de persecución judicial contra Cristina Fernández: se le vinculó en el imaginario colectivo (aún sin pruebas) con la muerte del fiscal Alberto Nisman, quien seguía la causa del atentado terrorista a la AMIA; en 2016 el juez argentino Julián Ercolini ordenó procesarla por presunta asociación ilícita e impuso un embargo en su contra; en 2018 la acusaron de jefa de asociación ilícita durante su gestión como presidenta; en 2019 la juzgaron por el presunto direccionamiento de licitaciones de obra pública vial entre 2013 y 2015; y finalmente, en 2022, la acusaron por asociación ilícita y defraudación en perjuicio de la administración pública.
Según analistas citados en este capítulo de Entre Líneas, la persecución -denominada así por la forma en la que ha sido administrada la “justicia”- además de ser una respuesta a las reivindicaciones sociales logradas durante los años de gobierno del kirchnerismo, también representan un pase de factura al intento que hiciera Fernández de aprobar un proyecto de ley para democratizar la justicia.
El intento de Fernández contenía normas disruptivas en cuanto a la designación de los consejeros que integran tres corporaciones claves del consejo de la magistratura: jueces, abogados y académicos. Este proyecto señalaba que -a partir de la sanción de la ley- los consejeros representantes de esas tres corporaciones (a la vez todos abogados) serían elegidos por el voto popular. La propuesta representaba una innovación total.
Aunque el proyecto fue aprobado en ambas cámaras legislativas y promulgado por Fernández el 24 de mayo de 2013, apenas tres semanas después, la Corte Suprema de Justicia, con el único voto en disidencia del Doctor Raúl Zaffaroni, declaró inconstitucional la norma.
Desde entonces, se han impuesto diversas estratagemas políticas, mediáticas y judiciales para garantizar que Cristina Fernández solo tenga dos posibilidades: ir a prisión o quedar inhabilitada políticamente para siempre. Todo esto en la antesala de las próximas elecciones presidenciales y esto no es un dato menor.
(LaIguana.TV)
