La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició una nueva visita a Perú para escuchar a familiares de los fallecidos en las protestas y analizar si hubo violaciones a los derechos humanos. Es la segunda visita al país en menos de un mes, en el marco de la crisis política y social tras la destitución de Pedro Castillo

«CIDH inicia visita de observación a Perú en el contexto actual. Del 11 al 13 de enero, la delegación liderada por el vicepresidente [del organismo] Stuardo Ralón, junto al comisionado Joel Hernández, se reunirá con autoridades, con víctimas y familiares», informó la entidad en Twitter. 

La CIDH valoró además la «apertura del Estado de Perú para cooperar y dialogar en el marco de sus obligaciones de derechos humanos con el Sistema Interamericano» y su disposición para recibir a la delegación en el país. De acuerdo a la Comisión Interamericana, las reuniones se realizarán en los departamentos de Lima, Ica y Arequipa. 

No es la primera oportunidad en que la CIDH se hace presente en el país desde el aumento de la tensión social en las calles y la intensificación de la crisis política. Otra delegación del organismo ya había visitado Lima en diciembre de 2022, a pedido del gobierno de Dina Boluarte y del propio exmandatario Pedro Castillo, quien permanece detenido. 

El órgano observador, que ya había advertido su «más alta preocupación por la escalada exponencial de violencia en las protestas del Perú», estuvo presente desde el 20 al 22 de diciembre en el país para una visita técnica. Durante esos días, los miembros de la CIDH se entrevistaron con Castillo y su defensa en el penal de Barbadillo (distrito de Ate, al oriente de Lima), para verificar las condiciones de reclusión del líder político. Castillo se encuentra cumpliendo 18 meses de prisión preventiva, mientras continúa la investigación judicial en su contra por los delitos de rebelión y conspiración. 

En noviembre, la OEA también había enviado a Perú a un Grupo de Alto Nivel para estudiar la situación política. En ese entonces, Castillo denunciaba estar sufriendo una «nueva modalidad de golpe de Estado» desde la oposición, que acumulaba denuncias en su contra. 

Un total de 47 personas han fallecido en Perú desde que comenzaron las protestas por la destitución del entonces presidente Pedro Castillo, en su mayoría a causa de la represión de las fuerzas de seguridad.  

El 9 de enero, en una de las jornadas más violentas desde que se iniciaron las movilizaciones, 17 personas murieron en el departamento de Puno (sur), episodio que fue condenado por la CIDH, que llamó al Estado peruano a «tomar medidas inmediatas» para prevenir y sancionar el uso excesivo de la fuerza en el marco de las protestas.  

El 10 de enero, la Fiscalía de Perú dispuso iniciar una investigación contra la presidenta Dina Boluarte, el primer ministro, Alberto Otárola, el ministro del Interior, Víctor Rojas, y el ministro de Defensa, Jorge Chávez, por los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves durante las manifestaciones sociales en contra del Gobierno. 

(Sputnik)