El creciente deterioro de los salarios ha impulsado a importantes contingentes de trabajadores de la administración pública a marchar por tercera semana consecutiva en las principales ciudades del país, con el interés de exigir respuestas al Ejecutivo Nacional, valga decir: ingresos que permitan sufragar los gastos de la vida cotidiana.

El gremio educativo, en su mayoría empleados por el Estado, ha sido una de las caras más visibles de este descontento, aunque sería inexacto presentarla como una protesta de maestros y profesores.

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A ella se han sumado otros sectores cuyos salarios han sido duramente golpeados por la crisis económica sin que, hasta el momento, hayan sido puestas sobre la mesa políticas o medidas de alivio estructurales, ni para trabajadores activos ni para quienes están en condición de jubilados.

Este lunes 23 de enero, las manifestaciones adquirieron mayor relevancia mediática porque coinciden con una fecha importante dentro del imaginario venezolano: la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.

A partir de esto, activistas y dirigentes opositores han intentado nuevamente de sacar provecho del malestar en las redes sociales y portales informativos, al presentar las marchas –algunas muy nutridas– como un levantamiento popular contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro y, por extensión, a favor de su reemplazo.

Sin negar que en las manifestaciones concurren dirigentes de base adversos al gobierno, el pliego de conflictos que se ha hecho público, suscrito por la mayoría y con independencia de su posición política, se refiere a reivindicaciones laborales.

De otra parte, en anteriores convocatorias ya ha quedado de manifiesto que los trabajadores no están por la labor de permitir que voceros de la oposición se atribuyan una lucha que solo han hecho posible impulsando sanciones y bloqueos, causa última de la caída de los ingresos nacionales en el último lustro.

Por su lado, voceros del Gobierno Bolivariano han esgrimido que no se han incrementado los salarios porque, a consecuencia de las medidas coercitivas unilaterales, no hay dinero suficiente en las arcas públicas para que el alza pueda ser sostenible en el tiempo, si bien han reconocido que es un tema que requiere tomar medidas en el corto plazo.

Empero, todavía no se ha precisado una fecha concreta para los esperados aumentos de sueldo.

(LaIguana.TV)

 

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