La Policía Nacional Contra la Corrupción (PNCC) informó que producto de las investigaciones y declaraciones ofrecidas por los implicados en la trama Pdvsa-Cripto, se inició la segunda fase del operativo especial contra la corrupción «Caiga quien Caiga», con epicentro en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).

«Producto de esto hemos iniciado una nueva solicitud al Ministerio Público para el encausamiento judicial de un conjunto de funcionarios y empresarios que, violando el sagrado juramento de honestidad y ética, podrían estar incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos», se lee en un comunicado difundido la tarde de este jueves por el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez.

El pasado 17 de marzo, la PNCC informó a la opinión pública que tras pesquisas que se prolongaron por varios meses, se detectaron irregularidades en el Poder Judicial, la estatal Petróleos de Venezuela y algunas alcaldías.

Por estos hechos ya fueron imputados, entre otros, tres jueces, el exdiputado a la Asamblea Nacional Hugbel Roa; el expresidente de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, Joselit Ramírez; el exvicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa, Antonio José Pérez Suárez y el exalcalde aragüeño Pedro Hernández.

A continuación el comunicado íntegro publicado por la Policía Nacional Contra la Corrupción:

“La Policía Nacional Contra la Corrupción siguiendo las instrucciones del jefe de Estado Nicolás Maduro Moros, continúa dando resultados de esta lucha implacable contra la corruptela y la descomposición moral, emprendida por el Gobierno Bolivariano en todos los ámbitos de la vida nacional. En ese sentido, informamos al pueblo que, como resultado de las rigurosas investigaciones y las declaraciones rendidas por la banda criminal que está siendo procesada, el día de hoy se procedió con la segunda fase del operativo especial “Caiga quien Caiga”, en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). Producto de esto hemos iniciado una nueva solicitud al Ministerio Público para el encausamiento judicial de un conjunto de funcionarios y empresarios que, violando el sagrado juramento de honestidad y ética, podrían estar incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos, en clara acción lesiva contra el patrimonio de la nación y los sagrados intereses del pueblo venezolano.

Reiteramos nuestra voluntad de cumplir las instrucciones de combatir y judicializar estos deleznables delitos contra la República. No nos detendremos en el deber de enfrentar este flagelo de la corrupción y castigar de manera ejemplar a quienes incurren en estos actos criminales, sean quienes sean los responsables.

¡Honor y Valentía!

 

(LaIguana.TV)

 

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