El portal de periodismo de datos abiertos La Tabla publicó este martes un balance de las actuaciones de la Policía Nacional Contra la Corrupción (PNCC), que desde su creación en 2014, ha cooperado decisivamente en la investigación de importantes tramas de corrupción.
De acuerdo con la compilación publicada por el medio en su cuenta de Twitter, en 2016, la PNCC encabezó la recordada Operación Ataque al Gorgojo, orientada a desmantelar mafias dentro del sector alimentos, que arrojó como saldo 55 detenidos por causa de irregularidades en la red pública de abastos Bicentenario.
Al año siguiente, el fiscal general, Tarek William Saab, informó que gracias a las investigaciones adelantadas por el cuerpo especializado, 900 empresas fueron sindicadas de «robo a la Nación» tras haber recibido dólares preferenciales a través de Cadivi y Cencoex y sobrefacturar mercancías que superaron entre 1.000 y 80.000 % del costo real.
En el mismo 2017, la PNCC proporcionó evidencias al Ministerio Público que permitieron la identificación de 26 compañías «fantasma» y la emisión de 22 órdenes de captura contra los presuntos responsables.
Dos años más tarde, la Superintendencia Nacional de Instituciones Bancarias (Sudeban) y la Unidad de Inteligencia Financiera de la PNCC detectaron transacciones en Banctrust consistentes con la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.
Al frente de estas acciones estaba el ciudadano Carlos Fuenmayor, pero las pesquisas involucraron directamente a «operadores financieros» del entonces diputado y autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó.
En concreto, La Tabla refiere que los allanamientos practicados por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en residencias ubicadas en los estados Zulia y Yaracuy, así como en la ciudad de Caracas, condujeron a la detención e imputación «por legitimación de capitales, conspiración y usurpación de funciones públicas» de tres miembros del Consejo Judicial del interinato: Romel Rubio, Gabriel Gallo y Rafael Domínguez.
Por este caso también fueron aprehendidos y sindicados los abogados Arghemar Pérez Sanguinetti, Jonathan David López Montiel y Freddy José Orlando Suárez, así como el empresario David José Natera Bilancieri
Al momento de su captura, Gallo pertenecía a las filas de Voluntad Popular mientras que Domínguez y Rubio era militantes del partido Primero Justicia.
En octubre de 2020, la PNCC de Venezuela ofreció una recompensa por un monto no especificado a quien pudiera proporcionar información relevante que condujera a la captura de Natera Bilancieri, quien fungía como «secretario» de una entidad ad hoc de una «entidad creada para mantener robo de activos en el exterior», puntualiza La Tabla.
En el trabajo periodístico se indica que en 2023, el fiscal Saab comunicó que su despacho adelanta 23 investigaciones relacionadas con el pretendido gobierno interino de Juan Guaidó «por corrupción, vinculaciones criminales y usurpación de funciones». Esta primera fase de acciones implicó la emisión de 59 órdenes de aprehensión, además de la realización de 21 allanamientos, 15 incautaciones y 258 bloqueos e inmovilizaciones de cuentas.
Con respecto a las últimas actuaciones del cuerpo, el portal especializado finaliza diciendo que si bien todavía están en proceso, «han sido precisas en la búsqueda y captura de los más de 20 detenidos, entre funcionarios y empresarios, por hechos de corrupción en los tres frentes de la Operación: Petrolero, Poder Judicial y Ejecutivo regional».
¿Qué es la PNCC y de qué se encarga?
La Tabla recordó que el cuerpo se instituyó a partir del Decreto N⁰ 1.444 con rango, valor y fuerza de ley para enfrentar la corrupción a partir de «una estrategia integral en la defensa del Estado». Entre sus competencias figuran «planificar, organizar y ejecutar acciones preventivas, investigativas y operativas contra delitos de corrupción y conexos, perpetrados por personas o entidades».
El organismo, que tiene alcance nacional, se reserva la identidad y ubicación de sus miembros, porque su estrategia se basa en «integrarse y articular con varios niveles de poder e instituciones del Estado, así como ejecutivos locales y estadales, y con los diferentes cuerpos de seguridad y demás órganos responsables de la Defensa Integral de la Nación».
A este respecto, concluye el portal, «una de sus competencias es establecer las coordinaciones necesarias con el Sistema Integrado Policial (SIP), la cual la faculta para articular con las policías de investigaciones penales a nivel nacional para incrementar su eficacia operacional».
(LaIguana.TV)
#ParaQueSepas Fue creada en 2014 por Decreto N⁰ 1.444 con rango, valor y fuerza de ley, y aprobada por la ANC como parte del conjunto de leyes habilitantes, con el fin de responder contundentemente a la corrupción como una estrategia integral en la defensa del Estado. pic.twitter.com/TukGvwLV30
— La Tabla (@latablablog) March 28, 2023
