La Fiscalía del distrito de Fort Lauderdale (sur de Florida, Estados Unidos) pidió penas no menores de 23 años y 5 meses para la extesorera nacional de Venezuela Claudia Díaz Guillén, y no inferior a 19 años y cinco meses para su esposo, Adrián José Velásquez, tras haber sido encontrado culpables de lavado de activos por la justicia estadounidense, recoge EFE.
La agencia española –que asegura haber tenido acceso al «hasta ahora último documento judicial del caso»– recuerda que Díaz y Velásquez fueron extraditados desde España en 2022 y recibirían sentencia definitiva este 19 de abril, «si no hay otro nuevo aplazamiento».
Uno de los firmantes sería el jefe de la sección de fraudes de la Fiscalía General de los Estados Unidos, Glenn S. Leon Markenzy Lapointe. En el informe de 23 páginas se sostiene que, en su opinión, los imputados deben recibir una sentencia dura del juez William P. Dimitrouleas.
En su decir, «la naturaleza y las circunstancias de su participación en un inmenso esquema de lavado y soborno que involucra más de 1.000 millones de dólares en bonos y más de 100 millones de dólares en pagos de sobornos merecen una sentencia significativa».
Desde el punto de vista de la Fiscalía, ella debe recibir no menos de 283 meses de cárcel y él, como mínimo, 235. «Serían lo suficiente y no más de lo necesario», vista la gravedad de los delitos que cometieron, a lo que se sumaría el decomiso de sus propiedades y el pago de multas.
Adicionalmente, la acusación subraya que Díaz y Vásquez intentaron «ignorar, minimizar y distraer la atención» sobre sus actos y han demostrado «una falta de remordimiento por los crímenes que cometieron y el daño causado como resultado de su codicia y abuso de poder».
Díaz Guillén y Velásquez Figueroa, que aparentemente participaron de un esquema de enriquecimiento ilícito a través del sistema de control cambiario que regía en Venezuela, aprovecharon su doble nacionalidad para huir a España en 2016 y presentarse como perseguidos políticos del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
La Fiscalía estadounidense a cargo de la acusación estima que su participación en la trama de corrupción les generó dividendos por el orden de al menos 136 millones de dólares.
El pasado 13 de diciembre, un jurado encontró culpables a la extesorera y a su esposo por los cargos que se les imputaban. Ambos se habían declarado no culpables y, en función de eso, su defensa intentó –sin éxito– que el juez Dimitrouleas aceptara que Washington carece de «jurisdicción extraterritorial» para sancionarlos por los delitos que aparentemente cometieron.
(LaIguana.TV)
