El tema de la corrupción es un asunto transversal y en el municipio Baruta, al este de Caracas, es cosa de larga data. Con esa premisa, el periodista Clodovaldo Hernández entrevistó al arquitecto Leopoldo Andrade, académico de dilatada trayectoria que ejerce como asesor del Museo Nacional de Arquitectura «Juan Pedro Posani».
Andrade relató que si bien el municipio –en el que reside desde 1967– ha estado en el foco de la opinión pública tras el escándalo de corrupción asociado a la construcción de torres de lujo en la urbanización Las Mercedes, él mismo se ha encargado de interponer denuncias sobre irregularidades la actuación del gobierno municipal desde el año 2000.
En particular se refirió al caso del estacionamiento La Trinidad, ubicado en la Plaza Alfredo Sadel, propiedad del Estado construida por una empresa privada bajo un régimen de concesión a 20 años, que desde el inicio estuvo plagada opacidades.
La responsable, asegura, es la alcaldía del municipio Baruta, que en omisión de las funciones que le asigna la ley, permitió que la empresa operara a sus anchas, sin supervisión alguna y sin siquiera honrar los pagos anuales que establecía el régimen concesionario.
El experto aseguró que esta práctica se mantuvo con independencia de quién ejerciera como burgomaestre e incluso en la época en la que el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) tuvo la mayoría de escaños en la Cámara Municipal.
«En ese municipio hay una conchupancia, esa es la palabra (…). Siempre es la misma cosa«, dijo, en alusión al amiguismo que parece reinar entre el funcionariado adscrito al gobierno local.
«Conozco a todos los que han malversado, por no decir, a los que han robado. ¿Quién paga todo eso, esa pérdida que sufrió el Estado? Hay que ser bien indolente. Ahí no se escapan ni concejales, ni síndicos, ni contralores, ni alcaldes. Todos deberían estar rindiendo declaraciones porque las causas penales no prescriben», fustigó.
También avanzó críticas en relación con la actuación del Ministerio Público en este caso, pues a pesar de haber recibido una solicitud para que se realizara una inspección ocular en el sitio, tardó cinco años en cursar el trámite.
A a esto sumó que la Fiscalía 78ª Anticorrupción tiene abierto un procedimiento donde se exige otra inspección ocular para comprobar que el gobierno municipal permitió que se desmantelara la planta eléctrica –vital para garantizar la extracción del aire viciado–, se dejaran sin reparar las luces de emergencia y la señalización, lo que pone a los usuarios del Estacionamiento La Trinidad en alto riesgo.
Más allá de este lamentable caso, que ya suma más de dos décadas, Andrade es de la opinión de que se trata de un plan programado de destrucción del entorno urbano por la vía de los cambios en la zonificación –es decir, del tipo de construcciones y actividades económicas que se permiten– por razones crematísticas.
«Una de las formas de dañarle la calidad de vida a la persona es cuando uno compra un apartamento, una casa o un terreno para hacer su vivienda que es residencial; le cambien la ordenanza, le construyen unas moles y usted tiene que salir de allí porque es invivible», apuntó.
Bajo este enfoque, aseguró, «es más rentable tumbar lo viejo y hacer lo nuevo, porque tiene más pisos» y no importa si en el camino se perpetran ecocidios, como efectivamente sucedió en Las Mercedes, otrora una de las urbanizaciones más arborizadas de la ciudad.
En la misma línea apuntó que si bien el caso de Las Mercedes ha tenido notoriedad, estas prácticas, que incluso comprometen la seguridad aérea, comenzaron en Bello Monte, Chuao y El Cafetal, pero simplemente se miró a otro lado.
«Ellos cambiaron cosas la ordenanza: fijaron mayores porcentajes de construcción y permitieron comercios en zonas que no iban», precisó.
Incluso refirió que gandolas de cabillas y mezcladoras de concreto identificadas con logotipos de la Gran Misión Vivienda llevaban material y operaban en los sitios donde privados levantaban las torres de lujo en Las Mercedes. Documentó esa denuncia, la presentó en la Cámara Municipal y, una vez más, cayó en saco roto.
El arquitecto advirtió que estos cambios de zonificación que solamente atienden a criterios económicos son «muy graves» porque aumentan la densidad de personas en la zona, sin que estén garantizadas las condiciones en términos de infraestructura y servicios públicos.
«¿Cómo se les ocurre ampliar la densidad si no se cuenta con lo más importante, los servicios de vialidad, agua y electricidad? Estamos en un colapso ambiental y nuestros alcaldes no han estado a la altura. Vivo desde el año 67 en el municipio Baruta y no conozco a ningún alcalde que haya tenido una gestión eficiente», cuestionó.
A su parecer, las personas «que permitieron» estos desmanes deben responder por sus actos. «¿Cómo va a decir el ingeniero municipal que va a permitir esas edificaciones, si es egresado de una universidad? Los mueve el dinero, los mueven los intereses económicos», señaló.
Para disfrutar de la entrevista completa, haga clic en el video adjunto.
(LaIguana.TV)
