Suponiendo que son sinceras las expresiones del nuevo presidente de Fedecámaras, Adán Celis, sobre la necesidad de que cesen las medidas coercitivas unilaterales (MCU), y suponiendo también que esa opinión es representativa al menos de un segmento importante del empresariado, sería entonces justo y necesario pedirle a este sector clave de la economía nacional que empiece por casa y desactive los mecanismos de sanción que ha aplicado, con saña, al colectivo nacional.
Porque si hacemos una revisión histórica de las calamidades sufridas por el pueblo venezolano desde 2013 (no por casualidad, tras la muerte del comandante Hugo Chávez), tendremos que concluir que antes de las ilegales “sanciones” y del abusivo bloqueo estadounidense, la guerra económica que ha padecido la colectividad toda fue encabezada por el empresariado nacional.
Tras la derrota del candidato favorito de la burguesía en ese año, Henrique Capriles Radonski, los dirigentes del sector privado volvieron a lo que había sido su conducta entre 2001 y 2004: la conspiración. Aceptaron el rol que se les asignó en una nueva versión del mismo plan, que fue el de ayudar a crear una situación insoportable para la gente en general, especialmente para la masa pobre que seguía respaldando el proceso revolucionario.
La receta fue altamente tóxica. Locura de precios altos, desabastecimiento, despidos y apoyo a los movimientos violentos que los partidos de ultraderecha habían montado de nuevo, en procura de respuestas represivas del gobierno. La misma receta de 2002, ahora dirigida contra un flanco de la Revolución debilitado por la pérdida del líder fundamental.
La participación de las cúpulas empresariales en esa estrategia fue muy evidente. Se hizo más clara en 2015, cuando las empresas de bienes de primera necesidad llevaron al país al paroxismo del descontento con las colas interminables para comprar pan, papel higiénico y cualquier bien básico. El brazo político de ese plan, la Mesa de la Unidad Democrática, cerró el círculo invitando a la gente a votar por su tarjeta con la promesa básica de que la fila para ejercer el sufragio sería la última que le tocaría hacer. Una extorsión en toda la línea.
Entre 2016 y 2018, la élite patronal siguió en su trabajo destructivo, atizando una escalada de precios que nos llevó a la hiperinflación. Entre 2019 y 2020, le dieron fuelle del falso gobierno interino, reduciendo sus actividades a niveles mínimos, despidiendo a miles de trabajadores y haciendo de la especulación un modus operandi, incluso en plena pandemia.
Ese sector no bajó sus niveles de confrontación, ni siquiera con la puesta en marcha de un plan económico que favorece ampliamente a los propietarios del capital.
[Una concesión dolorosa, pero inevitable, según sus promotores; una traición al socialismo, de acuerdo con sus detractores, pero ese es otro tema].
La guerra económica sigue
Ahora bien, hay que decir que la declaración de Celis no ha brotado en un escenario en el que ya el empresariado está pacificado en el contexto de la guerra económica. Quien piense eso o es un ingenuo o trata de hacerle propaganda al vesánico mundo de los capitalistas nacionales.
Hoy en día, la contribución del empresariado local a la estrategia de las MCU y el bloqueo se expresa de diversas formas:
-Se mantiene la especulación galopante, amparada ahora en una inacción casi total de los mecanismos de supervisión gubernamentales.
-Se han flexibilizado de facto las normativas laborales, facilitando los despidos, los empleos precarios y la ausencia de contratación colectiva.
-Se rechaza el pago en bolívares y se aplican tasas diferentes para el pago y el cobro en dólares. En relación al efectivo en divisas, se establecen normas incluso “estéticas” acerca del tipo de billetes que se aceptan o no.
-Se aprovecha la dolarización informal para la evasión de impuestos.
-Se utiliza el pago de bonos no salariales en dólares a los trabajadores como excusa para exigirles el cumplimiento de horarios y número de días laborables por encima de los topes establecidos por la Ley Orgánica del Trabajo e, incluso, por la normativa internacional vigente.
-Se explota sin misericordia a los trabajadores más vulnerables, como mesoneros a quienes se les despoja del 10% de propina, que era derecho adquirido; empaquetadores en supermercados sin sueldo; repartidores del sistema delivery sin ninguna prestación social y muchos otros.
-Para no invertir en mecanismos adecuados de seguridad, muchos establecimientos optan por tratar como ladrones potenciales a todos sus clientes, llegando a la aplicación de modalidades vejatorias y contrarias a los derechos ciudadanos.
¿No deberían también pedir perdón?
A riesgo de que digan que uno pide demasiado, si hablamos específicamente de las MCU y el bloqueo, debemos afirmar que al menos una parte del empresariado nacional, no solo debería sumarse al clamor del cese de esas arbitrariedades (como ya lo ha hecho Celis), sino que estaría obligada también a pedir perdón al país por haberlas respaldado.
Si hacemos un análisis más o menos riguroso, ese segmento del mundo corporativo ha respaldado las MCU y el bloqueo de forma abierta o soterrada. Y lo hicieron o lo hacen a pesar de que las “sanciones” afectaron también a las empresas de muchas formas diferentes, tal como lo hizo constar el economista Víctor Álvarez en su libro al respecto.
[Se ha determinado que son muchos los empresarios criollos que han sido golpeados por la política de represalias de Estados Unidos y sus secuaces, pero la mayoría de ellos se cuida de dónde lo dice. Se autocensuran y nunca lo declaran públicamente porque eso sería visto como un planteamiento chavista y porque saben que Estados Unidos también sanciona de muy diversas formas a quien ose oponerse a las sanciones. Todo ejemplarmente democrático. Pero ese es otro tema].
¿Por qué una parte del empresariado nacional ha respaldado estas agresiones contra Venezuela y hasta contra ellos mismos? Según la opinión expuesta ahora por Celis, se trata de un asunto de salud mental. “El venezolano que pida que al país se le apliquen sanciones es un loco”, ha dicho el máximo líder empresarial.
Pero no olvidemos que estamos ante un discurso típico de “escoba nueva que barre bien”. Decir algo polémico y diferenciador es una buena táctica. En realidad, el respaldo empresarial a unas medidas que le han causado daño al país y a su aparato productivo tiene su lógica. Perversa, pero lógica al fin y al cabo.
Es antipático desempolvar expedientes de barrabasadas que ya parecen prehistóricas, pero no olvidemos que la contradicción que originó el golpe de Estado y el paro petrolero y patronal de 2002 (con Fedecámaras en rol estelar) es la misma que dio lugar a las MCU, al bloqueo, al intento de magnicidio, al interinato, a la Batalla de los Puentes, al golpe de los plátanos verdes, al blackout eléctrico y a la Operación Gedeón, por mencionar apenas algunos episodios.
Es la contradicción entre el capitalismo hegemónico, no con el socialismo, sino con cualquier modalidad de gobierno que pretenda hacer las cosas se manera diferente, y en esa contradicción, las fuerzas políticas, económicas y sociales del país se alinean con uno o con otro bando. La élite empresarial venezolana ha estado siempre del lado del capitalismo hegemónico. Es su naturaleza.
El empresariado lo ha hecho porque sus dirigentes altos y medios están en sintonía con el objetivo político final de esas acciones, que es derrocar a la Revolución Bolivariana y erradicar el socialismo del país en el plazo más breve posible.
También hay una porción del sector privado asentado en Venezuela que ha apoyado las mal llamadas sanciones y el bloqueo sencilla y llanamente porque son empresas subsidiarias, jurídica o culturalmente, de la corporatocracia estadounidense. Responden a los intereses de su dueño legal o de su amo ideológico.
Luego tenemos la parte del empresariado venezolano que se aprovechó del clima desastroso generado por las MCU y el bloqueo en la economía nacional para hacer algo en lo que muchos capitalistas locales tienen larga experiencia: especular y esquilmar al consumidor indefenso y explotar a los trabajadores no menos inermes.
Bueno, seamos justos: no todos se portaron mal. Un segmento de la burguesía vio en la crisis la oportunidad para dar pasos audaces, arriesgaron capital en escenarios sombríos y violentos y capearon la tempestad.
Esta gente, por cierto, ha sido muy maltratada por sus congéneres de los grupos anteriormente descritos. Les ha pasado lo mismo que a los dirigentes políticos opositores que asumieron la vía electoral en 2018, 2020 y 2021: se les ha estigmatizado como enchufados, colaboracionistas y alacranes.
Ahora bien, en ese mismo afán de equilibrio hay que decir que incluso entre estos últimos (los empresarios políticamente moderados) ha habido conductas especulativas hacia los clientes, y explotadoras respecto a los trabajadores. Una buena cantidad de los que se arriesgaron durante los años más duros se sienten ahora con el derecho político (y hasta moral) a aplicarles el ácido a los consumidores y a desconocer incluso los derechos más elementales de los trabajadores. Y algunos funcionarios del gobierno, merced a un exagerado sentido de la gratitud (presumiendo, de nuevo, la buena fe), les permiten tales tropelías.
Esos empresarios, igual que los otros (los que cerraron y ahora han vuelto con cara de yo no fui) tienen, además, otro superargumento: por muy mal que paguen, el suyo siempre será un mejor “salario” que el de los trabajadores del sector público (las comillas se justifican porque muchos de esos pagos no lo son, en rigor). Es un arma de chantaje muy efectiva: si el gobierno toca, aunque sea con el pétalo de una flor, a la empresa privada, disminuirá el único empleo relativamente bien remunerado que queda en el país.
Las otras “sanciones”
En suma, está claro que la agresión fundamental contra el pueblo venezolano en los años más recientes ha partido del poder imperial estadounidense, sus aliados y lacayos internacionales. Pero, viendo un contexto histórico más amplio no puede negarse que el empresariado nacional ha aplicado también su “paquete de sanciones” contra la sociedad venezolana toda, tanto en su rol de productor y comercializador de bienes y servicios, como en su papel de empleador.
Desde esta óptica, si los hombres y las mujeres de empresa de Venezuela quisieran honrar la declaración de su recién electo líder, el fedecamarada Celis, bien podrían empezar por ponerle coto a esa violencia interna: bajarle intensidad a la especulación cambiaria y de precios y retornar al redil del respeto a la normativa laboral.
Por resabios izquierdistas o por análisis objetivo de los hechos ocurridos durante décadas, se puede vaticinar que nada de eso ocurrirá.
Seguiremos oyendo a los empresarios llorones, como los llamó el presidente Luis Herrera Campíns (que no era socialista, sino socialcristiano) hace más de 40 años. Continuaremos teniendo empresas prósperas con trabajadores hiperexplotados y consumidores ultraespeculados. A menos, claro, que ocurra un milagro. ¿Será entonces una cuestión de tener fe?
(Clodovaldo Hernández / LaIguana.TV)
