Familiares de Fernando Villavicencio, el aspirante a la Presidencia asesinado la semana pasada en Quito, Ecuador, anunciaron que presentarán una denuncia en contra del mandatario del país suramericano, Guillermo Lasso, en relación con el crimen.
La denuncia también recaerá sobre el ministro del Interior, Juan Zapata; el director general de la Policía Nacional, Fausto Salinas; el director de Inteligencia Policial, Manuel Samaniego; y contra el oficial estuvo a cargo del operativo de seguridad y protección del candidato.
En conferencia de prensa, adelantaron que la denuncia contra al Estado ecuatoriano es por el delito de asesinato, ya que consideran que hubo una omisión dolosa por parte de las autoridades y no cumplieron con su papel de garantes, al no velar por la vida de Villavicencio, pese a las amenazas que había recibido en su contra.
«El Estado ecuatoriano no garantizó la vida de un candidato a la Presidencia de la República», dijo Marco Yaulema, abogado de la familia, en referencia al homicidio, que ocurrió cuando el candidato salía del auditorio de un colegio al norte de Quito, donde había ofrecido un mitin de campaña.
En las declaraciones a los medios, el jurista señaló las inconsistencias en torno a la seguridad del aspirante a la Presidencia el día de su asesinato.
«¿Cómo puede ser posible que el comandante Salinas esté diciendo, en medios de comunicación, que existieron tres anillos de seguridad? Por favor, quién les puede creer. No hubo inteligencia previa en el coliseo, no acordonaron la zona, había tránsito vehicular», indicó.
La semana pasada, Luis Fernández, también abogado de la familia, dijo que el asesinato podría considerarse como «un crimen de Estado», tras señalar, como han reiterado este viernes, que «no hubo una inteligencia, no hubo un barrido previo, no hubo una protección adecuada» al momento de la salida del candidato del evento.
Según se puede apreciar en un video que circuló en las redes sociales, Villavicencio salió por la parte del frente del recinto, acompañado por personal de seguridad y de sus seguidores. El candidato subió a una camioneta —que, de acuerdo con sus familiares, no era blindada—, se ubicó en el asiento posterior derecho, uno de los escoltas cerró la puerta y de inmediato se produjo la balacera.
Un derecho
Sobre la denuncia, el ministro Zapata comentó que es un derecho que tiene la familia y que, por tanto, lo respetan, reseña Primicias.
Acerca de las presuntas fallas en el procedimiento policial para garantizar la seguridad de Villavicencio, indicó que está abierta una investigación de la Dirección de Asuntos Internos; por lo que, hasta que no se emita un informe, no puede pronunciarse.
(RT)
